Edición original del Gobierno de Aragón. Vicepresidencia

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Presentación

El Boletín Oficial de Aragón es el diario oficial de la Comunidad Autónoma. En él se hacen públicos los documentos que, de acuerdo, con el ordenamiento jurídico, y en virtud de los principios constitucionales de publicidad de las normas y seguridad jurídica, deben ser objeto de publicidad oficial.

La publicación en el Boletín Oficial, y no en otro lugar, es requisito esencial para la existencia y eficacia de las normas legales y reglamentarias, que define su fecha de entrada en vigor, para que obliguen a los ciudadanos que tienen que cumplirlas y para que puedan ser aplicadas por los Tribunales y autoridades competentes. No existen normas no publicadas o secretas. También deben publicarse en el Boletín Oficial aquellos actos administrativos respecto de los que lo exija el correspondiente procedimiento y muy diversos anuncios.

Todo ello refleja la importancia jurídica del Boletín Oficial para la Comunidad Autónoma, sus Instituciones, su Administración y los ciudadanos. Por eso, la existencia de un Boletín Oficial en Aragón se regula ya inicialmente en la etapa preautonómica, en el Reglamento de régimen interior de la Diputación General de Aragón, en diciembre de 1978. Y más tarde se recoge en el Estatuto de Autonomía de 1982 (artículo 20) y en el actualmente vigente aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril (artículo 45). Se publicó por primera vez el 11 de abril de 1978.

Tras treinta años de edición impresa, el Boletín Oficial de Aragón ha pasado a ser electrónico, de acceso universal y gratuito, con lo que se cierra una etapa de esta publicación oficial. Para dejar constancia de esa etapa y puesto que el Boletín Oficial constituye un importante patrimonio documental, cuya consulta aporta información necesaria para conocer la historia de la Comunidad Autónoma desde que Aragón se constituyó como tal, se ha preparado la presente publicación.

Su autor, José María Hernández de la Torre, ha sido testigo directo de esa historia, a través del desempeño de diversos puestos de responsabilidad en la Administración autonómica, incluso como Consejero y como Presidente en funciones. De ahí que sea el autor adecuado para trazar un resumen de la evolución de la historia de nuestra Comunidad Autónoma, con mención de los hechos más relevantes, y de cómo ha ido quedando plasmada en el Boletín Oficial durante su etapa de publicación impresa.

Espero y deseo que este libro ayude a estudiosos y ciudadanos interesados a conocer mejor, a través de las referencias a ese patrimonio documental del Boletín Oficial, la evolución, crecimiento y consolidación de nuestras Instituciones políticas, de la Administración autonómica y de las competencias y servicios que presta a los ciudadanos.

José Angel Biel Rivera
Vicepresidente del Gobierno de Aragón

Reproducción facsimilar completa de la Gazeta extraordinaria de Zaragoza del jueves 16 de junio de 1808.

Antes

La coincidencia del trigésimo aniversario del proceso autonómico aragonés –y también de su Boletín Oficial– con el bicentenario de la Guerra de la Independencia y de los Sitios de Zaragoza es ocasión sugestiva que invita a recordar que durante los meses terribles del asedio la ciudad vivió un régimen de autogobierno, una autonomía de facto, en la circunstancia de vacío de poder centralizado en la España insurrecta –que no reconocía al impuesto rey José Bonaparte–, hasta la constitución, en septiembre de 1808, de la Junta Suprema Central, que asumió la autoridad de la Nación en armas contra los franceses, aunando las que en cada territorio venían ejerciendo por necesidad las diversas Juntas Provinciales. Elegido por voluntad popular espontánea Palafox como jefe para la defensa, en aquella situación de excepcionalidad ejerció una improvisada fórmula caudillista, rodeado de algunas personas que formaron un equipo de gobierno de emergencia, sin acatamiento a jerarquía alguna superior. Y, a modo de remoto precedente del actual Boletín, puede señalarse la Gazeta Extraordinaria de Zaragoza, de la que, aprovechando la existencia de la Gazeta que venía publicándose en los tiempos normales como periódico de noticias, el General hizo editar, sin periodicidad regular, varios números (entre el 28 de mayo de 1808 y el 26 de febrero de 1809), como órgano de expresión para hacer llegar a los zaragozanos sus proclamas, arengas, disposiciones e informaciones destinadas a mantener alta la moral de la población entre tanto esfuerzo y sufrimiento, y también, finalmente, las condiciones de la capitulación.

Después, los anhelos autonomistas –de índole regionalista o nacionalista– de una parte de la sociedad aragonesa se concretan en forma de manifiestos y proyectos, que en ningún caso alcanzan realización. Abundan, sobre todo, a partir de la Gloriosa Revolución de 1868 y de la proclamación de la República en 1873 (que bajo la presidencia de Pi y Margall intenta virar hacia una Constitución Federal), ya que entre los diputados aragoneses son mayoría los federalistas, algunos de los cuales incluso llega a proponer al Gobernador Civil la proclamación del cantón –o cantones– de un Aragón libre y una Zaragoza autónoma. El cantonalismo fue, como es sabido, una de las causas que provocaron la caída de aquel régimen republicano. Todavía unos años después, el Congreso Regional Federalista Aragonés de 1883 da a conocer un Proyecto de Constitución Federal del Estado Aragonés, que se define soberano.

Más adelante, entrando ya en las primeras décadas del siglo XX, se acusa la influencia de las doctrinas nacionalistas, y especialmente la del nacionalismo catalán. La Juventud Aragonesista de Barcelona y la Unión Aragonesista proponen en 1919 las Bases del Gobierno de Aragón, que proclaman la libertad absoluta de la nacionalidad aragonesa para el pleno desarrollo de su vida política, sin intervenciones extrañas. Más conservadora, la Unión Regionalista Aragonesa presenta en 1923 su Proyecto de bases para un Estatuto de la región Aragonesa dentro del Estado Español. Por aquellos años no faltan tampoco las opiniones –muchas procedentes del ámbito agrario, preocupado por los regadíos– en pro de la creación de la Mancomunidad Aragonesa que, con el nombre de Diputación de Aragón, integre a las Diputaciones de las tres provincias para el autogobierno regional y para organizar su economía propia, fundada en su agricultura y en sus industrias agrícolas. En sentido distinto, los juristas aragoneses foralistas consiguen la aprobación, en 1926, de la primera Compilación del Derecho Civil de Aragón, como apéndice del Código Civil español, frente a muchas de cuyas prescripciones supone un régimen de excepción propio.

Ya en la época de la II República, el Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón (S.I.P.A.) hace público en 1931 un Manifiesto para el reconocimiento pleno de la personalidad jurídica de Aragón, en el que evidencia una concepción eminentemente municipalista del poder regional. Aprobada la Constitución de 1932, que definía a la República como un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Provincias, la Diputación de Zaragoza elaboró un Anteproyecto de Estatuto Regional (según el cual el pueblo aragonés elegiría a la vez a los diputados –Diputación Regional Plenaria– y a los gobernantes –Comisión Permanente de la Diputación Regional–), pero las Diputaciones de Huesca y Teruel no lo aprobaron, por lo que no llegó a tramitarse. Tras las elecciones de febrero del 36, que dieron el poder al Frente Popular, el Congreso Proautonomía reunido en Caspe recuperó las Bases del Gobierno de Aragón de 1919, pero definiendo a Aragón no como nacionalidad sino como Región autónoma en el Estado español; sobre estas Bases, se aprobó, el 7 de junio de 1936, el Anteproyecto de Estatuto, promovido por las tres Diputaciones Provinciales y por muchos de los congresistas. Casi simultáneamente veía la luz pública el Anteproyecto denominado de los cinco notables (Domingo Miral, de Gregorio Rocasolano, Giménez Soler, Palá Mediano y Bernad), de buena técnica y signo derechista.

Con todas estas iniciativas acabaron la sublevación del 18 de julio y la consiguiente Guerra Civil, durante cuya fase inicial las columnas anarcosindicalistas armadas que, procedentes de Cataluña, ocuparon una buena porción de la parte oriental del territorio aragonés, establecieron en ella un sistema autónomo, regido por un Consejo de Aragón que fue reconocido por el Gobierno republicano (celebró su primera reunión en Fraga, en octubre de 1936) y que, bajo la inspiración del comunismo libertario, emprendió la tarea de colectivizar la economía (casi exclusivamente agraria) en las localidades de su jurisdicción; en febrero de 1937 se celebró en Caspe el Congreso Constitutivo de la Confederación de Colectividades de Aragón; pero el experimento no pudo prolongarse mucho más allá, porque el Consejo fue suprimido antes de que finalizara aquel mismo año, por un Decreto gubernamental (apoyado en su práctica ejecutiva por las tropas comunistas de Líster).

Hay que esperar a que la muerte de Franco abra paso a la caída de su Régimen dictatorial y el tránsito a la Democracia, para que vuelvan a oírse las voces herederas de las de antaño: las de los abogados autonomistas, cuyo Anteproyecto de Estatuto recoge la esencia del de Caspe de cuarenta años atrás y dice que el pueblo aragonés, en el ejercicio de su derecho al autogobierno, se constituye en Región autónoma dentro del Estado español; y las del programa electoral del Partido Socialista Aragonés (PSA) –en coalición con el Partido Socialista Popular (PSP)–, cuyas Líneas maestras para el futuro Estatuto de Autonomía conciben a Aragón como entidad política autónoma en un Estado federal, de marcado carácter presidencialista.

Pero el proceso hacia la autonomía aragonesa no fue por esos caminos, sino por otro, en cierta manera más dirigido institucionalmente. Lo marcaron la aprobación del régimen preautonómico y la nueva Constitución. 1978 fue el año auroral.

La preautonomía (1978-1982)

El Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo (publicado el día siguiente en el Boletín Oficial del Estado), por el que se aprueba el régimen preautonómico para Aragón, es el punto de partida legal del proceso autonómico aragonés. Firmado por el Rey Juan Carlos con el refrendo del Presidente del Gobierno español Adolfo Suárez, cuando la Constitución estaba todavía en el telar de su elaboración parlamentaria, este instrumento jurídico abría la puerta, provisionalmente, al autogobierno de Aragón, en la misma fecha que a Canarias y al País Valenciano, y también que a Galicia (a la que, por razones históricas, se le concedió la prelación de un día: 16 de marzo), y en la estela de lo acontecido algunos meses antes con Cataluña (en octubre del año anterior) y el País Vasco (en enero del corriente).

El Real Decreto-ley, que decía querer dar satisfacción a la aspiración del pueblo aragonés a contar con instituciones propias dentro de la unidad de España, una voluntad popular que se ha manifestado reiteradamente en diferentes momentos del pasado y en el presente y que ha sido recogida por la totalidad de las fuerzas parlamentarias aragonesas (las establecidas por los resultados de las elecciones generales del 15 de junio de 1977), instituía, para el territorio comprendido por las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, la Diputación General de Aragón, como Órgano de Gobierno con personalidad jurídica en relación con los fines que se le encomienden, sin condicionar la próxima Constitución ni prejuzgar la existencia, contenido y alcance del Estatuto de Autonomía que en su día pueda tener Aragón.

La Diputación General habría de estar compuesta por Consejeros, que lo serían doce parlamentarios (cuatro por cada provincia) elegidos por mayoría y de entre ellos por los proclamados a las Cortes Generales, los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales (pervivientes del Régimen político anterior) y un representante de los municipios de cada una de las tres provincias (aunque la designación de éstos quedaba aplazada hasta la celebración de las primeras elecciones municipales). El conjunto, en Pleno, debería elegir, de entre los Consejeros parlamentarios, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario General, necesariamente de distintas provincias. También serían los Consejeros parlamentarios quienes podrían asumir la titularidad de las atribuciones correspondientes a las competencias que fueren transferidas por parte de la Administración del Estado y de las Diputaciones Provinciales. Los medios personales y materiales de estas últimas serían utilizados para la ejecución de los acuerdos de la Diputación General, recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El ámbito competencial de la Diputación General comprendía las funciones de aprobar las normas reglamentarias de su régimen interior, coordinar las actuaciones y funciones de las Diputaciones Provinciales, gestionar las funciones y servicios que le sean transferidos y proponer al Gobierno cuantas medidas afecten a los intereses generales de Aragón. Se advertía de que estos Órganos de Gobierno de la Diputación General de Aragón podrán ser disueltos por el Gobierno por razones de seguridad del Estado, así como del carácter provisional y transitorio –hasta la entrada en vigor de las instituciones autonómicas de Aragón que se creen al amparo de lo previsto en la Constitución – de lo establecido en el Real Decreto-ley, que entraba en vigor el mismo día de su publicación y daba el plazo de un mes, desde entonces, para que se constituyera la Diputación General.

Diez días antes del fin de ese plazo, el 9 de abril, la Asamblea de Parlamentarios de Aragón, reunida en la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud, elegía y proclamaba los doce Consejeros –cuatro parlamentarios de cada provincia (en conjunto, cuatro diputados y dos senadores de la Unión de Centro Democrático, tres diputados y dos senadores del Partido Socialista Obrero Español y un senador de la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática)–, proclamaba asimismo como Consejeros a los tres Presidentes de las Diputaciones Provinciales aragonesas, declaraba constituida con la incorporación de todos ellos la Diputación General de Aragón, y procedía a la elección de sus cargos superiores, que quedaban asignados a Juan Antonio Bolea Foradada (UCD), diputado por Zaragoza, como Presidente, Jaime Gaspar y Auría (PSOE), diputado por Huesca, como Vicepresidente, y JoséÁngel Biel Rivera (UCD), diputado por Teruel, como Secretario General, disolviéndose, como consecuencia de ello, el Comité Permanente de la Asamblea.

El 11 de abril de 1978 aparecía ya el numero 1 del Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón. Centrado en el encabezamiento, entre las palabras Boletín y Oficial, se reproduce un escudo de Aragón, que es similar al que venía utilizando la Diputación zaragozana, pero suprimiendo el escusón central con la columna del Pilar. Se edita en la Imprenta Provincial y para las suscripciones remite a la Secretaría General de la Diputación General de Aragón, en el Palacio provincial (Plaza de España, 2, de Zaragoza), en algunos de cuyos espacios es donde se instala el recién nacido Ente preautonómico. En las cuatro páginas de que consta este primer número de su órgano oficial, se inserta en primer lugar el texto de los Acuerdos alcanzados por los Diputados y Senadores de Aragón el 10 de julio de 1977, en Teruel, para institucionalizar la Asamblea de Parlamentarios de Aragón, redactar y aprobar el Estatuto de Autonomía, elaborar y defender una política aragonesa encaminada al restablecimiento del pleno ejercicio de sus derechos y libertades y el desarrollo de los recursos naturales y humanos de nuestra región, y crear el Comité Permanente de la propia Asamblea. Se reproduce, a continuación, el Real Decreto-ley 8/1978, de 17 de marzo, y también el Real Decreto 4757/1978, de la misma fecha, por el que se desarrolla aquél en el sentido de crear, en la Presidencia del Gobierno, una Comisión Mixta formada por treinta vocales, representantes por partes iguales de la Administración del Estado y de la Diputación General de Aragón, presididos por un Ministro del Gobierno, para estudiar y acordar las transferencias a Aragón de funciones y servicios estatales. Figura después el acta de la constitución de la Diputación General de Aragón, en la sesión del día 9 de abril en Calatayud. Y, finalmente, el discurso pronunciado en aquel acto por el Presidente electo, en el que anuncia la convocatoria al pueblo aragonés para que el ya inminente día 23, fiesta de nuestro señor San Jorge, se consolide el Día de Aragón con una sentida demostración de afirmación aragonesista.

Constituida, así, la Diputación General, celebró su primer Consejo el día 10, en Zaragoza, para aprobar la fórmula de juramento de los cargos y Consejeros de la misma (que habría de hacerse sobre un ejemplar de los antiguos Fueros), declarar como bandera y escudo de Aragón los tradicionales e instituir como Día de Aragón oficial la festividad de San Jorge, haciendo un llamamiento a todos los aragoneses y sus partidos políticos, organizaciones sindicales, sociales, culturales, económicas, asociaciones, corporaciones e instituciones para el siguiente día 23, la fecha de afirmación de la conciencia autonómica del pueblo aragonés. La manifestación, como es bien sabido, resultó multitudinaria, fervorosa y confraternizadora, como expresión de una ilusión popular compartida ante un nuevo rumbo hacia las libertades y el autogobierno.

La víspera se celebró en la catedral de Huesca el solemne juramento del Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General y los Consejeros. Y el día posterior (el 24) tuvo lugar la segunda reunión del Consejo de Gobierno, que acordó su propia estructura en doce Departamentos (de Justicia, de Economía y Hacienda, de Interior, de Obras Públicas y Urbanismo, de Educación y Ciencia, de Trabajo, de Industria y Energía, de Agricultura, de Comercio y Turismo, de Transportes y Comunicaciones, de Sanidad y Seguridad Social y de Cultura), a cada uno de los cuales quedó adscrito uno de los Consejeros; en la misma sesión, se acordó solicitar de las tres Diputaciones Provinciales una aportación del 1,50% de sus respectivos presupuestos ordinarios de ingresos, al objeto de poder iniciar las actividades propias del Gobierno de Aragón, y también su procedió a nombrar miembros de la Comisión Jurídica Asesora recomendada por la Asamblea de Parlamentarios a seis ilustres juristas. A éstos se añadieron tres más en la reunión del 29 de abril, cuando también se procedió al nombramiento de los quince componentes aragoneses de la Comisión Mixta de Transferencias del Gobierno a la Diputación General de Aragón, así como de los seis de la correspondiente a las Diputaciones Provinciales. En las reuniones del 6 (en Teruel), del 13 y del 20 de mayo se adoptan ya acuerdos que podrían considerarse “de gestión”, aunque, en defecto todavía de competencias reales, se limitaran a recomendar, urgir o interesar al Gobierno o a alguno de los Ministerios determinadas medidas (como el cambio de nombre de la Universidad de Zaragoza por Universidad de Aragón, la inmediata suspensión de cualquier acuerdo de la Administración central referido a la instalación de centrales de energía nuclear en Aragón o la revisión –rogada también a la Nunciatura y a la Conferencia Episcopal– de las circunscripciones eclesiásticas para adecuarlas al mapa de Aragón), además de ordenar un estudio sobre el aprovechamiento de las aguas del Ebro y de nombrar una comisión que inicie las gestiones oportunas para proveer a la instalación definitiva de la Diputación General de Aragón en el palacio de la Aljafería)… De todo ello se da cuenta en el segundo número del Boletín, que tiene fecha del 7 de junio.

El número 3 está fechado el 12 de agosto, y en él se recogen acuerdos de varias reuniones del Consejo de Gobierno, como nombramientos de Viceconsejeros y Directores Técnicos, aceptación de renuncias de miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y de la Comisión Jurídica Asesora, petición de entrevista con el Ministro de Asuntos Exteriores para plantearle la reapertura de la línea ferroviaria internacional de Canfranc, estudio de la situación de los distintos dialectos regionales, creación del Consejo Agrario de Aragón, solicitud de información en torno a la Base Aérea de Zaragoza, ubicación de las dependencias de la Diputación General en el Palacio provincial de Zaragoza y en los locales propiedad del Banco Central en el paseo de la Independencia… así como solicitud de audiencia corporativa a Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Y se inserta también el texto del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, del que es ponente el señor Delgado Echevarría, profesor agregado de Derecho Civil, sobre “La nueva mayoría de edad y su repercusión en el Derecho Aragonés” .

No vuelve a aparecer el Boletín hasta el 21 de diciembre (núm. 4), esto es, después de aprobada la Constitución; acontecimiento que, sin embargo, no tiene reflejo alguno en su contenido, al que por primera vez se le antepone un sencillo sumario con indicación de páginas. También por primera vez, las resoluciones del Consejo se publican en forma de Decreto, según establece el acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre, colocado –como Decreto– a la cabeza de los demás, entre los que figuran el de solicitar del Ayuntamiento de Zaragoza la paralización de la “Operación cuarteles”, el de cambiar el nombre del Departamento de Agricultura por Agricultura, Mejora y Desarrollo del Medio Rural, y el de establecer y regular el funcionamiento de un Registro general de entrada y salida de documentos, que puede considerarse el embrión de la futura Administración Pública autonómica. Otro Decreto autoriza a los distintos Departamentos a ponerse en contacto con las Diputaciones Provinciales para ser informados del orden del día de sus comisiones, lo que es revelador de la idea, por entonces generalizada (y pronto abandonada en la evolución del sistema), de que la construcción de la nueva organización administrativa regional habría de hacerse, si no sobre la base de, al menos en estrecha conexión con la realidad burocrática provincial; y en ello abunda el Real Decreto 2704/1978, de 27 de octubre, por el que se determina el procedimiento para la ejecución de las transferencias de las Diputaciones provinciales a los organismos provisionales autonómicos, que transcribe el mismo número del Boletín. En éste hay también una larga lista de Decretos de nombramientos de Viceconsejeros, Directores Generales (ya no Directores Técnicos) y Vocales de la Comisión Mixta de Transferencias, una Propuesta de puesta en marcha de la Comisión Compiladora del Derecho Foral Aragonés y un

Acuerdo del 23 de octubre de encomendar a la Comisión Jurídica Asesora de la Diputación General de Aragón la preparación de un borrador de procedimiento para la elaboración del futuro Estatuto de autonomía de Aragón y la recopilación de los antecedentes y documentación precisa para su futura redacción.

Tampoco el número 5 del Boletín, que es del día siguiente, 22 de diciembre, contiene ninguna disposición ni referencia posterior a la aprobación de la Constitución, sino que está dedicado en exclusiva a publicar el Reglamento de régimen interior de la Diputación General de Aragón, que había sido aprobado por el Consejo de Gobierno el 5 de diciembre, víspera del referéndum del texto constitucional.

La Constitución española, refrendada masivamente por el pueblo el 6 de diciembre de 1978, establecía el marco jurídico para la edificación del llamado Estado de las Autonomías, abriendo a todos los territorios la oportunidad de acceder a la condición de Comunidad Autónoma, bien que por dos vías y procedimientos diferentes, de distinta cadencia y, en principio, resultados diversos. Al amparo ya de la no muy precisa normativa constitucional al respecto, en el mismo mes de diciembre aprobaron los parlamentarios catalanes en Sau y los vascos en Guernica los anteproyectos de sus respectivos Estatutos de Autonomía, tras los que el resto de las nacionalidades y regiones se aprestaron a activar su demanda de autogobierno, en virtud del principio dispositivo con que se contemplaba el proceso en las disposiciones constitucionales. Aragón se puso en movimiento para lograr ese objetivo, si bien a través de un camino relativamente tortuoso, en el que tanto las dispares concepciones del fenómeno autonomista por parte de las varias fuerzas políticas como ciertas rivalidades institucionales puestas de manifiesto a la sazón, así como las vicisitudes de la política nacional, provocaron rupturas de consenso, entorpecimientos y retrasos en la elaboración y aceptación de una propuesta de texto estatutario aragonés.

Todo ello tiene sólo fragmentaria repercusión en el Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón, que desde el 9 de febrero de 1979 (número 6, con

Gobierno preautonómico presidido por Juan Antonio Bolea Foradada.

los Decretos de creación del Centro de Información y Documentación de Aragón CIDA y de la Comisión Interdepartamental de los Riegos y Aguas CIRA, y algunos nombramientos y dimisiones) no vuelve a ver la luz hasta el 2 de noviembre, en que el número 7 es el primero con el sumario ya estructurado según el modelo del Boletín Oficial del Estado, pero es inmediatamente seguido de otros tres antes de terminar el año (8, 9 y 10, de 22 de noviembre, 5 y 10 de diciembre, respectivamente). Sin embargo, en contraste con estos últimos, cuyo contenido es más bien de trámite (salvo, acaso, la transcripción del Real Decreto 2218/1978, de 15 de septiembre, sobre el régimen del personal de la Administración Civil del Estado afectado por transferencias de funciones y servicios al Ente preautonómico), el 7 es abultado, denso y significativo del desarrollo de los acontecimientos. Por una parte, transcribe los Reales Decretos 298/1979, de 26 de enero, sobre transferencia de competencias de la Administración del Estado a la Diputación General de Aragón en materias de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Agricultura, Urbanismo y Turismo, y 694/1979, de 13 de febrero, de transferencia en materia de Interior, con los que el Ente Preautonómico aragonés comienza a ser dotado de responsabilidades de gestión administrativa ordinaria y de los medios financieros, materiales y personales para mantenerla sin merma de su anterior eficacia: la Diputación General ya tiene funcionarios –pocos, y no todos de buen grado por el traspaso no solicitado a un destino que se les aparece incierto, en principio rehuido por los más hábiles o afortunados–, con lo que adquiere corporeidad administrativa y la continuidad inherente a la tramitación de los expedientes y su resolución.

Pero, por otra parte, el Boletín del 2 de noviembre publica varios documentos que derivan o son consecuencia del acontecer político. Las elecciones generales de 1 de marzo de 1979 habían modificado el equilibrio de fuerzas y parcialmente la nómina de los representantes electos, por lo que la renovada Asamblea de Parlamentarios de Aragón procedió, en sesión de 1 de mayo, a constituir de nuevo la Diputación General, mediante la designación de los nuevos Consejeros, que ahora eran tres senadores de UCD y un diputado del PSOE por Huesca, dos senadores de UCD y un diputado y un senador del PSOE por Teruel y dos senadores de UCD y un diputado y un senador del PSOE por Zaragoza; Bolea y Biel repetían en sus cargos (Presidente y Secretario General), mientras que la Vicepresidencia recaía ahora en el ucedista oscense Alberto Ballarín. También se proclamaba Consejeros a los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales, los tres de UCD, cuyos cargos emanaban ya, en segundo grado, de los primeros comicios democráticos locales, las elecciones municipales del 13 de abril de aquel año, que impusieron mayoría de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza y dieron su Alcaldía al socialista Ramón Sáinz de Varanda. Y, aunque sin constancia en el Boletín, se incorporaron asimismo al Ente Preautonómico los representantes elegidos por los alcaldes de cada una de las tres provincias, designaciones que también recayeron en militantes centristas.

La renovada Diputación General, mediante sendos Decretos del 4 de junio, aceptaba la dimisión de todos los Viceconsejeros y Directores Generales y acordaba la constitución de la Comisión de Gobierno prevista en el Reglamento de Régimen Interior y constituida por los Consejeros titulares de los tres cargos superiores, a los que se añadían Ángel Cristóbal y Gaspar Castellano, además de dos suplentes (José Antonio Biescas y Carlos Lahoz). Otro Decreto, de 18 de junio, modificaba la estructura provisional de la Diputación General de Aragón mediante la creación de los Departamentos de Asuntos Económicos, Acción Territorial, Acción Agraria y Regadíos y Acción Social, que reemplazaban a los del organigrama anterior y que serían dirigidos colegiadamente cada uno de ellos por tres Consejeros de ambos partidos mayoritarios, junto a los que se mantenían como Consejeros los Presidentes de las Diputaciones Provinciales (Gaspar Castellano en Zaragoza, Aurelio Biarge en Huesca y Román Alcalá en Teruel).

Entretanto, era, sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza quien tomaba la iniciativa autonomista, aprobando por unanimidad, en sesión plenaria de 13 de junio, una moción en la que se pronunciaba decididamente por el acceso a la autonomía con arreglo al artículo 151 de la Constitución (la autonomía plena por la vía rápida y dotada de órganos políticos legislativos y ejecutivos). Ello abrió un período de cierta rivalidad institucional y provocó el Llamamiento de la Diputación General de Aragón sobre apertura del proceso autonómico, del 2 de julio, en el que, dirigiéndose de manera pública y formal a las tres Diputaciones Provinciales y a todos los municipios aragoneses, sin más especificación, les alertaba del riesgo que una salida extemporánea, precipitada o en falso de alguna Corporación podría suponer al comenzar a correr el plazo de seis meses previstos en las reglas constitucionales paraobtener el número suficiente de acuerdos corporativos para que prosperase la iniciativa de acceso a la autonomía, por lo que reclama imperativamente que cualquier paso que se dé en esa dirección sea fruto de la reflexión, el acuerdo y la adecuada planificación, a la vez que ratifica su compromiso de lograr el máximo grado de autonomía posible , y se compromete a iniciar el proceso hacia el Estatuto… promoviendo para ello un amplio pacto autonómico entre el mayor número posible de fuerzas políticas, para culminar esta fase con antelación al 31 de diciembre de 1979.

En ese momento, la atención ciudadana se vio brutalmente sacudida por el dantesco incendio del Hotel Corona de Aragón, en el centro de Zaragoza, ocurrido a primera hora de la mañana del 12 de julio de 1979, cuando en él se alojaban un buen número de altos mandos militares y la viuda y otros familiares de Francisco Franco, quienes iban a asistir a una ceremonia castrense de entrega de despachos a los nuevos oficiales del Ejército, lo que hace verosímil la hipótesis de un atentado de intención políticamente desestabilizadora, que nunca fue reivindicado por ninguna organización terrorista, pero que finalmente tuvo reconocimiento judicial a efectos de la indemnización a las víctimas, entre las que los fallecidos fueron setenta y ocho (muchos de ellos, al arrojarse a la calle desde las ventanas en su intento de huir de las llamas, lo que representó un espectáculo de fuerte carga dramática para los atónitos transeúntes allí congregados). El espantoso acontecimiento, por otra parte, sirvió–literalmente– como bautismo de fuego reporteril del Centro Territorial de Televisión Española en Aragón, que había iniciado sus emisiones tan sólo seis días antes.

Superada la conmoción ocasionada por tan tremendo suceso, el Consejo de Gobierno adoptaba, el 30 de julio, el acuerdo de encomendar al Departamento de Asuntos Económicos la realización de un estudio sobre los sistemas fiscal y financiero más convenientes para los intereses de Aragón, que sirvan de base para la redacción de tan importantes capítulos del futuro Estatuto de Autonomía, y al Presidente, la convocatoria de los parlamentarios de Aragón, al objeto de deliberar sobre el proceso de autonomía. Y el 1 de septiembre se registraba otro Llamamiento autonómico de la Diputación General de Aragón, en el que, tras detallar las disposiciones constitucionales sobre los procedimientos de acceso a la autonomía, manifestaba su deseo de esperanza de que las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza accedan a su autogobierno y constituyan la Comunidad Autónoma de Aragón, para lo que se requiere que las Diputaciones Provinciales y los municipios de las tres provincias se pronuncien a favor de la autonomía y recomienda que por las Corporaciones interesadas se adopten en el menor plazo posible los correspondientes acuerdos de iniciación del proceso autonómico; tras lo que se convocará a reunión conjunta a los Diputados provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza y a los Diputados y Senadores aragoneses, que, según el resultado de la fase de iniciativa, proseguirán el proceso autonómico aragonés de acuerdo con la Constitución.

Todo esto está recogido en el BODGA del 2 de noviembre de 1979, que también incluye, entre otras diversas cuestiones de trámite, un Comunicado de la Diputación General sobre la instalación de la empresa “General Motors”, un acuerdo de apoyo a la candidatura, presentada por la Sociedad Hispánica de Nueva York, de Ramón José Sender al Premio Nobel de Literatura y otro relativo a la titularidad del Archivo de la Corona de Aragón, así como numerosos Decretos de nombramientos de cargos directivos de la incipiente Administración, entre los que figuran el de Manuel Pizarro como Jefe de la Asesoría Jurídica y el de Tomás Soláns como Director del Gabinete de Presidencia.

Antes del mencionado Llamamiento, un acuerdo del Ayuntamiento de Molinos solicitando la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, abría, el 10 de agosto de 1979, el plazo de los seis meses para que se pronunciaran formalmente las Corporaciones locales aragonesas, lo que fueron haciendo en sucesivas fechas muchas de ellas. El 30 de agosto, una asamblea de alcaldes centristas turolenses (que eran la inmensa mayoría de los de la provincia) acordó condicionar su ejercicio de la iniciativa autonómica a la aceptación previa de una representación igualitaria de las tres provincias en la futura Asamblea Legislativa del Estatuto. El 21 de octubre se celebró en Caspe una gran asamblea de alcaldes y concejales, que ratificó la vía del artículo 151 y propuso el criterio de proporcionalidad corregida para el reparto de los escaños, y además sirvió para que los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca aceleraran sus respectivos pronunciamientos, si bien, salvo excepciones (fundamentalmente de algunos de los regidos por los partidos de izquierda), lo hicieron con fórmula genérica, conforme a lo establecido en la Constitución Española y sin mención expresa de la vía a seguir. El 12 de noviembre, el Pleno de la Diputación General convocó una Mesa de partidos con representación municipal en Aragón para que negociara un pacto autonómico, y el 17 de diciembre la Asamblea de Parlamentarios decidió encomendar la redacción de las bases del Estatuto a una Comisión Mixta de parlamentarios y Mesa de partidos, que debería lograr un acuerdo sobre sus contenidos mínimos antes del 1 de febrero siguiente.

En los cuatro números del Boletín que se publican a lo largo del año 1980 (11, de 12 de febrero; 12, de 12 de junio; 13, de 30 de junio y 14, de 30 de julio), no pueden rastrearse datos reveladores de la procelosa evolución de los acontecimientos políticos en torno al proceso estatuyente aragonés durante ese período. Sólo aparecen en esos números un Real Decreto de ampliación de las transferencias de competencias en materia de agricultura, numerosos Decretos relacionados con la gestión ordinaria de las materias transferidas y varios mediante los que se aceptan dimisiones (en otros casos se cesa a –sic– y en uno concreto se revoca el nom bramiento) o se efectúan algunos nombramientos, como el de José María Rodríguez Jordá para Interventor de la Diputación General de Aragón.

Pero en ese tiempo se había producido una acusada ralentización del proceso autonómico en todo el país, porque, en enero, el partido gubernamental, alarmado por las generalizadas y apremiantes demandas de autonomía plena estimuladas por la aprobación de los Estatutos catalán y vasco (en octubre de 1979), decidió que todas las iniciativas se encauzaran a partir de ese momento por el procedimiento del artículo 143 de la Constitución, como “la vía más adecuada para alcanzar un sistema autonómico racional… que permite encauzar globalmente y con ritmos de tiempo adecuados todo el proceso” , puesto que la generalización de la vía del artículo 151 “supondría la acumulación, en un breve espacio de tiempo y en momentos de grave crisis económica, de todos los problemas políticos y administrativos que comporta la transformación del Estado” . Este viraje de la cúpula de la UCD en política autonómica dejó en desairada posición a los dirigentes de esa formación en Aragón, y especialmente al Presidente de la Diputación General, Bolea, partidario de la autonomía plena como nacionalidad histórica; al tiempo que provocaba un serio conflicto entre los partidos y se rompía el consenso pro-autonomista: los de la izquierda reclamaron la vía del artículo 151 y los cinco Consejeros socialistas plantearon algunas exigencias en esa dirección que, al ser rechazadas por el Consejo de Gobierno el 23 de febrero, determinaron que aquéllos suspendieran su presencia en el Ente preautonómico, con lo que la actividad propiamente política de éste quedaba paralizada. Finalizado por fin el plazo de las solicitudes municipales, sólo una pequeña parte de ellas se pronunciaba expresamente por la vía del artículo 151 y un número aún menor por la del artículo 143, mientras que la gran mayoría habían optado por expresiones genéricas o ambiguas, lo que suscitó, al no haberse cumplido los requisitos para la primera de aquellas vías, la duda de si los acuerdos que no mencionaban el artículo 143 podrían considerarse válidos a efectos de reconducir el proceso por el procedimiento ordinario de la segunda vía; mientras tal cuestión jurídica se dilucidaba, el proceso quedó bloqueado (junto con los del País Valenciano y Canarias), hasta que el Consejo de Ministros del 21 de diciembre decidió superar la situación y para ello instó a las fuerzas políticas con representación parlamentaria al inicio de conversaciones para la elaboración consensuada del proyecto estatutario. Seis días después, representantes de UCD, PSOE, Partido Aragonés Regionalista (PAR), Partido Comunista de España (PCE) y Coalición Democrática (CD, que agrupaba a Alianza Popular y otros pequeños partidos de la derecha) reconstituían la Mesa de partidos y comenzaba la negociación definitiva para consensuar las bases del anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que debería tramitarse por el procedimiento del artículo 143 de la Constitución.

Pero la dimisión del Presidente Adolfo Suárez, el 29 de enero de 1981, seguida del intento de golpe de Estado por ocupación armada del Congreso de los Diputados mientras tenía lugar la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, el 23 de febrero, suscitaron un momento de desconcierto y una nueva paralización de de las negociaciones, que se reanudaron pocos días después. Pero el 10 de marzo publicó el “Heraldo de Aragón” la noticia de la dimisión de Juan Antonio Bolea como Presidente de la Diputación General, seguramente incómodo con la falta de apoyo de su propio partido a su aspiración histórico-nacionalista para Aragón y a su gestión al frente del Ente preautonómico. Nada de todo esto se recoge en los números 15, 16, 17 y 18 del BODGA (de 20 de enero, 31 de marzo, 20 y 21 de mayo de 1981, respectivamente), que publican únicamente Decretos sobre cuestiones de gestión ordinaria (en el último de ellos aparece uno fechado el 23 de marzo todavía con la firma del Presidente dimitido).

El 21 de abril de 1981 es la fecha en la que la Diputación General se instala en el edificio de la antigua Delegación de Hacienda, en la plaza de los Sitios, cedido por la Administración del Estado para “sede institucional”, dejando la mediocre y ya insuficiente ubicación en los bajos que la Diputación Provincial de Zaragoza, en la plaza de España, había proporcionado para los primeros momentos de la incipiente institución; algunas oficinas quedaron, no obstante, en el local alquilado al Banco Central en el paseo de la Independencia (y mucho más tarde adquirido en propiedad), donde finalmente quedó ubicada la Dirección General de Tributos del Gobierno aragonés, que allí permanece.

El 22 de mayo de 1981 se publica el número 19 del Boletín, encabezado por un Decreto de Ordenación Jurídico-Administrativa (en el que no es difícil reconocer la mano de Manuel Giménez Abad, incorporado un tiempo antes, como funcionario del Cuerpo Técnico de Administración Civil estatal, a la Secretaría General, en la que sigue Biel), que establece una estructura de sólo tres Departamentos sectoriales (de Agricultura, de Transportes y Turismo y Acción Territorial y Urbanismo), y que viene ya firmado por el nuevo Presidente de la Diputación General de Aragón, Gaspar Castellano, cuyo nombramiento por Decreto de 9 de mayo esta firmado, como Presidente en funciones, por JoséÁngel Biel Rivera. De la misma fecha son los Decretos, insertados también, por los que se dispone el cese de los cuatro anteriores Consejeros departamentales, tres de los cuales son a la vez nombrados para los nuevos Departamentos, como también el de nombramiento de Manuel Tisaire Buil como Vicepresidente, y hay varios Decretos más de ceses y nombramientos de cargos directivos de la Administración. Por otra parte, sendos acuerdos de las Asamblea de Parlamentarios de cada provincia eligen por la de Zaragoza dos nuevos Consejeros (José Luis Merino y Eduardo Aguilar) y otro por la de Huesca (Bernardo Baquedano), mientras por la de Teruel se mantiene el que había (Román Alcalá).

Para esas fechas, la Mesa había consensuado las Bases del Estatuto –en número de treinta y una–, por acuerdo de UCD, PSOE, PCE y AP, porque el PAR se había retirado. Para el 13 de junio se convocó, en el monasterio de San Juan de la Peña, a la Asamblea Mixta de Parlamentarios y Diputados Provinciales (prevista en el artículo 146 de la Constitución), que ratificó aquéllas Bases y designó una Ponencia encargada de redactar el borrador del anteproyecto estatutario, cuyo texto –escrito, en estrecha colaboración y casi en exclusiva, por Cristóbal y Merino, dos civilistas con vocación política– se concluyó el 25 de junio en el Parador de la Concordia de Alcañiz y fue aprobado por la Asamblea el 10 de julio, en Zaragoza, tras cinco jornadas de duras negociaciones, e inmediatamente presentado por el Presidente de la Diputación General en las Cortes Generales. La firma, el 31 de julio, de los Pactos autonómicos acordados entre el Gobierno ucedista y la oposición socialista, daba luz verde a la tramitación de los Estatutos pendientes, por la vía ordinaria y tratando de homogeneizar en lo posible el proceso de transferencias, según las recomendaciones del Informe de la Comisión de Expertos, que había presidido el catedrático García de Enterría, con lo que el anteproyecto aragonés entraba en su fase parlamentaria y decisiva… que no culminaría hasta un año después.

Dos números más del Boletín aparecen todavía en 1981 (el 20, de 25 de agosto, y el 21, de 9 de octubre), sin asuntos de gran calado (sendas Órdenes de la Comisión de Gobierno, desarrollando las estructuras orgánicas del Gabinete de Presidencia, de la Intervención General y de la Secretaría General, además del nombramiento de Manuel Giménez Abad como Secretario Técnico de esta última, en el primero, y la creación de la Comisión de Transferencias, en el segundo, son lo más significativo).

En 1982 (año V del BODGA), tras un rutinario número 23 (de 27 de febrero), el 24 (de 15 de abril) publica Decretos para declarar inhábil a efectos laborales el día de San Jorge, para crear los Departamentos de Sanidad y de Trabajo y Servicios Sociales, para aprobar el Presupuesto General, para crear y estructurar la Secretaría General Técnica de la Diputación General y nombrar para ese cargo a Giménez Abad, y para efectuar ceses y nombramientos de Consejeros (algunos cambian de Departamento), así como para nombrar Jefe de la Asesoría Jurídica a Juan Antonio García Toledo, en sustitución de Pizarro, que también cesa. A partir de este Boletín, por otra parte, aparece modificado el diseño del escudo de Aragón de su encabezamiento (cambios de detalle en la corona y en la forma de las imágenes de los cuatro cuarteles). Los números 24 (de 30 de abril, con un Decreto por el que se aprueba la Cuenta General de la liquidación del ejercicio de 1981, y otro por el que se regula el nombramiento y retribuciones de las Jefes de Servicio), 25 (de 15 de mayo, con Decreto que aprueba las condiciones de nombramiento de los Jefes de Sección), 26 (de 15 de junio, con Decreto por el que se determina la forma que deben adoptar las disposiciones emanadas de los diversos órganos de la Diputación General de Aragón) y 27 (de 15 de julio, con el Decreto de creación del Departamento de Industria y Comercio, y otro para regular las indemnizaciones por razón de servicio) nos llevan al corazón del verano en el que al fin se aprueba el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Tras una larga fase de Ponencia, que emitió su Informe sobre el proyecto en mayo, el Dictamen de la Comisión Constitucional se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 24, concluyó el siguiente mes el debate en el Pleno del Congreso, pasó en julio al Senado y fue definitivamente aprobado por las Cortes Generales el 27 de ese mes. Recibida la sanción real el 10 de agosto (en el Palacio de Marivent, de Palma de Mallorca), fue promulgado por el Presidente Calvo Sotelo y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 16. Su artículo 20 establece que las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Diputación General aragonesa, que ordenará su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” y en el “Boletín Oficial del Estado”, en un plazo no superior a quince días desde su aprobación. A efectos de su vigencia, regirá la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

En la misma fecha, el número 28 del BODGA estaba dedicado en exclusiva a insertar la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, que, al no expresar otra cosa, entraría en vigor, según la regla general, a los veinte días de su publicación, es decir, el 9 de septiembre.

El número 29, de 21 de septiembre, publicaba el Decreto de 16 de septiembre de 1982 de la Presidencia de la Diputación General de Aragón por el que, a los efectos previstos en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía, se convoca a los miembros designados por los respectivos partidos políticos a constituirse en Asamblea Provisional en el Palacio de la Lonja de la ciudad de Zaragoza, a las 11 horas del próximo día 21 de septiembre (sic).Con anodino contenido de trámite, el número 30, fechado el 24 de septiembre, cerraba el ciclo existencial del Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón, que durante cinco años había ejercido el papel de órgano oficial del Ente preautonómico.

La transición estatutaria (1982-1983)

El Estatuto comenzaba proclamando (artículo primero) que Aragón, como expresión de su unidad e identidad histórica, accede a su autogobierno, de conformidad con la Constitución española y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica. El artículo 11 determinaba la organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, basada en la prevista en la Constitución para los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151 y extendida a todos los demás en virtud del principio de homogeneidad, y que en el aragonés adoptaba denominaciones propias, heredadas de la Historia: Cortes de Aragón para la Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal, Diputación General de Aragón para el Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y el Presidente elegido por la Asamblea; a las que, como nota peculiar, se unía otro órgano institucional de raigambre histórica, el Justicia de Aragón. El Estatuto regulaba su composición y funcionamiento, definía la condición política de aragonés y sus señas de identidad, remitía a la norma constitucional sus derechos, libertades y deberes fundamentales, relacionaba las competencias que podría asumir la Comunidad Autónoma (como exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución o meramente ejecutivas) y contenía las indispensables previsiones sobre las Administraciones Públicas, la Economía y Hacienda y la reforma estatutaria, además de la salvaguarda de que la aceptación del régimen de autonomía no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, entre otras disposiciones adicionales y transitorias.

La disposición transitoria segunda del Estatuto establecía que desde su entrada en vigor y hasta la constitución de las Cortes de Aragón se formará una Asamblea Provisional, con la misma composición que la prevista para aquéllas (dieciocho diputados por Huesca, dieciséis por Teruel y treinta y dos por Zaragoza) y realizando la distribución de sus miembros mediante la aplicación de la regla d´Hont al resultado obtenido en las últimas elecciones generales en cada provincia por los partidos políticos y coaliciones electorales que hubiesen alcanzado, al menos, el cinco por ciento de los votos emitidos en Aragón; la designación de las personas concretas correspondería a los respectivos partidos y coaliciones, y podría recaer tanto en los parlamentarios en Cortes Generales como en miembros electos de las Corporaciones locales, siempre que en ellos concurriesen las demás condiciones de elegibilidad previstas en el ordenamiento. La Asamblea, que contaría con una catálogo de competencias análogo al que habría de corresponder a las Cortes, excepto la potestad legislativa, debería constituirse en el plazo máximo de treinta días, y en los quince siguientes proceder a la elección del Presidente de la Diputación General, por el procedimiento establecido en los artículos 21 y 22 del Estatuto. Elegido el Presidente de la Diputación General, quedará disuelto el Ente preautonómico, en todos cuyos derechos y obligaciones se subrogaba a partir de ese momento la Comunidad Autónoma de Aragón, que debería acomodar su organización a lo previsto en el Estatuto.

Con arreglo a tales previsiones, el 21 de septiembre tuvo lugar, en el Palacio de la Lonja de Zaragoza, la sesión constituyente de la Asamblea Provisional, que eligió como Presidente de su Mesa al de la Diputación Provincial de Huesca, Aurelio Biarge, de la UCD al que acompañaron JoséÁngel Biel –UCD– y Andrés Cuartero –PSOE– como Vicepresidentes, y Vicente Calatayud –UCD– y Francisco Pina –PSOE– como Secretarios. La mayoría centrista en la Asamblea propuso como candidato presidencial a la persona que había presidido el Ente preautonómico en su última etapa, Gaspar Castellano y de Gastón, quien, para

Primer Gobierno tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, presidido por Gaspar Castellano.

serlo, hubo de renunciar a la Presidencia de la Diputación Provincial zaragozana, puesto que la compatibilidad de ambos cargos no era posible ya en la Comunidad Autónoma, descartada (como cualquier otra función pública que no derive de su cargo) por el Estatuto ya vigente. En la misma Lonja, el 27 de septiembre, obtuvo Castellano la investidura, en segunda votación, y el 30 firmaba el S.M. el Rey don Juan Carlos el Real Decreto 2515/1982, por el que se le nombraba Presidente de la Diputación General de Aragón, el primero de la Comunidad Autónoma recién estatuida. Para su Gobierno, que había de cubrir el período de transición estatutaria hasta la celebración de las primeras elecciones autonómicas, previstas para la primavera del año siguiente, Castellano optó por una composición más tecnocrática que partidista –al considerar que era el momento de una gestión técnica,

lo menos politizada posible, para mantener el funcionamiento de los servicios y preparar la institución para la nueva etapa–, y nombró a independientes para cinco carteras: José María Hernández de la Torre en Gobernación, Francisco Bono en Economía y Hacienda, Sergio Campo en Obras Públicas y Transportes, Juan Antonio Martínez en Agricultura y Ganadería y José Antonio Armillas en Cultura y Educación; mientras que sólo a dos de sus compañeros de la UCD: Eduardo Aguilar en Industria, Comercio y Turismo, y Juan Antonio de Andrés en Sanidad, Trabajo y Acción Social.

Los Decretos presidenciales de nombramiento de éstos, datados el 16 de octubre de 1982 –la misma fecha de su toma de posesión, que tuvo lugar en el Palacio de Sástago, de Zaragoza, en presencia del ministro Luis Cosculluela– y el Real Decreto de nombramiento del Presidente, junto con el Decreto 72/1982, del 18 de octubre, mediante el que, en su primera reunión, la Diputación General ya autonómica aprobaba su Reglamento de Ordenación Jurídico-Administrativa y Financiera, ocuparon el número uno –con fecha 20 de octubre– del ahora Boletín Oficial de Aragón, que iniciaba un nuevo cómputo (año I), con la misma imagen gráfica que el BODGA pero distinguiéndose de él por el título, en el que se sintetiza simbólicamente su paso de órgano de la institución a periódico oficial de la Comunidad Autónoma.

La constitución de este primer Gobierno fue recibida con expectación popular moderada y con el general respeto de los medios de comunicación (salvo el editorial apriorísticamente burlesco del semanario Andalán, bajo el título “Gasparín y sus ministrines” , preludio de una cierta tendencia historiográfica a ignorar la existencia de esta primera etapa autonómica de la transición estatutaria para colocar, inexactamente, el comienzo de la autonomía ocho meses después de producido).

El número 2 del BOA –de 28 de octubre– recoge los Decretos de desarrollo de la estructura orgánica de cada una de las Consejerías, otro que dispone el cese de los Directores Generales y cargos de rango equivalente, y varios más de nombramientos, entre los que figuran el de Manuel Giménez Abad como Secretario General Técnico y el de José María Rodríguez Jordá como Interventor General; y el 3 –de 17 de noviembre– contiene asuntos de trámite (Decretos de distribución de competencias transferidas, declaración de inhábiles en el calendario laboral de 1983 los días de San Jorge y Jueves Santo, y otros menores). Pero en el número 4 –de 27 de noviembre y último de 1982–, además de otros nombramientos y del desarrollo de la estructura del Centro de Proceso de Datos, aparece un Decreto de la Presidencia, de 26 del mismo mes, por el que se designa al Consejero de Gobernación sustituto del Presidente para los supuestos (dimisión, fallecimiento, ausencia, enfermedad o impedimento temporal) previstos en el Reglamento de Ordenación Jurídico-Administrativa y Financiera.

La razón de ser de de este Decreto fue la decisión de Castellano de dimitir, que anunció el mismo día 26 y puso inmediatamente en conocimiento de la Casa Real, de la Presidencia del Gobierno español y de la Asamblea Provisional. La motivación hay que buscarla en la situación creada como resultado de la abrumadora victoria del PSOE en las elecciones generales celebradas el 28 de octubre, también en las provincias aragonesas (en total, ocho escaños en el Congreso de los Diputados y nueve en el Senado, por cinco y tres de la coalición electoral AP/PAR/PDP), lo que dio pretexto a que algunas voces denunciasen, desde la izquierda pero sin unanimidad, que la composición de la Asamblea Provisional había quedado deslegitimada; frente a esos ataques a la legitimidad de la mayoría que le respaldaba como Presidente, Castellano no encontró suficiente apoyo moral de los órganos y dirigentes de su propio partido: en los de ámbito nacional, por la misma acelerada descomposición de aquel conglomerado de pequeñas formaciones y personalidades que habían integrado la UCD y cuya evidencia tanto había facilitado su propio hundimiento electoral y la obtención de la mayoría absoluta socialista, y en los regionales quizá por el descontento originado por la escasa presencia de militantes en el Gobierno autonómico. El caso es que el Presidente dimitido desapareció en ese mismo momento de la vida pública, mientras que la Diputación General quedaba en funciones y, a su frente, con responsabilidad presidencial también en funciones, José María Hernández de la Torre y García. Este Ejecutivo se dirigió inmediatamente a la Asamblea Provisional para que pusiera rápida solución a la crisis, a los líderes de los partidos para asegurarles que en el interregno no se tomaría sin su asentimiento ninguna decisión política que pudiera comprometer el futuro, a las autoridades estatales, provinciales y municipales para recabar su colaboración, a la opinión pública para garantizar la gobernabilidad de las nacientes instituciones autonómicas sin vacío alguno de poder, y al personal de la Administración de la Diputación General para mantener la normalidad en la gestión de todos los servicios que de ella dependían, objetivo que se consiguió sin problemas. No obstante, la situación suscitó cierta polémica acerca de una hipotética invalidez de los actos y resoluciones de ese Gobierno en funciones, la cual quedó satisfactoriamente solventada en una sesión de la Asamblea Provisional.

El Presidente en funciones asistió, el día 6 de diciembre, a la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en la que hacía su “presentación en sociedad” el recién posesionado Gobierno socialista de Felipe González; y en la tarde de aquel mismo día, en Zaragoza, al acto académico conmemorativo que por primera vez organizaba con ese mismo motivo la Diputación General de Aragón. Por lo demás, a lo largo de aquel cuarto trimestre de 1982 habían tenido lugar algunos acontecimientos –la primera visita del Papa Juan Pablo II y la de los Reyes de España para inaugurar oficialmente la factoría de la General Motors en Figueruelas– que pusieron a prueba el nuevo protocolo requerido por la aparición de un Gobierno de Aragón a cuyos componentes correspondía anteponerse a las autoridades tradicionales –salvo el Capitán General de la V Región Militar, porque su jurisdicción superaba los límites geográficos de la Comunidad Autónoma–, algunas de las cuales no recibieron de buen grado esta preterición pública, que sin embargo parecía necesaria como signo externo de decidida presencia institucional de la institución autonómica, todavía sin arraigo entre la ciudadanía aragonesa, para evitar cualquier asomo de descrédito o menosprecio en sus pasos iniciales. Y, junto al normal funcionamiento de la incipiente Administración autonómica, la Diputación General hubo de acometer la urgente evaluación de los daños sufridos en treinta y tres municipios de las tierras del Cinca y del Ésera a causa de las catastróficas lluvias torrenciales de finales de octubre, cuyo dossier fue remitido al Gobierno español en petición de urgente ayuda económica, al tiempo que se solicitaba audiencia al Rey con la intención de invitarle a visitar las zonas afectadas.

La circunstancia del relevo en el Gobierno de la Nación por efecto de la nueva mayoría socialista demoró obligadamente la constitución de la Comisión Mixta paritaria para las transferencias de funciones y atribuciones del Estado a la Comunidad Autónoma, que la disposición transitoria sexta del Estatuto fijaba en el plazo máximo de un mes desde su aprobación. Finalmente, fue convocada para el día 28 de diciembre la sesión constitutiva, que se celebró en el palacete de la Presidencia del Gobierno, en el número 3 del Paseo de la Castellana de Madrid, bajo la co-presidencia de la Secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas, María Izquierdo Rojo, y el Presidente en funciones de la Diputación General, junto al que componían la representación aragonesa el Consejero de Obras Públicas, el Director General de Infraestructuras Agrarias y un miembro de cada uno de los partidos de la oposición en la Asamblea Provisional (PSOE, PAR, AP y PCA-PCE); en la misma sesión se aprobaron algunas trasferencias previamente negociadas y se acordó la renegociación de los costes efectivos de todas las recibidas hasta entonces. El día siguiente tomó posesión de su cargo el primer Delegado del Gobierno en Aragón, Ángel Luis Serrano (en Navarra lo hacía por esas mismas fechas Luis Roldán, que, de primer teniente de Alcalde del consistorio zaragozano, pasaba al escenario nacional, donde le aguardaba en los años siguientes una pintoresca carrera políticodelictiva bien conocida).

Para entonces, la Asamblea ya había investido un nuevo Presidente, porque la UCD, tras barajar lo posibilidad de mantener la situación del Gobierno en funciones hasta la celebración de las previstas elecciones autonómicas –solución también apoyada por el alcalde socialista Sáinz de Varanda–, decidió proponer para el cargo a Juan Antonio de Andrés Rodríguez; la sesión de investidura se celebró el 20 de diciembre, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y el candidato obtuvo los votos de su partido, que todavía contaba con la mayoría parlamentaria, y la abstención respetuosa de las demás fuerzas políticas. El investido remodeló el Gobierno manteniendo en sus Consejerías a tres de los Consejeros independientes (Bono, Campo y Armillas), prescindiendo de los otros dos (Hernández de la Torre, que había ejercido de Presidente en funciones, y Martínez) y nombrando a JoséÁngel Biel en Presidencia y Relaciones Institucionales (que sustituía a Gobernación) y Luis Alfonso de Miguel en Agricultura y Ganadería, además de separar en dos la Consejería que él mismo había ocupado, nombrando a Vicente Comet para Sanidad y a Francisco Seral para Trabajo y Acción Social. De esta manera, la mayoría de los puestos del Consejo de Gobierno iba a estar ocupada por militantes de la UCD y quedaban reducidos a tres los Consejeros independientes.

La toma de posesión de este nuevo Gobierno aragonés transitorio se celebró, con presencia del nuevo Ministro de Administración Territorial, Tomás de la Cuadra, en una sala del Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza, el día 30 de diciembre de 1982 (y no el 29, como inexplicablemente figura en algunas referencias), pero los nombramientos tanto del Presidente como de los Consejeros (así como el Real Decreto disponiendo el cese, a petición propia, de Castellano y los Decretos de cese de los Consejeros en funciones, de designación de algunos altos cargos y de modificación de la estructura administrativa de la Diputación General de Aragón), no aparecieron publicados en el BOA hasta el 4 de enero de 1983, año II, número 5.

Desde este número hasta el 16 inclusive son los que se publican, con intervalos muy variables, durante los cinco primeros meses de 1983, los que corresponden al mandato del Presidente de Andrés. Pero en ninguno de ellos se encuentra indicación alguna referente a la principal actividad que acometió su Gobierno, que fue la de las campañas institucionales: una para potenciar la imagen de Aragón, mediante la presencia en toda clase de acontecimientos y certámenes, dentro y fuera del territorio (en Madrid, Cataluña, sur de Francia, etc.); otra, para la difusión del Estatuto de Autonomía entre todos los aragoneses, para lo que se organizaron actos de explicación de las normas estatutarias y exaltación aragonesista en multitud de localidades de las tres provincias, con la colaboración activa de conocidas personalidades intelectuales, artísticas, profesionales y de la política nacional, junto a los propios Consejeros, y que fue clausurada por el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez; y una final para fomentar el ejercicio de los derechos y deberes democráticos mediante la participación en las ya inminentes primeras elecciones autonómicas en Aragón. Junto a ello, se registra una intensa actividad de la Comisión Mixta de Transferencias (presidida ahora en su parte aragonesa por Biel), para renegociar las materias ya traspasadas e iniciar la negociación para el traspaso de otras varias.

En el número 6 (31 de enero) aparecen, además de nombramientos y asuntos de gestión, un Decreto de Organización de los Servicios Provinciales de Coordinación Administrativa, y otro declarando inhábil a efectos laborales la festividad de San Jorge. En el 7 (19 de febrero), sendos Decretos para crear la Oficina de Información, Sugerencias y Reclamaciones, para regular la creación de Jefaturas de Negociado en las Consejerías y el régimen de dedicación exclusiva que, a partir de ese momento se exigiría a todos los Jefes de Servicio de la Administración autonómica aragonesa. En el 11 (7 de abril) se publican los Reales Decretos sobre traspaso de funciones y servicios en materia de tiempo libre y en materia de reforma de Estructuras Comerciales y de Comercio Interior (transferencias concertadas en la sesión constitutiva de la Comisión Mixta). Y en el 15 (17 de mayo), un Decreto por el que se aprueba la Cuenta General de Liquidación del ejercicio de 1982, otro por el que se crea el Consejo General de Centro Regionales de Aragón en España y otro (45/1983, de 3 de mayo) por el que se regula el “Boletín Oficial de Aragón”, cuyo texto “tendrá la consideración de auténtico” y que “se publicará con la periodicidad que exijan las necesidades normativas de la Comunidad Autónoma de Aragón” .

Pero, salvo la inserción de disposiciones administrativas ordinarias (tanto Decretos de la Diputación General como Órdenes de sus Consejerías) y de anuncios varios, a partir de marzo se dedica el BOA preferentemente a las cuestiones relacionadas con el proceso electoral de la primavera de ese año. El número 8 (10 de marzo) lo ocupa en exclusiva al Decreto de convocatoria de las elecciones a Cortes de Aragón, que se celebrarán el día 8 de mayo de 1983, en las que la circunscripción electoral será la provincia y de conformidad con la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía se elegirán 18 Diputados por la provincia de Huesca, 16 por la de Teruel y 32 por la de Zaragoza, advirtiéndose que en ningún caso serán considerados inelegibles los Alcaldes y Presidentes de las Diputaciones Provinciales (el Alcalde de Zaragoza, Ramón Sáinz de Varanda, encabezaría la lista del PSOE a las Cortes por Zaragoza); y el número 13 (14 de abril) recoge una Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones por la que se dictan normas sobre la colaboración del Servicio de Correos en todas esas elecciones.

En el número 9 (24 de marzo) se transcribe el Real Decreto 488/1983, de 9 de marzo, por el que se dictan normas complementarias para el desarrollo de las elecciones locales (que habían sido convocadas por la Presidencia del Gobierno español para la totalidad de las Corporaciones Locales) y a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. En el número 10 (31 de marzo) se publican las candidaturas presentadas ante las Juntas Electorales Provinciales, y en el 12 (10 de abril) vuelven a publicarse una vez proclamadas por las Juntas. En las tres circunscripciones electorales presentaban listas de candidatos el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Centro Democrático y Social (CDS, sucesor de la UCD), el Partido Comunista de España (PCE), el Partido Aragonés Regionalista (PAR) y la Coalición Electoral “Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal” (AP-PDP-UL); el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) lo hacía en Huesca y Zaragoza, y la Coalición Electoral “Izquierda Unida de Aragón” (IUA) en Teruel y Zaragoza; sólo en Huesca aparecía el Partido Demócrata Liberal (PDL), y sólo en Zaragoza el Partido Comunista de Aragón (PCA) y el Movimiento Aragonés Social (MAS)… Como puede apreciarse, no había terminado de clarificarse el abanico de fuerzas políticas en presencia, el amontonamiento de siglas, la sopa de letras característica de la etapa de la transición a la democracia en España.

Celebrados los comicios, obtuvo la mayoría el PSOE, con 33 escaños, esto es, la mitad exacta de la Cámara; la otra mitad se la repartían AP con 17, el PAR con 13, el PCE con 2 y el CDS con 1. El BOA número 15, del 17 de mayo, publica el Decreto del día anterior, de la Presidencia de la Diputación General, por el que se convoca a las Cortes de Aragón para que se reúnan en sesión constitutiva el 20 de ese mismo mes, en el Palacio de la Lonja de la ciudad de Zaragoza, momento en el que, de acuerdo con el Decreto de convocatoria de las elecciones, terminaría su mandato la Asamblea Provisional, representante de los ciudadanos aragoneses durante los ochos meses de la transición estatutaria.

La primera legislatura (1983-1987)

En su sesión constitutiva, las Cortes de Aragón eligieron Presidente de la Cámara, propuesto por la mayoría socialista, al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid; entre quienes con él componían la Mesa estaban, como Vicepresidente 2.º el diputado de AP Antonio Lacleta, antiguo Alcalde de Huesca, y como Secretario 1.º Francisco Pina, quien, como Biel, ha tenido escaño en todas las legislaturas y, además, ha ocupado cargo de la Mesa en casi todas.

La investidura del nuevo Presidente de la Diputación General –y de la Comunidad Autónoma– tuvo lugar el 27 de mayo, también en la Lonja, y recayó (con los votos de los diputados socialistas, comunistas y centrista) en el ingeniero forestal Santiago Marraco Solana, cabeza de la lista de su partido por Huesca e impulsor de la integración del Partido Socialista Aragonés, del que había sido uno de los fundadores, en el PSOE, ocurrida en 1978 –pese a haber logrado el PSA un diputado nacional, Emilio Gastón, en las Cortes constituyentes, a cuyas elecciones concurrió coaligado en la Federación de Partidos Socialistas que había aglutinado el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván–. El Real Decreto de su nombramiento y el del cese de Juan Antonio de Andrés, ambos fechados el 30 de mayo, aparecieron publicados el 7 de junio, en el BOA número 17.

En este mismo figuran también (además de las actas de las Juntas Electorales Provinciales proclamando a los candidatos electos), los Decretos presidenciales

Primer Gobierno de Aragón surgido de elecciones autonómicas, presidido por Santiago Marraco,
con el Presidente de las Cortes de Aragón.

de 6 de junio mediante los que se declara el cese de los Consejeros del Ejecutivo saliente y se designa a los componentes del entrante, casi todos ellos militantes del partido llamado a gobernar: Andrés Cuartero en Presidencia y Relaciones Institucionales; José Antonio Biescas en Economía y Hacienda; Amador Ortiz (independiente) en Urbanismo, Obras Públicas y Transportes; Enrique López (independiente, procedente del movimiento sindical agrario) en Agricultura, Ganadería y Montes; Eulogio Malo en Industria, Comercio y Turismo; Alfredo Arola en Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; y José Bada en Cultura y Educación. La estructura orgánica del Gobierno era, como se ve, muy similar a la de sus predecesores, y su composición sólo fue alterada, en la mitad de la legislatura, con la sustitución de Malo (parece que debido a su ineficacia) por Antonio Sierra como Consejero de Industria, Comercio y Turismo, según Decretos de cese y nombramiento, respectivamente, fechados el 1 de julio de 1985 y publicados en el BOA del día 4 del mismo mes.

El desarrollo de esa estructura, en los niveles administrativos superiores de la Diputación General, se establece mediante el Decreto 55/1983, de 1 de julio, publicado en el BOA número 19 (23 de julio), junto con algunos ceses y diversos nombramientos de Directores Generales y otros altos cargos. Aparece ya una organización burocrática relativamente compleja, que ha de prepararse para recibir un importante paquete de competencias que transferirá la Administración del Estado y supondrán un paso cualitativo en la gestión de los servicios por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma. Más en detalle se desarrollará la estructura mediante el Decreto 91/1983, de 25 de octubre (BOA número 24, de 4 de noviembre).

Las Cortes de Aragón –instaladas provisionalmente sus dependencias administrativas en un local cedido por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja en la calle San Jorge, y utilizando para los plenos el cercano salón de actos del Colegio de Abogados– ya han comenzado a trabajar en el ejercicio de la potestad legislativa que le corresponde como representante del pueblo aragonés, y, fruto de ello, en septiembre aprueban las cuatro primeras leyes. Se trata de cuatro textos breves que regulan algunos aspectos primordiales referentes a la función parlamentaria: Ley 1/1983, por la que se determina la Sede de las Cortes de Aragón (en la ciudad de Zaragoza, aunque podrán celebrar sesiones en otros lugares del territorio), Ley 2/1983, por la que se regula la responsabilidad política de la Diputación General y de su Presidente ante las Cortes de Aragón, Ley 3/1983, de designación de Senadores representantes de la Comunidad Autónoma, y Ley 4/1983, por la que se regula la iniciativa legislativa ante las Cortes de Aragón. Estas cuatro leyes iniciales ven la luz en el número 22 del BOA, de fecha 7 de octubre, que presenta, además, la novedad de un cambio de formato, en el que el escudo se desplaza desde el centro a la izquierda de la cabecera y las dos columnas de texto de cada página se enmarcan entre líneas verticales, con lo que adquiere ya un aspecto muy similar al que ha caracterizado a la publicación hasta fechas muy recientes  [1] .

En el número 29 (20 de diciembre) estaban el Decreto de la Diputación General de Aragón por el que se concede la Medalla  Juan de Lanuza  (creada tres semanas antes, por Decreto 100/1983) a don Ramón Sainz de Varanda y Jiménez de la Iglesia (el Alcalde de Zaragoza, cuyo estado de salud preocupaba ya seriamente en el entorno político), y la quinta ley autonómica y primera presupuestaria (Ley 5/1983, de17 de diciembre, de Presupuestos Generales de de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1984).

El número 30 pone fin a la serie del BOA iniciada el 20 de octubre del año anterior, con la apertura del régimen autonómico. A partir de entonces, la numeración va a ser diferenciada para cada año. La de 1984 comienza, en su número 1 (16 de enero), con la publicación de tres leyes estatales: la 27/1983, sobre concesión de un crédito extraordinario para satisfacer los gastos de las elecciones locales 1983 para todo el Estado (de las Comunidades Autónomas en las que se celebraron); la 30/1983, reguladora de la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y la 38/1983, reguladora de la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Aragón –cuya entrada en vigor sería dispuesta por el Real Decreto 1030/1984, publicado en el BOA número 21, de 19 de junio–, con las que se ponía en marcha el mecanismo legal para regularizar el sistema de financiación autonómica en su primera fase.

En el mismo número figura también un Real Decreto (el 3194/1983, sobre valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios transferidos en materia de Cultura) que viene a ser como el preludio del importante movimiento de transferencias que tendrá lugar a lo largo de 1984 (con algunos flecos posteriores) y que supondrá un considerable engrosamiento de la Administración autonómica en competencias, personal, locales e instalaciones, vehículos y medios materiales en general (así como en los financieros correspondientes a su coste efectivo), aunque no todo ello recibido en condiciones óptimas  [2] .

Además, el Ministerio de la Presidencia había convocado, en octubre de 1983, lo que llamó una oferta pública de empleo para cubrir vacantes en los Servicios Centrales de la Diputación General de Aragón, mediante el traslado voluntario incentivado de fun

cionarios de la Administración del Estado, con cargo a los costes indirectos de los servicios traspasados, que estaban pendientes de liquidación; la resolución, por Orden de 9 de marzo de 1984, se publicó en el BOA número 10 (26 de marzo) y supuso la incorporación a la Administración de la Comunidad Autónoma de un notable contingente de funcionarios de varias categorías y diversas procedencias, entre los que se contaba un cierto número de expertos en diferentes áreas y especializaciones.

Con todo ello (y teniendo en cuenta que las transferencias recibidas hasta finales de 1984 comprendían a colectivos numerosos afectos a los servicios sanitarios, forestales, agrarios, pecuarios, camineros, asistenciales y otros), la plantilla de personal de la nueva Administración aragonesa superaba los cinco mil efectivos, entre funcionarios y personal con contrato laboral o administrativo, a los que había que gestionar y a los que había de dotar de una regulación legal autonómica en desarrollo de la controvertida Ley estatal 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que habilitaba a las Comunidades Autónomas a crear su respectiva Función Pública propia. En el resto de la legislatura el crecimiento sería más lento, ya que el Real Decreto 680/1987, de 7 de marzo, declaraba concluido el proceso de transferencias y de traspasos de personal; los incrementos dependían ya del reclutamiento propio y, a partir de la vigencia de la Ley 1/1986, de 20 de febrero, de Medidas para la Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación General aprobó anualmente sus ofertas de empleo público y convocó las correspondientes oposiciones de ingreso en los cuerpos funcionariales creados por dicha ley.

Por lo demás, la actividad legislativa de las Cortes de Aragón adquiere ya una cierta intensidad, y llegan a aprobarse casi cuarenta leyes a lo largo de esta primera legislatura, la mayoría de carácter institucional u organizativo. Deben mencionarse la Ley 1/1984, por la que se declara “Día de Aragón” el 23 de abril, tradicional conmemoración de San Jorge, Patrón del Reino; la Ley 2/1984, sobre el uso de la Bandera y el Escudo de Aragón; la Ley 4/1984, reguladora del Consejo Asesor de RTVE en Aragón; la Ley 7/1984, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular; la Ley 8/1984, reguladora de las Tasas; la Ley 3/1985, de Compilación del Derecho Civil de Aragón; la Ley 5/1985, reguladora del Tribunal Económico–Administrativo; la Ley 6/1985, de creación del Instituto del Suelo y la Vivienda; la Ley 7/1985, de participación de las Comunidades Aragonesas asentadas fuera de su territorio en la vida social y cultural de Aragón; la Ley 8/1985, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Diputaciones Provinciales de su Territorio; la ya citada Ley 1/1986, de medidas para la ordenación de la Función Pública; la Ley 4/1986, de Hacienda de la Comunidad Autónoma; la Ley 7/1986, de Museos y la ley 8/1986, de Bibliotecas; la Ley 4/1987, de ordenación de la Acción Social; la Ley 5/1987, de Patrimonio; la Ley 6/1987, sobre Mancomunidades de Municipios; la Ley 7/1987, de Coordinación de Policías Locales y la Ley 8/1987, de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; y además, por supuesto, las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para cada uno de los ejercicios. Conviene, sin embargo, destacar la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, a partir del germen del Reglamento de Organización Jurídico-Administrativa y Financiera de 1982, establecía, ahora ya con rango legal y mayor detalle, el régimen jurídico de organización y funcionamiento de los diversos niveles del poder ejecutivo autonómico de Aragón; esta Ley recuperó el nombre de Departamentos para las Consejerías (como en Cataluña, el País Vasco y Navarra), a la vez que fijaba los que debían ser (en número y denominaciones) tal como en ese momento eran. También la Ley 4/1985, reguladora del Justicia de Aragón, que abría paso al nombramiento del titular de esa figura, que aún tardaría un tiempo en realizarse; y que fue la primera de las leyes aragonesas impugnadas por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional, en recurso que, tres años después, fue estimado parcialmente, lo que obligó a modificar algunos de sus preceptos. Y la Ley 2/1987, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, al regular el ejercicio del derecho de sufragio, el sistema y procedimiento electorales, fija en sesenta y siete el número de diputados (el Estatuto de Autonomía establecía que habrían de ser entre sesenta y setenta y cinco), aumentando en uno la composición que la disposición transitoria primera del Estatuto había señalado para las primeras elecciones autonómicas; el nuevo escaño correspondía al distrito electoral de la provincia de Zaragoza, que pasaba de treinta y dos a treinta y tres, por dieciocho del de Huesca y dieciséis del de Teruel. Merece citarse también, por diferir de la mayoría de las demás leyes citadas por un objeto de tintes ideológicos y menos institucional que programático, la Ley 3/1987, de 10 de marzo, del Banco de Tierras (complementada poco después con los Decretos 47/1987, sobre afectación de fincas rústicas al Banco de Tierras, y 48/1987, sobre elección de vocales del Consejo de su Ente Gestor), empeño del Presidente Marraco y su equipo de posibilitar una especie de pacífica y muy gradual reforma agraria en el campo aragonés, duramente combatida por la oposición parlamentaria y que, aprobada en la fase final de la legislatura, sería derogada en la siguiente, de mayoría conservadora, por lo que su efectividad fue, en definitiva, insignificante.

Junto al bagaje de proyectos de ley remitidos a las Cortes en ejercicio de sus facultades de iniciativa legislativa, la Diputación General desarrolló también una notable labor de elaboración de normativa reglamentaria [3]  que compone todo un catálogo de medidas de gobierno para organizar una Administración Pública incipiente y establecer las pautas de su funcionamiento en un contexto de acelerado crecimiento de sus competencias y responsabilidades, a lo que debe añadirse la elaboración de un Plan Económico Regional (PER) que, presentado el 14 de marzo de 1984 por el Consejero de Economía, conllevaba una importante cuantía de inversiones durante el trienio de su vigencia.

El BOA número 16 del año III, correspondiente al 7 de mayo de 1984, es el primero que presenta en su encabezamiento el nuevo modelo del escudo de Aragón, según la descripción contenida en la recién aprobada Ley 21/1984, que es el definitivo. Y en el número 21 del mismo año (de fecha 19 de junio de 1984), el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales hace público un Concurso de ideas para el diseño del logotipo de la Diputación General de Aragón, que debería ser “válido para su adaptación tanto a ediciones literarias y discográficas, como a carteles y placas” . El concurso se falló, algunas semanas después (no aparece pulicada en el BOA la adjudicación), a favor del diseño gráfico que representa el movimiento ondulatorio de la enseña cuatribarrada dentro de un marco cuadrangular, bien conocido por su uso desde entonces y que resulta sencillo, expresivo y grato… si bien no cumple una condición establecida en las bases del concurso (ninguna de las propuestas presentadas la cumplía), al exigir que “al diseño del logotipo de la Institución deberá integrarse el escudo de la Diputación General de Aragón en su versión actualizada” .

Por otra parte, desde los primeros meses de la legislatura se desarrollan las gestiones encaminadas a dotar a las nuevas instituciones del autogobierno de Aragón de instalaciones adecuadas a su rango representativo, a ser posible en edificios que pudieran aportar un alto valor simbólico de la identidad histórica aragonesa. En noviembre de 1983, el Ayuntamiento de Zaragoza ofreció a las Cortes de Aragón la cesión del palacio de la Aljafería para sede permanente de la Cámara parlamentaria (que ya había decidido por ley establecerla en esta ciudad), pero hasta mayo de 1985 no firmaron Embid y Sáinz de Varanda el convenio de cesión, si bien para entonces ya se había presentado públicamente el primer plan de transformación del edificio, cuyas actuaciones debían, por una parte, reanudar y culminar las hasta entonces muy pausadas obras de restauración de los diversos espacios que, desde el siglo XI hasta el XVI, le habían dado singular esplendor (especialmente en las épocas de la taifa musulmana, de Pedro IV y de los Reyes Católicos), liberándolos de todos los aditamentos que en los siglos posteriores lo habían desfigurado, con el fin de poner el palacio en valor como elemento sustancial del patrimonio histórico-artístico de Aragón; y por otra, la armónica integración en su conjunto de un recinto que aunara la dignidad con la funcionalidad para el buen funcionamiento de la Asamblea legislativa aragonesa; su realización fue adjudicada al proyecto de los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán, cuyo resultado sería solemnemente inaugurado, ya en 1998, por el Príncipe don Felipe de Borbón. Por su parte, el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza acordó, en enero de 1984, la cesión gratuita del Hogar Pignatelli a la Diputación General de Aragón, que lo había solicitado formalmente para convertirlo en su sede principal; se trataba de un edificio de grandes dimensiones (con una superficie equivalente a las tres cuartas partes de la del monasterio de El Escorial, cuya planta imitaba), que, construido en el siglo XVIII (y terminado a mediados del XIX) por impulso del canónigo ilustrado Ramón de Pignatelli para Casa de la Misericordia, había perdido hacía ya décadas su función hospiciana, y también la más efímera de Instituto de Enseñanza Media que le sucedió; su recuperación y habilitación para oficinas administrativas y despachos representativos fue una tarea compleja, costosa y larga, adjudicada en su primera fase (mediante convocatoria de contratación directa anunciada en el BOA de 9 de agosto de 1984) a un equipo multidisciplinar dirigido por el arquitecto Saturnino Cisneros, pero asignada luego, a raíz del cambio de Gobierno producido en 1987, a la Dirección General de Arquitectura de la propia Diputación General –cuyo titular era por entonces Javier Navarro–, lo que ocasionó notables alteraciones de los criterios establecidos en la planificación original; lejos todavía de estar terminadas las obras, el Presidente Marraco, pocos días antes de las elecciones autonómicas, tomó posesión del despacho presidencial… pero su sucesor en el cargo no lo ocuparía hasta mucho después, prefiriendo permanecer durante buena parte de su mandato en el edificio de la antigua Delegación de Hacienda en la plaza de los Sitios, que fue declarado formalmente sede institucional de la Diputación General de Aragón (Decreto 82/1990, publicado en el BOA de 5 de junio), para prevenir el riesgo de que la Administración General del Estado interpretase el traslado del Presidente de la Comunidad Autónoma al rehabilitado Edificio Pignatelli como incumplimiento de la condición fijada para la cesión del pleno dominio del inmueble y reclamase, por ello, su reversión; allí se afincaron básicamente las unidades directivas de Economía y Hacienda (Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, Intervención General, Política Económica…), mientras los servicios centrales de los demás Departamentos iban ocupando gradualmente las dependencias del Pignatelli, que no tuvo nunca inauguración solemne… y no tardó en revelarse insuficiente para albergar todo el crecimiento de la burocracia autonómica.

Otra de las preocupaciones del Gobierno en esta etapa fue la de la protección de las modalidades lingüísticas propias de Aragón, las fablas de los valles pirenaicos y el especial catalán de la zona oriental, para cuya enseñanza reclutó pronto un pequeño pero coordinado equipo de profesores que comenzaron a impartirla en varias localidades, si bien la regulación de su normalización y empleo tropezaron siempre con serias dificultades derivadas de los discrepantes puntos de vista sobre el fenómeno. Por otra parte, el BOA de 14 de noviembre de 1984 insertó la Orden del Departamento de Cultura y Educación por la que se daba publicidad al Convenio firmado entre la Diputación General de Aragón y los Obispos de la Iglesia Católica en Aragón sobre el Patrimonio Histórico, Artístico y Documental de la Iglesia, que establecía las reglas de colaboración entre ambas instituciones para su protección y restauración. El 28 de noviembre de 1986 la UNESCO declaraba “Patrimonio de la Humanidad” al Mudéjar turolense. Y por Decreto 59/1987 (BOA de 1 de junio de 1987), la Diputación General aceptaba la donación de los fondos documentales de la Casa Ducal de Híjar, sitos en el palacio de Épila, efectuada por los Duques de Alba y Condes de Aranda.

El 23 de abril de 1986, la Diputación General de Aragón celebró en Caspe un acto conmemorativo del cincuentenario del Estatuto Aragonés de 1936, que no llegó a nacer a la vida jurídico-política por el estallido de la Guerra Civil, que cercenó su proceso prematuramente, lo que impidió, casi medio siglo después, que Aragón recibiera la consideración de nacionalidad histórica y, con ella, las ventajas de acceder a la autonomía por la vía privilegiada del artículo 151 de la Constitución de 1978.

Entre las visitas ilustres que tuvieron lugar durante la legislatura merecen citarse la segunda del Papa Juan Pablo II a Zaragoza, los días 10 y 11 de octubre de 1984; la del Vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, que, acompañado del Ministro de Administración Territorial y la Secretaria de Estado para las Comunidades Autónomas, vino el 31 de enero de 1985 para suscribir con el Presidente de la Diputación General el protocolo de cierre de la primera fase del proceso de transferencias, lo que no dejó de provocar las protestas de la oposición; la de los Reyes para inaugurar, el 9 de octubre de 1986, las nuevas instalaciones de la Feria de Muestras de Zaragoza y, el 10 de abril de 1987, la Torre del Reloj de Jaca como sede permanente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Por su parte, el Príncipe Felipe de Borbón inició en septiembre de 1985 su estancia en Zaragoza para realizar sus estudios de la Academia General Militar.

Tres noticias luctuosas de alto rango se encadenaron en el término escaso de cuatro meses: el 26 de noviembre de 1985 falleció el insigne escultor Pablo Serrano, que legó a Aragón una parte importante de su obra (a la que más adelante se le dedicaría un museo en los antiguos talleres de la Diputación Provincial que su día dependieron del casi contiguo Hogar Pignatelli) y por quien la Presidencia de la Diputación General declaró un día de luto (BOA de 28 de noviembre); el 10 de enero de 1986, Ramón Sáinz de Varanda, el primer Alcalde de Zaragoza elegido democráticamente en la nueva época, por cuyo óbito hubo cuatro días de luto oficial (BOA de 11 de enero, con esa única disposición), y que sería sustituido por el Teniente de Alcalde Antonio González Triviño, quien se mantendría en la Alcaldía después de las elecciones municipales del siguiente junio; y el 8 de marzo de ese mismo año, el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y miembro destacado del PSOE aragonés, Florencio Repollés, en cuyo honor fueron tres los días enlutados (BOA de 10 de marzo), y a quien sucedería Carlos Alegre y, tras los comicios, el también socialista José Marco (tanto éste como el Alcalde revalidarían sus cargos en las elecciones de 1991). A tales tristes noticias hay que añadir la del atentado perpetrado el 30 de enero de 1987 por ETA, que hizo estallar una furgoneta-bomba en la plaza de César Augusto, frente a la iglesia de San Juan de los Panetes, junto a un autobús que trasladaba a la Academia General Militar a profesores y personal, con el resultado de dos muertos (el conductor y un comandante) y más de cincuenta heridos, varios de ellos entre los ciudadanos civiles que pasaban por el lugar, amén de cuantiosos daños en los edificios circundantes.

En el año 1986 tuvieron lugar dos acontecimientos de la política exterior española, trascendentales para fijar la posición internacional decididamente occidentalista de nuestro país. El 1 de enero, España y Portugal se convertían en miembros de la Comunidad Económica Europea, casi diez años después de haber solicitado el ingreso y sólo un mes antes de la firma del Acta Única Europea y de que comenzara a ondear oficialmente la bandera azul con las doce estrellas de lo que ya era la Europa de los Doce, mientras que para España suponía el comienzo de una nueva era de equiparación progresiva con las naciones avanzadas del continente y de fuerte y sostenido crecimiento económico, gracias a los fondos recibidos para reordenación de la producción agrícola, reequilibrios territoriales, implantación de avances tecnológicos y decisiva modernización y ampliación de las infraestructuras, especialmente de las redes viarias y de comunicaciones, todo lo cual tuvo efectos muy positivos de impulso al desarrollo de Aragón. Y el 12 de marzo se celebró el referéndum para determinar la voluntad de los españoles acerca de la permanencia de España en la OTAN, organización a la que se había adherido el 30 de mayo de 1982, por decisión del Gobierno Calvo Sotelo a la que el PSOE, como en general toda la izquierda y los nacionalismos periféricos, se había opuesto (“OTAN de entrada no ”), prometiendo que la revocaría cuando gobernase, por lo que ahora, modificada en el poder su opinión, tuvo que emplearse a fondo en una campaña por el sí , que al final consiguió por un apretado 52,5 por ciento de votos afirmativos, sobre una participación del 59 por ciento, con triunfo del no en Cataluña, Navarra, País Vasco y Las Palmas; la decisión tuvo como consecuencias un proceso de reestructuración del Ejército español y su adaptación a los requerimientos de sus nuevas funciones y de los nuevos tiempos, su colaboración a partir de entonces en múltiples misiones de pacificación encomendadas a los cascos azules en varias regiones conflictivas del mundo y la participación de los representantes de su Estado Mayor en el ámbito de los decisiones estratégicas de la Alianza Atlántica, además de una ostensible elevación de la influencia diplomática de España; la nueva situación no podía dejar de tener repercusiones en una Comunidad con tanta presencia militar como la aragonesa.

El 22 de junio de 1986 se celebraron en España elecciones generales, que ganó otra vez el Partido Socialista por holgada mayoría absoluta (185 diputados). En el conjunto de las circunscripciones aragonesas, el PSOE consiguió ocho diputados, cuatro la Coalición Popular, y el PAR y el CDS, un diputado cada uno.

A punto de concluir el plazo de la legislatura, la Presidencia de la Diputación General de Aragón, por Decreto de 13 de abril de 1987 (BOA número 43 del año VI, de 14 de abril), convocó elecciones a las Cortes de Aragón, que se celebrarían el miércoles 10 de junio. En ellas, el PSOE obtuvo 27 escaños, 19 el PAR, 13 AP, 6 el CDS y 2 CAA-IU (Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida). Del descontento de los votantes del PSOE se aprovechaba el CDS, que recogía nada menos que cinco de los seis escaños perdidos por aquél; el otro había ido a parar al PAR, que también acrecía hasta seis escaños a costa de los cuatro perdidos por el PP (además del derivado del aumento de 66 a 67 en el total de la Cámara, establecido por la reciente Ley Electoral); todo lo cual implicaba un significativo vuelco en el mapa político aragonés.

Por entonces, hacía ya unos meses que se había producido el cese, a petición propia, de Manuel Giménez Abad como Secretario General Técnico de la Diputación General (Decreto 84/1986, BOA de 29 de septiembre), para ser nombrado, en la misma fecha, Letrado Mayor de las Cortes de Aragón, por Acuerdo de la Mesa.

La segunda legislatura (1987-1991)

El 6 de julio de 1987 se celebró, ya en la nueva sede del Palacio de la Aljafería, la sesión constitutiva de la II legislatura de las Cortes de Aragón, en la que resultó elegido su Presidente el diputado del CDS (antiguo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza) Juan Bautista Monserrat.

El PSOE, pese a su mayoría en la Cámara, había perdido en estas elecciones seis escaños y, aún sumándole los dos de CAA-IU, estaba lejos de la mayoría necesaria para gobernar. Por ello, la investidura recayó en el candidato del PAR, Hipólito Gómez de las Roces, que contó para ella, en segunda votación, con los votos de AP y la abstención del CDS.

El nuevo Presidente, que lo había sido de la Diputación Provincial de Zaragoza en los últimos tiempos del régimen franquista, al que había desafiado desde aquel cargo al movilizar a la sociedad aragonesa contra el proyecto de trasvase del Ebro, y que luego incorporó esta bandera reivindicativa al ideario aragonesista del partido del que era fundador y principal inspirador, aparecía como un hombre sólidamente preparado en lo jurídico –era Abogado del Estado– y muy combativo en lo político. Así que se aprestó a afrontar la responsabilidad con un Gobierno monocolor en minoría, confiando en el apoyo parlamentario más o menos incondicional de la derecha (AP) y en una buena voluntad continuada de los centristas. El Real Decreto de su nombramiento y el del cese de Marraco son de 27 de julio de 1987 y fueron publicados en el BOA el 30 del mismo mes, día en que Gómez de las Roces tomó posesión, en un acto sin presencia de ningún Ministro (la representación estatal fue ostentada por el Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas).

El Boletín del 4 de agosto publica el Decreto presidencial por el que se declara el cese en funciones de los miembros de la Diputación General saliente, y los de los nombramientos de los nuevos Consejeros, con la siguiente composición: JoséÁngel Biel (ingresado en el PAR tras la disolución de la UCD) en Presidencia y Relaciones Institucionales; Ramón Alfonso en Economía; José María Bescós en Hacienda; Joaquín Maggioni en Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; Javier Alvo en Agricultura, Ganadería y Montes; Luis Acín en Industria, Comercio y Turismo; Ana María Cortés en Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; y Darío Vidal en Cultura y Educación. Una mujer entraba por primera vez en el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

La nueva Diputación General tomó posesión el 3 de agosto y, en su primera reunión, el 18 de ese mes, acordó suprimir el personal de confianza… decisión cuya inicial radicalidad se fue flexibilizando a lo largo del mandato, aunque manteniendo siempre un criterio básico de austeridad en esta cuestión. En septiembre se reunió en Madrid la Comisión Mixta de Transferencias para fijar definitivamente el porcentaje de la participación aragonesa en los ingresos estatales para el quinquenio 1987-1991, ocasión que sirvió al Presidente para plantear uno de los puntos clave de su programa, la reivindicación del acceso a la autonomía plena, una vez transcurridos desde la aprobación del Estatuto los cinco años previstos en la Constitución para la ampliación de las competencias, para –como diría en la festividad de San Jorge de 1988– no permitir que entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas existan diferencias que impliquen privilegios económicos o sociales.

Sin embargo, los pactos –verbales– en los que se sostenía el Gobierno no resultaron lo cómodos que tal vez se suponía, y ya la aprobación de los Presupuestos para 1988 requirió un previo y dificultoso esfuerzo de acomodación a las exigencias de los circunstanciales aliados. Unos meses más tarde, en el debate del estado de la Región celebrado del 2 al 4 de noviembre de 1988, el informe presidencial fue rechazado con los votos de los partidos de izquierda, a los que ahora se sumaron los del CDS; la consecuencia fue una crisis en la que cesaron a petición propia los Consejeros de Economía y de Cultura y Educación, que fueron sustituidos, respectivamente, por Antonio Laguarta y Enrique Calvo, todo ello mediante sendos Decretos de 17 de noviembre, publicados en el BOA del 18 de noviembre de 1988.

Pero la crisis no quedó bien cerrada con esa solución, porque el pacto fue denunciado unos días después por los aliancistas, que reclamaban su participación en el Gobierno en forma de tres Consejerías. Además, el proyecto de Ley de Presupuestos para 1989, presentado en diciembre, no fue aprobado, sino devuelto al Ejecutivo, cuyo Presidente anunció la posibilidad de plantear una cuestión de confianza, de resultado incierto a la vista de las posiciones. La reconversión de Alianza Popular, en su congreso de enero de 1989, en Partido Popular, al que se pretendía imponer un nuevo rumbo político, propició un encuentro de alto nivel entre sus dirigentes nacionales y la cúpula del PAR, cuyo resultado fue un pacto de gobierno para todo el resto de la legislatura, que se firmó el 23 de febrero y se materializó en los Decretos de 11 de marzo (BOA del 13 de marzo de 1989) que disponían los ceses de los Consejeros de Economía y de Agricultura, Ganadería y Montes, y los nombramientos, para sustituirlos, de Santiago Lanzuela y José Urbieta, militantes ambos del PP, con lo que se aseguró la estabilidad durante los dos años largos que quedaban hasta las siguiente elecciones autonómicas.

Ese período fue el de mayor actividad legislativa. Tan sólo cinco leyes se habían aprobado desde el comienzo de la legislatura, a mediados de 1987 (y no más de una, de suplemento de crédito, en ese año), entre ellas la de Presupuestos para 1988 (Ley 1/1988) y la Ley 3/1988, sobre equiparación de los hijos adoptivos.

A partir de ese momento se tramitaron, debatieron y aprobaron hasta treinta y dos más, de las que cabe destacar las referentes a la estructuración del sector público aragonés y a su papel en la regulación y promoción de la actividad económica y empresarial: Ley 7/1989, de financiación de la Feria de Muestras de Zaragoza; Ley 9/1989, de ordenación de la Actividad Comercial; Ley 12/1989, de inversiones en Infraestructuras para 1990; Ley 7/1990, del Instituto Aragonés de Fomento; Ley 9/1990, del Consejo Económico y Social de Aragón; y Ley 1/1991, reguladora de las Cajas de Ahorro. Junto a ellas, son también de interés la Ley 1/1989, de Artesanía; la Ley 2/1989, del Servicio Aragonés de Salud, por la que se crea y regula este organismo, destinado a hacerse cargo del futuro traspaso de las competencias sanitarias del INSALUD; la Ley 10/1989, de Protección de Menores; la Ley 3/1990, del Consejo Aragonés de la Tercera Edad; la Ley 13/1990, de representación de la Comunidad Autónoma en los organismos de cuenca; y, desde el punto de vista interno de la Administración autonómica, la Ley 2/1991, de modificación de la Ley de medidas para la ordenación de la Función Pública (exigida, en parte, por una Sentencia del Tribunal Constitucional, que declaraba nulas algunas de las bases de la Ley estatal de la que derivaba la aragonesa, y por otra, de la experiencia en la aplicación de ésta durante un lustro, que ponía de manifiesto la necesidad de algunas reformas), que a su vez obligó a la elaboración del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública, que fue aprobado por el Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero. En las vísperas de la fiesta de San Jorge de 1989 se aprobó la Ley 3/1989, del Himno de Aragón, compuesto, a encargo de las Cortes, por el prestigioso compositor turolense Antón García Abril, con letra de los poetas, también autóctonos, Ildefonso Manuel Gil, Rosendo Tello, Ángel Guinda y Manuel Vilas, y que, a pesar de sus notables valores musicales y literarios y del impulso oficial, no ha conseguido la popularidad que seguramente se pretendía. Y debe reseñarse, por fin, en el ámbito legislativo, el inicio de la política de protección de espacios naturales protegidos, con las leyes 2/1990, de declaración de Monumentos Naturales de los glaciares pirenaicos; 14/1990, por la que se declara el Parque de la Sierra y Cañones de Guara; y Ley 5/1991, de declaración de la Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro. Ya en las postrimerías de la legislatura, la Ley 8/1991, del Patrimonio Agrario de la Comunidad, venía a sustituir y derogar la Ley del Banco de Tierras (por su régimen de uso de la tierra comunitaria, contrapuesto al de la subsistente Ley estatal de Reforma y Desarrollo Agrario, y por su “fuerte rechazo social” ), que había permanecido inaplicada, y creaba un Instituto Aragonés de Patrimonio Agrario, organismo autónomo encargado de la gestión de los bienes y derechos del patrimonio agrario de la Comunidad … pero que nunca llegó a constituirse, porque la Ley fue derogada al año y medio de su vigencia, ya en la legislatura siguiente, por la Ley 14/1992, que, en lugar del Instituto, establecía un órgano con funciones únicamente consultivas, el Consejo de Patrimonio Agrario.

Hasta cinco de esas leyes fueron objeto de recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de la Nación, de los que dos serían desestimados y tres parcialmente estimados. También la Diputación General impugnó tres leyes estatales y presentó conflictos positivos de competencias en relación con dos reales-decretos y una orden ministerial, con el resultado de tres estimaciones parciales, dos desestimaciones y un allanamiento. Había crecido, por lo tanto, el índice de conflictividad en el ámbito normativo, que era reflejo de una perceptible tensión política entre los Gobiernos central y autonómico, provocada, más que por las lógicas discrepancias ideológicas entre los partidos sustentadores de cada uno de ellos, por la persistente reivindicación de plenitud autonomista por parte del Presidente aragonés.

En cuanto a normas de rango reglamentario, se dictaron varias relativas a la organización y el funcionamiento de la propia Administración de la Comunidad Autónoma: el Decreto 96/1987 desarrolló la nueva estructura orgánica, y entre sus novedades más significativas se contaba la creación, en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, de la Dirección General de la Función Pública, órgano superior para la ordenación, regulación y gestión del personal (que existía desde años antes en las demás Comunidades Autónomas y en la de Aragón estaba hasta ese momento suplida por una Jefatura de Servicio dependiente de la Secretaría General Técnica), que enseguida tuvo que enfrentarse a los retos de concertar un convenio colectivo único para todo el personal de régimen laboral (ya que había sido transferido con dependencia de más de veinte, algunos del sector privado y otros negociados en su día por distintos Ministerios) y llevar a cabo la clasificación y valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios, ambas cosas con el objetivo de racionalizar la administración de los efectivos humanos (y, en el mismo aspecto, una Orden de 19 de agosto de 1987 convocó las primeras elecciones a órganos de representación en la Administración de la Comunidad Autónoma, una vez que la legislación básica estatal había regulado la representatividad sindical en el ámbito funcionarial); el Decreto 146/1987 fijó la existencia de una Secretaría General –como órgano horizontal– en cada Departamento; el Decreto 192/1987 creó una Comisión de Coordinación para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas; el Decreto 172/1988 determinó los servicios esenciales de la Administración de la Comunidad Autónoma en la huelga general convocada por las principales organizaciones sindicales para el día 14 de diciembre; el Decreto 196/1988 creó y estructuró la Oficina de Relaciones Ciudadanas; el Decreto 129/1989 creó la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, con rango de Dirección General, para la asistencia inmediata al Presidente; el Decreto 131/1989 reguló las publicaciones de la Diputación General; y el Decreto 181/1990 estableció la estructura y funcionamiento de la Biblioteca de Aragón  [4] .

Por el Decreto 14/1988 se regulan los honores y distinciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en reconocimiento de los méritos contraídos por personas o instituciones que hayan destacado en el servicio de Aragón, con las siguientes categorías: Medalla de Aragón, Medallas a los Valores Humanos, al Mérito Social, al Mérito Cultural, al Mérito Profesional y al Mérito Deportivo, Placas de reconocimiento y Medallas conmemorativas. Una placa de reconocimiento fue concedida a la empresa General Motors Española S.A. (Orden del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de 30 de marzo de 1988), y la Medalla de Aragón a los anteriores Presidentes de la Diputación General (Decretos 41, 42, 43 y 44/1988), a S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, en el momento de la conclusión de sus estudios en la Academia General Militar y, en consecuencia, de su prolongada estancia en Aragón, durante la que “se ha hecho merecedor del afecto general por sus inestimables condiciones y por la sensibilidad que siempre ha demostrado hacia Aragón, de modo similar a como, en su día, ocurriera con la persona de  S.M. el Rey Don Juan Carlos I (Decreto 71/1989); y, con carácter extraordinario y a título póstumo, al catedrático de la Universidad cesaraugustana José Luis Lacruz Berdejo, insigne civilista que, en los últimos tiempos del franquismo y en los primeros de la Transición, había animado la opción demócrata-cristiana aragonesa, aunque sin éxito en las urnas.

Resaltan en este período tres acontecimientos de importancia en el plano institucional. El primero de ellos fue la elección del primer Justicia de Aragón de la nueva época, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1987, en sesión plenaria de las Cortes celebrada en Tarazona (en la iglesia de la Magdalena y en el palacio episcopal), y recayó, por unanimidad de los grupos parlamentarios, en Emilio Gastón –quien fuera fundador del ya extinto Partido Socialista Aragonés (PSA) y diputado en Cortes Generales–, que tomó posesión de su magistratura el 11 de enero de 1989, materializando, así, tras cinco años de demora, la previsión estatutaria de una institución singular, de entronque y nombre históricos pero de configuración actualizada en la línea de los defensores del pueblo; a la figura correspondía el tercer lugar en el orden de las autoridades autonómicas aragonesas, aunque no faltaron, en sus primeras presencias públicas junto a otras, algunas dudas en cuestiones de protocolo. También tuvo efectos sobre el protocolo aragonés la reestructuración del Ejército, que conllevó, en diciembre de 1987, la disolución de la Capitanía General de la V Región Militar, cuya sede estaba establecida en Zaragoza; lo que, además de suscitar protestas y lamentos por la pérdida del secular rango castrense de esta ciudad, supuso la desaparición de una autoridad que, por su jurisdicción más extensa que el territorio autonómico (comprendía también la provincia de Soria) pero establecida en él, se anteponía a las propias de la Comunidad Autónoma; el emblemático edificio de la plaza de Aragón, datado en 1893, quedaría para sede del Gobierno Militar y también para algunos usos culturales. El tercero de aquellos acontecimientos tenía también que ver con reordenaciones territoriales –exigidas por la edificación del Estado de las Autonomías –, y aparece reflejado en el BOA de 19 de mayo de 1989, en el que se publica el Acuerdo, del anterior día 10, del Pleno de Consejo General del Poder Judicial por el que, en cumplimiento de la reciente Ley de Demarcación y de Planta Judicial, se dispone la constitución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, previsto en el Estatuto de Autonomía, así como la toma de posesión de sus miembros y el inicio de la competencia de sus Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, en la misma fecha en la que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, desaparecerá la Audiencia Territorial de Zaragoza, sustituida por el nuevo órgano jurisdiccional; el Presidente de aquélla, el magistrado José Ramón San Román, pasaría a serlo el primero del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cargo en el que permanecería hasta su jubilación.

En esta legislatura sufrió Zaragoza dos sucesos cruentísimos: a primera hora de la mañana del 11 de diciembre de 1987, la banda terrorista ETA atentó, con un coche-bomba (cargado con más de cuarenta kilos de amonal) contra la casa-cuartel de la Guardia Civil, que quedó en buena parte derruida, con el trágico resultado de once personas muertas, cinco de las cuales eran niños, además de otras casi cuarenta heridas, y por cuya causa la Presidencia de la Diputación General declaró tres días de luto, sin efectos laborales (por Decreto publicado en el BOA del 12 de diciembre); y otros tres fueron declarados (mediante Decreto publicado en el BOA del 14 de enero de 1990) para lamentar el espantoso incendio que asoló en la madrugada la discoteca Flying, causando cuarenta y tres víctimas mortales por inhalación de monóxido de carbono, la mayoría jóvenes, entre los que abarrotaban el local. Y aún hubo que lamentar (el 17 de marzo de 1990) otro asesinato terrorista, el del doctor José Ramón Muñoz Fernández, médico del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, por obra del GRAPO, a causa de haber alimentado a dos de sus miembros reclusos que, atendidos en aquel centro, se habían declarado en huelga de hambre; el BOA de 18 de abril de 1990 publicó el Decreto 46/1990, por el que se le otorgaba, a título póstumo, la Medalla a los Valores Humanos.

Se prodigaron las huelgas en la Universidad de Zaragoza en los primeros años de esta etapa, aunque ya venían de los últimos tiempos de la anterior. Y se hizo notar en las poblaciones aragonesas el amplio seguimiento de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 contra la política económica y laboral del Gobierno de la Nación.

Entretanto, el Boletín Oficial de Aragón, que mantenía su formato, estructura y aspecto, fue consolidando poco a poco, a lo largo de este mandato, una periodicidad regular, que era la de su aparición los lunes, miércoles y viernes, si bien con excepciones tanto por ausencias (por insuficiencia de contenido) en algunos de esos días –menos numerosas a medida que pasaba el tiempo– o por salidas en otros días siempre que las circunstancias de publicación urgente de algún documento lo exigían. Esa cadencia se ha mantenido invariable hasta fecha muy reciente.

En las elecciones generales celebradas, con adelanto, el 29 de octubre de 1989, el PSOE revalidó de nuevo la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero esta vez con la cifra mínima necesaria de escaños (176), con un acusado descenso revelador del desgaste producido por la acción de gobierno y de la pujanza de un Partido Popular recién refundado sobre bases ideológicas enfocadas más al centro sociológico que a la derecha reaccionaria. En Aragón, el PSOE sacó siete diputados (perdiendo uno), el PP cuatro, un diputado el PAR y otro IU, mientras el del CDS quedaba fuera.

El 28 de diciembre de 1990 se inauguró oficialmente la autovía de Aragón, que unía a Madrid con Zaragoza y que, aunque lejos de una calidad óptima, mejoraba sensiblemente las condiciones de trazado y demás características de la ya anacrónica carretera y acercaba sensiblemente la capital del Estado a la de la Comunidad Autónoma.

Aproximación sólo física, ya que en lo político las posturas se mostraban distantes. El Presidente Gómez de las Roces mantuvo en todo momento viva la llama de la reivindicación. Ya el 16 de noviembre de 1987, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, denunció la involución autonómica y el incumplimiento de las previsiones del título VIII de la Constitución. El 1 de junio de 1988, en sesión plenaria de comparecencia del Gobierno, se produjo en las Cortes de Aragón un intenso debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, con base en un documento que aquél había presentado a éstas. El 21 de octubre de 1989, el PAR reiteraba su posición en pro de la reforma que permitiese alcanzar más competencias, no sólo administrativas sino también de carácter político, como las de la Comunidad Autónoma que más. El 20 de febrero de 1990, el Presidente tuvo en Sigüenza un encuentro con el Ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, en el que se acordó desbloquear el proceso de transferencias y se fijó una fecha (a finales de marzo) para la constitución de la nueva comisión bilateral a ese efecto. El 9 de mayo del mismo año, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que, presentado el siguiente día 29 como Proyecto de Ley en las Cortes, pretendía equiparar a Aragón con las Comunidades Autónomas que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución; pero, necesitando para su aprobación la mayoría cualificada de los dos tercios de la Cámara, sólo obtuvo los votos favorables del PAR y la abstención de su socio de Gobierno, el PP, mientras los demás grupos parlamentarios se opusieron (aunque se hubiera aprobado, no habría tenido oportunidad de hacerlo luego en las Cortes Generales, dada la negativa del Gobierno socialista a admitir entonces las ampliaciones estatutarias). No obstante, perseverante en sus criterios, el Presidente afirmó el 13 de junio que Aragón debe ser definido como nacionalidad, porque este término se ha revelado en la realidad superior en rango autonómico –y en consecuencias prácticas– al de región, pese a la letra de los preceptos constitucionales; en congruencia con ello, el que hasta entonces había sido Partido Aragonés Regionalista pasó a denominarse escuetamente Partido Aragonés (pero sin modificar sus siglas, lo que le hubiera reportado peligrosa confusión, por lo que la R debería entenderse a partir de ahí como la segunda letra de ARagonés). Y el 3 de noviembre de 1990, la Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA) se manifestó en apoyo de la reforma estatutaria que equiparase el techo competencial al que disfrutaban las Comunidades Autónomas vecinas. Pero aún tendría que esperar.

A finales de la legislatura, en marzo de 1991, fuera ya de plazo para una posible moción de censura pero con ánimo de ahondar en época ya casi preelectoral en los problemas de la coalición, PSOE, CDS e IU presentaron en las Cortes la reprobación del Presidente, acusándole de personalismo, prepotencia y relaciones hostiles con el Parlamento, y ganaron la votación, lo que sin duda contribuyó al desgaste político del partido de Gómez de las Roces.

Dado que una de las reivindicaciones de éste todavía inalcanzadas era la de la potestad del Presidente para convocar las elecciones en fecha elegida autónomamente en función de las circunstancias propias y de la conveniencia del Ejecutivo autonómico, sin sujetarse al calendario común establecido para los territorios no reconocidos como Comunidades históricas, en el Decreto presidencial de 1 de abril de 1991 (BOA del 2 de abril) Gómez de las Roces, para testimoniar su desacuerdo, utilizaba la siguiente redacción: “Se convocan elecciones a Diputados de las Cortes de Aragón, que deberán tener lugar por imperativo legal el domingo 26 de mayo de 1991”, según la fórmula que antes se había tolerado para la toma de posesión del lehendakari del País Vasco.

En estas elecciones, el PSOE subió hasta los 32 escaños, el PAR bajó a 17, el PP obtuvo otros 17, y 1 IU, mientras que el CDS perdía su representación y desaparecía del mapa político (su juego oscilante y sin líneas claras durante la legislatura no fue entendido por los votantes aragoneses) y tampoco la alcanzaban el resto de formaciones contendientes (Partido Socialista de los Trabajadores, Chunta Aragonesista, Movimiento Aragonés Social y Partido Aragonés Independiente). El PSOE, a pesar de su crecimiento, no llegaba a la mayoría absoluta, y sí en cambio la permitía la suma de los resultados de la coalición de gobierno, pero ahora con las fuerzas equilibradas, de tal manera que el ascendente PP estaba en condiciones de exigir al descendente PAR mayor cuota de poder. Ante esa situación, Hipólito Gómez de las Roces, descontento del funcionamiento del pacto y de las relaciones desleales (así las calificó) que achacaba a los Consejeros populares, declinó seguir al frente de la nueva coalición que se perfilaba y delegó la responsabilidad en el segundo electo de su lista, Emilio Eiroa, decisión que fue aceptada por ambos partidos.

La tercera legislatura (1991-1995)

Las nuevas Cortes quedaron constituidas el 20 de junio de 1991, en sesión plenaria en la que los diputados eligieron para su Presidencia a Ángel Cristóbal Montes, entonces ya militante del PP, después de haberlo sido del PSOE y de haber participado como independiente en las listas del CDS. Los días 9 y 10 de julio transcurrió la sesión de investidura, en la que el candidato Emilio Eiroa obtuvo a su favor la ajustada mayoría absoluta constituida por los 34 votos de los partidos coaligados, mientras que los restantes 33 de las demás formaciones fueron en contra. Se manifestaba una acusada polarización, que iba a ser el signo de una legislatura bronca y convulsa.

El BOA del día 12 publicó los Reales Decretos de 11 de julio por los que se dispone el cese de don Hipólito Gómez de las Roces y se nombra Presidente de la Diputación General de Aragón a don Emilio Eiroa García. Una semana después, el día 19, aparece la composición del nuevo Gobierno (que toma posesión en la misma fecha, con la sola presencia estatal del Delegado del Gobierno en Aragón), mediante sendos Decretos presidenciales del 17 de julio; como Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales repite JoséÁngel Biel, mientras que Santiago Lanzuela y José Urbieta, del PP, lo hacen, respectivamente, en Economía y en Agricultura, Ganadería y Montes, a los que se une, por este mismo partido, Rafael Zapatero en Industria, Comercio y Turismo; todos los demás Consejeros son del PAR: Luis Acín en Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; Fernando Labena en Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; Blanca Blasco en Cultura y Educación, y José Alberto García-Atance como Consejero sin cartera para Asuntos de la Comunidad Europea.

Las novedades más llamativas de este Gobierno eran, por una parte, la aparición –por única vez aquí, hasta ahora– de esta figura de colaborador político del Presidente, del más alto rango pero sin estructura departamental; y por otra, la ausencia de Consejero de Hacienda. Esta sorprendente situación era, sin embargo, contradicha por el Decreto 131/1991 (BOA de 28 de agosto), de estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la que figuraba, entre las demás, la del Departamento de Hacienda, aunque esta disposición no fue acompañada de nombramiento de Consejero para esa responsabilidad. Algo más adelante, la Ley 7/1991 (BOA de 30 de octubre) modificaba el apartado 1 del artículo 31 de la Ley 3/1984, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el sentido de sustituir la denominación del Departamento que en ésta era de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes por la de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes (la que se había utilizado para el nombramiento del correspondiente Consejero en este Gobierno, como también lo había sido en el anterior sin que se llevara a cabo la modificación legal), y de considerar otra vez como un solo Departamento el de Economía y Hacienda, derogando, además, expresamente, el Decreto presidencial de 31 de julio de 1987, que había obrado su separación en dos. En consecuencia, el BOA de 4 de noviembre publicaba los Decretos de la Presidencia fechados el 31 de octubre por los que se disponía el cese de Santiago Lanzuela como Consejero de Economía y se le nombraba Consejero de Economía y Hacienda, con lo que se normalizaba la situación. Algunos meses después, la Ley 7/1992 (BOA de 3 de junio) modificaba otra vez, ahora más radicalmente, el citado artículo 31 de la Ley del Presidente, deslegalizando la facultad de estructuración del Gobierno

para superar las dificultades que la rigidez de la norma legal suponían en cuanto a la adecuación de cada Ejecutivo a sus específicos objetivos programáticos: “La Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en Departamentos, cuya creación, extinción o modificación de su denominación o competencias se llevará a cabo mediante Decreto de Presidencia, dentro del límite total de los créditos consignados en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.”

Formalizada ya definitivamente la composición del equipo de gobierno que iba a regir la Comunidad Autónoma sin más cambios durante los dos primeros años de su mandato, en este período vieron la luz hasta veinticinco leyes, de las que merecen señalarse, aparte de las dos modificatorias de la 3/1984 que acaban de citarse, las siguientes: la Ley 2/1992, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza; la Ley 9/1992, del Voluntariado Social; la Ley 10/1992, de Fianzas de Arrendamientos y otros Contratos; Ley 11/1992, de Ordenación del Territorio; la Ley 12/1992, de Caza; la ya citada Ley 14/1992, de Patrimonio Agrario y de Medidas de Reforma y Desarrollo Agrario (que reemplazaba a la del año anterior); la Ley 1/1993, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social; la Ley 2/1993, de creación del Instituto Aragonés de la Mujer; la Ley 4/1993, del Deporte; la Ley 5/1993, sobre Inspección y Procedimiento en materia de Actividad Turística; la Ley 6/1993, de Carreteras, y la Ley 8/1993, reguladora de la distribución del Fondo Aragonés de Participación Municipal. Además, por supuesto, de las leyes de Presupuestos, que, por mor de las circunstancias políticas, en 1992 y 1993 fueron aprobadas con notable demora, ya bien avanzado el correspondiente ejercicio (ambas en la fecha 4 de mayo). Y también debe citarse otra modificación legislativa más –y más extensa– de la Ley del Presidente de 1984, la realizada por la Ley 3/1993, de 15 de marzo, para acomodar sus disposiciones a las normas básicas de ámbito estatal establecidas por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuestiones tales como la nueva configuración del ejercicio de las competencias por los órganos de la Administración, las formas de delegación, el silencio administrativo, el sistema de recurso, el funcionamiento de los órganos colegiados o el ejercicio de la potestad reglamentaria, entre otros  [5] .

En reunión del 21 de enero de 1992, la Diputación General acordó utilizar la denominación Gobierno de Aragón y el símbolo o logotipo de la bandera de Aragón ondeante en las comunicaciones de carácter no administrativo correspondientes a actuaciones del Ejecutivo, reservando la denominación Diputación General de Aragón y el escudo oficial de la Comunidad Autónoma para las comunicaciones institucionales y administrativas. Esta decisión, plasmada en un Manual de Aplicación de Identidad Gráfica que contiene la normativa y las instrucciones para utilizar correctamente los elementos identificadores, constituyó el primer paso en el proceso de progresiva sustitución del término introducido en el Estatuto de Autonomía de 1982 –con intención de un simbólico entronque con la histórica Diputación del Reino– por el que ha terminado imponiéndose en el de 2007, donde el sintagma Diputación General de Aragón ha quedado reducido a una simple mención testimonial. La postergación se debe, en alguna medida, quizá

precisamente a la misma vocación historicista del nombre, pero, sobre todo, a que su similitud al de las instituciones provinciales daba lugar a un cierto confusio

nismo entre buena parte de la población, a la que sugeriría más la imagen de otra entidad local que la de un verdadero Gobierno autonómico.

El 30 de junio, como consecuencia del debate de un dictamen sobre criterios de política hidráulica elaborado por la Diputación General, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad una resolución por la que se establecía el Pacto del Agua, que contenía la previsión de importantes inversiones en obras de regulación y regadíos, el rechazo de toda posibilidad de trasvase de las aguas de la cuenca del Ebro a otras y la garantía de una reserva hidrológica evaluada en 6.550 hectómetros cúbicos.

En enero de 1993 finalizó el período de mandato de Emilio Gastón como Justicia de Aragón. Tanto el PAR como CAA-IU se mostraron dispuestos a apoyar su reelección, pero la negativa del PSOE y del PP retrasó varios meses el nombramiento, que, tras las oportunas negociaciones, y acreditado por el Presidente de las Cortes, recayó en Juan Bautista Monserrat (BOA de 10 de mayo de 1993). Este asunto reveló que, además de las fuertes discrepancias que enfrentaban a Gobierno y oposición, existían también desavenencias en el seno de la coalición gobernante, entre los dos partidos que la sustentaban.

Por lo demás, el 23 de octubre de 1991 resultó afortunadamente fallida una tentativa de atentado de ETA mediante colocación de una bomba junto a la Comisaría de Policía de Delicias. El 18 de diciembre del mismo año publicó el BOA el Decreto por el que se concedía la Medalla Juan de Lanuza a José Antonio Labordeta, “por su continuado trabajo en defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y de las libertades públicas en Aragón”. Por esas mismas fechas, el Ayuntamiento de Zaragoza cedió el palacio renacentista de Armijo, en la calle Don Juan de Aragón, para sede del Justicia de Aragón, una vez que fuera rehabilitado según el proyecto de los arquitectos Manuel Fernández e Isabel Elorza.

En enero de1992 se creó el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón y se anunció la construcción de una macrocárcel en Zuera, lo que suscitó fuerte contestación vecinal y de algunas fuerzas políticas. En febrero, el Presidente presentó a la Asamblea de la Regiones de Europa, reunida en Mannheim, el Libro Blanco de Cooperación Transfronteriza. En junio, el Gobierno aragonés, en busca de futuros inversionistas, dio a conocer su Plan Estratégico Regional en París, y en julio lo hizo en el Hotel Ritz de Madrid. En septiembre, el Ministro de Obras Públicas comunica la adjudicación de las obras del túnel carretero del Somport. El 1 de abril de 1993, la Diputación General emitió una declaración institucional de condolencia por el fallecimiento del Conde de Barcelona, padre del Rey. En las elecciones legislativas celebradas el 6 de junio de 1993, el PSOE, aunque ganador por cuarta vez consecutiva (con 159 escaños), perdía la mayoría absoluta y veía acercarse sensiblemente al PP (141 escaños); en Aragón, salieron siete diputados socialistas y cuatro populares, IU conservaba el suyo y el PAR el que venía manteniendo casi interrumpidamente (salvo en el período 1982-86) desde 1979.

Desde el primer momento de su mandato, el Presidente Eiroa abundó en el empeño de reformar el Estatuto de Autonomía para equipararlo, tanto en competencias como en facultades político-institucionales, a los de las llamadas nacionalidades históricas, conceptuación que debería corresponder también a Aragón, de pleno derecho. Tras expresar públicamente, en agosto de 1991, su rechazo a las manifestaciones del President de la Generalitat de Catalunya, Pujol, oponiéndose a la homogeneización competencial de las Comunidades Autónomas, en septiembre se entrevista con el Ministro de Administraciones Públicas, Eguiagaray, para darle a conocer la irrenunciable aspiración aragonesa de autonomía plena; pero en octubre, en el palacio de la Moncloa, el Presidente González le transmite su opinión, favorable a aumentar el techo competencial pero sin incluir de momento en el proceso las cruciales transferencias de Educación y Sanidad, ni modificar otros aspectos organizativos del Estatuto, lo que agudizó las discrepancias entre ambos Gobiernos y la sensibilización autonomista y nacionalista de grandes sectores de la sociedad aragonesa, muy críticos también con algunos mensajes del Presidente de las Cortes, Ángel Cristóbal, contrarios a los nacionalismos.

El 1 de febrero de 1992, el PSOE y el PP pactaron unos nuevos Acuerdos autonómicos, dirigidos a ordenar la aplicación de lo previsto en el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución, abriendo un proceso de reformas estatutarias para la ampliación competencial, dentro del marco establecido en el artículo 149, a las Comunidades Autónomas de la vía lenta, una vez ampliamente transcurridos los cinco años desde la aprobación de los respectivos Estatutos que se fijaban en aquel apartado. Coincidentes ambos partidos nacionales mayoritarios en los principios de la política autonómica, pudo aprobarse la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución Española, con lo que se iniciaba el período para la reforma de los Estatutos concernidos.

Pero se trataba de una reforma limitada, legalmente muy tasada y que para el PAR y para IU era claramente insuficiente; el PSOE la defendía con vigor, y el PP mantenía una postura algo ambigua. El Presidente se reunió con más de setenta instituciones y organizaciones sociales de Aragón, buscando un apoyo general para impulsar una reforma más amplia y profunda del Estatuto aragonés. Así, la manifestación convocada para el día de San Jorge de 1992 reunió a más de cien mil personas enfervorizadas reclamando la plenitud de autonomía para Aragón; y unos diez mil se manifestaron el 15 de noviembre en la madrileña Carrera de San Jerónimo, ante el Congreso de los Diputados, donde el todavía Justicia Gastón y el cantautor Labordeta leyeron un manifiesto reivindicativo. Pocas semanas antes, el Ministerio de Administraciones Públicas había reiterado su negativa a la concesión a corto plazo de la autotomía plena.

Así que, sin perjuicio de que el Gobierno de Aragón tramitara una Ley de reforma del Estatuto ajustada a las disposiciones de la Ley Orgánica 9/1992, el PAR, con el apoyo de IU, presentaba en las Cortes (el 30 de diciembre de 1992) un texto mucho más ambicioso, lo que abría nuevas fisuras en la coalición. A finales de febrero de 1993 se debatirían sucesivamente en el pleno de las Cortes las proposiciones de ley de reforma amplia presentadas por los grupos parlamentarios.

En enero de ese mismo año, Ministerio de Obras Públicas difundió una nota en la que se pronunciaba por la necesidad de los trasvases hidráulicos para combatir la sequía padecida por las regiones levantinas y meridionales de España, a lo que Gobierno aragonés hizo público un comunicado oficial exigiendo la previa regulación del Ebro, la redacción del plan hidrológico de cuenca y del plan hidrológico nacional, y la evaluación de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo de Aragón. Esta incidencia vino a aumentar las tensiones políticas y el fervor aragonesista, de tal manera que la manifestación del 23 de abril de 1993, en la que a la reivindicación de la autonomía plena se unió la del rechazo del trasvase, fue aún más multitudinaria que la anterior (se cifró en ciento cincuenta mil personas), pese a que el PSOE, condicionado a nivel regional por la postura de su cúpula federal y la del Gobierno español, se había desligado de la convocatoria, que algunos de sus líderes criticaron duramente, si bien dio libertad de decisión a sus militantes. Un mes más tarde, el nuevo presidente nacional del Partido Popular, José María Aznar, aseguraba en Zaragoza que no impulsaría trasvases del Ebro y se comprometía a cumplir los compromisos sobre necesidades hídricas de Aragón fijados en el Pacto del Agua.

De manera que durante este tiempo se producía un desgaste de la imagen de los socialistas aragoneses, condicionados por la política nacional de su partido, que los enfrentaba a las aspiraciones del pueblo aragonés. Conscientes de ese deterioro (al que también contribuía el conocimiento de algunas cuestiones poco claras en el manejo de los fondos públicos en el Ayuntamiento de la capital y por parte del Alcalde), decidieron pasar, bajo la dirección del Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, José Marco, a una fuerte ofensiva contra el Gobierno, pero más específicamente contra el PAR –tratando de ahondar sus visibles diferencias con el coaligado PP–, y promovió una campaña de desprestigio basada en algunos asuntos concretos, como el coste del pabellón de Aragón en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 o, sobre todo, el convenio firmado en julio de 1993 por la Diputación General (que había fracasado en sus intentos de poner en marcha el tercer canal televisivo público en la Comunidad Autónoma) con la empresa Antena 3 TV para que ésta se comprometiera a emitir durante tres años una programación propia para Aragón, a cambio de recibir el edificio e instalaciones adecuados para ello y una compensación de mil doscientos millones de pesetas anuales, gasto que se tachaba de excesivo. A ello se añadió, desde febrero de 1992, una novedad parlamentaria: un oscuro diputado del PP, Gomáriz, abandonaba sus filas, por motivos nunca bien aclarados, y, al amparo del Reglamento de las Cortes, se constituía individualmente en Grupo Mixto, con lo que, no sometido a disciplina de voto, ponía en serio riesgo la gobernabilidad, dado que la coalición gobernante perdía con ello la mayoría absoluta que la había llevado al poder autonómico. El diputado tránsfuga permaneció casi un año sin cambiar el signo de su voto, pero lo hizo ya en enero de 1993 contra el proyecto de Ley de Presupuestos para ese ejercicio, que, por ello, hubo de ser devuelto al Ejecutivo para su modificación. A partir de ese momento, la incertidumbre política se cernió sobre el Gobierno en minoría, que, sin embargo, logró superar, con la suma del voto incierto, el debate del estado de la Región celebrado en el mes de julio. Pero, planteada, tras el verano, una moción de censura por el PSOE, y sustanciada en las Cortes los días 15 y 16 de septiembre, contó, en la votación final, con el apoyo de los diputados socialistas, el de IU… y el del Grupo Mixto (que no justificó de forma convincente su trascendental decisión). Treinta y cuatro votos contra sólo treinta y tres del Gobierno, al que la censura triunfante hacía caer.

Con este resultado, quedaba automáticamente investido Presidente de la Diputación General el jefe de la oposición parlamentaria impulsora de la moción de censura, José Marco (al que sucedía Pascual Marco en la Presidencia de la Diputación zaragozana). El período de su mandato se limitaba al tiempo que quedaba de la tercera legislatura, ya que el triunfo de una moción de censura no comportaba el inicio de una nueva ni la renovación de la Cámara.

En el BOA del 17 de septiembre de 1993 se publican los Reales Decretos, fechados el día anterior, con el cese de Emilio Eiroa y el nombramiento de José Marco, respectivamente. La toma de posesión se produjo en esa misma fecha (la inmediata a la del desenlace de la moción), que es también la de los Decretos presidenciales, publicados en el BOA del día 18, mediante los que se modifica la organización en Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma y se nombran los siguientes Consejeros: Ramón Tejedor en Presidencia y Relaciones Institucionales; Eugenio Nadal en Economía y Hacienda; Isidoro Esteban en Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; Simón Casas en Agricultura, Ganadería y Montes; José Antonio Cid en Industria, Comercio y Turismo; Rafael Gómez-Lus en Sanidad y Consumo; Antonio Calvo en Bienestar Social y Trabajo (el área social se desgajaba de la sanitaria ante la perspectiva de recepción de competencias en materia laboral); Pilar de la Vega en Educación y Cultura (donde se invertía el orden de los términos de la denominación, en previsión de las transferencias en materia de enseñanza); y Jesús Muro en Medio Ambiente (éste último Consejero compartía con el de Sanidad la condición de independientes; el de Industria había sido Secretario General de la UGT aragonesa y militaba, como los demás, en el PSOE).

Pero el Gobierno no pudo mantener esta composición intacta ni siquiera durante los escasos veinte meses que quedaban de la legislatura. El peculiar estilo de hacer política de Marco, algunas actuaciones polémicas que impuso (y que, al requerir excesivas “flexibilidades” en materia de autorización de gastos, provocó la dimisión, para no someterse a ello, del Interventor General, José María Rodríguez Jordá) y su implicación como imputado en procesos penales (denuncia por calumnias al anterior Consejero de Economía y Hacienda, presunta malversación de fondos públicos en la Diputación Provincial por la compra de un sillón, querellas por la contratación de ciertos servicios de dudosa licitud, como el de espionaje a diversas personalidades políticas, incluso de su propio equipo gu berna mental…), fueron factores que incrementaron el nivel de crispación en las instituciones, dieron al traste con el apoyo de IU al Ejecutivo (lo que permitió la apertura en las Cortes de comisiones de investigación, alguna de las cuales dictaminó responsabilidades políticas del Presidente) y crearon fuertes tensiones entre sus miembros, algunos de los cuales manifestaron opiniones muy críticas sobre la situación. En junio de 1994 dimitieron José Antonio Cid y Pilar de la Vega; en el BOA del día 23 se publican los Decretos de sus ceses, y también el de Jesús Muro, aunque éste para ser nombrado Consejero de Industria, Comercio y Turismo en sustitución del dimitido; otro Decreto nombraba, para sustituirle a él en Ordenación Territorial, al socialista José Manuel de Gregorio, mientras que para Educación y Cultura era designada, Ángela Abós, del PSOE. No mucho después, en el BOA de 2 de septiembre aparece el cese de Gómez-Lus, quien había alegado motivos de salud para su renuncia, y era reemplazado en Sanidad y Consumo por el independiente Vicente Comet (que ya había sido Consejero de ese mismo ramo en 1983). No acabó todo ahí, porque el 12 de enero de 1995, el BOA daba cuenta de los Decretos del día anterior por los que se disponía el cese (que también fue a petición propia) de Eugenio Nadal y el correlativo nombramiento del, como él, militante socialista Ángel Gimeno. Sólo una semana después, cercado política y judicialmente y en un clima social de creciente hostilidad, el Presidente Marco se vio obligado a dimitir a su vez, lo que se explicitó en el Real Decreto de 19 de enero de 1995, de cese, que transcribió el BOA del día 20. Asumió la Presidencia de la Diputación General en funciones el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Ramón Tejedor Sanz, quien se mantuvo en el cargo, sin más alteraciones del Gobierno, hasta la constitución de las nuevas Cortes tras las elecciones del 28 de mayo de aquel año; período que transcurrió con ambiente de provisionalidad y tregua política, de más calmado funcionamiento institucional y menor incidencia de polémicas públicas (como si se hubiera tratado de una especie de signo premonitorio, Tejedor había tenido ya que presidir la primera reunión del Gobierno surgido de la moción de censura, celebrada el 20 de septiembre de 1993, porque el recién investido Presidente fue hospitalizado ese mismo día por una alarma de afección cardiaca, de la que fue dado de alta a las veinticuatro horas, afortunadamente sin secuela alguna).

El acontecimiento legislativo más relevante de esta época fue la aprobación por las Cortes Generales de la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que publicó el BOA de 6 de abril. Se limitaba a la aplicación de lo previsto en la Ley Orgánica 9/1992, que desbloqueó el proceso de ampliación de competencias a las Comunidades Autónomas de la vía lenta, y, por lo tanto, sólo modificaba los artículos 35, 36 y 37 (ampliando las listas de materias sobre las que correspondía a Aragón la competencia exclusiva, la de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado y la de mera ejecución, respectivamente), así como el 41, que ahora atribuía el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, lo que suponía un significativo aumento de las capacidades jurídico-administrativas –y de las nóminas de personal– de la Comunidad Autónoma.

De las veintisiete leyes aprobadas por las Cortes de Aragón durante esta segunda fase de la tercera legislatura, la primera fue la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón (cuyo proyecto, presentado meses antes por el Gobierno anterior, había visto acelerada su tramitación a instancias del nuevo, en cumplimiento de una de las exigencias de IU para apoyar la moción de censura), que ponía los cimientos para la estructuración territorial de Aragón en entes comarcales, como el Estatuto preveía, iniciando con ello el proceso legal que tardaría varios años en culminarse. Inmediatamente, con fecha 2 de diciembre, un paquete de cuatro leyes de concesión de créditos extraordinarios destinados a proporcionar considerables ayudas económicas a las Entidades Locales financiando actuaciones del Plan de Empleo de Aragón, una de ellas (12/1993) a desarrollar mediante adquisición de bienes inmuebles, según convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, y las otras tres (13, 14 y 15/1993) a desarrollar mediante convenio con los Ayuntamientos de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, respectivamente, y para ampliación del Fondo Aragonés de Participación Municipal, lo que dio pie a un fuerte despliegue publicitario del Gobierno de Aragón, mediante llamativos carteles en todas las localizaciones de las obras públicas así financiadas. El citado Fondo de Aragonés de Participación Municipal fue posteriormente regulado por la Ley 2/1994. Hubo varias leyes de aprobación de suplementos de crédito y créditos extraordinarios, de concesión de subvenciones y de liquidación de deudas (las contraídas por la Asociación Jaca Olímpica) y, además de las anuales de Presupuestos, son de mencionar la Ley 3/1994, de creación del Parque Posets-Maladeta, modificada a los tres meses por la Ley 8/1994; la Ley 5/1994, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza; la Ley 9/1994, reguladora de los Planes de Desarrollo de los Fondos Estructurales de la Unión Europea; la Ley 10/1994, de modificación de la Ley de Caza; la Ley 1/1995, del Presidente y del Gobierno de Aragón, que venía a sustituir parcialmente a la Ley de 1984 del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo referente a la organización y funcionamiento de los órganos políticos (los administrativos serían objeto de una Ley posterior) y, entre otras cosas, creaba la Comisión Jurídica Asesora como alto órgano consultivo del Gobierno aragonés; la Ley 3/1995, de modificación de la Ley Electoral de 1987 en cuestiones relativas a los gastos electorales; y la Ley 4/1995, de modificación de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Sucesión Intestada.

En el conjunto de la legislatura, la Diputación General se vio demandada en cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Nación contra leyes autonómicas (dos de los cuales fueron parcialmente estimados y los demás terminaron por desistimiento), pero también en tres cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (estimadas al menos dos) y en dos recursos de amparo constitucional (estimado uno y sólo parcialmente el otro); mientras que el Gobierno de Aragón recurrió dos veces ante el Constitucional frente al Estado (desistió en una y obtuvo estimación parcial en la otra).

Desbloqueado el proceso de transferencias por los Acuerdos Autonómicos de principios de 1992, comenzaron inmediatamente a negociarse las de aquellas materias susceptibles de inclusión en las próximas reformas estatutarias de carácter competencial, y Aragón fue recibiendo sucesivamente las de Transportes por Carretera y Cable (R.D. 1476/1992, que convertía en competencia autonómica lo que había sido objeto de delegación de facultades por obra de la Ley Orgánica 5/1987), Colegios Oficiales y Profesionales (R.D. 212 /1993), Radiodifusión (R.D. 2163/1993), Mutualidades de Previsión Social no integradas en la Seguridad Social

(R.D. 1050/1994), Cámaras de la Propiedad Urbana (R.D. 1051/1994), Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (R .D. 1052/1994), Espectáculos (R.D. 1053/1994), Asociaciones (R.D. 1054/1994), Casinos, Juegos y Apuestas (R.D. 1955/1994), Defensa contra Fraudes y Calidad Agroalimentaria (R.D. 562/1995), Cámaras Agrarias (R.D. 564/1995), Sociedades Agrarias de Transformación (R.D. 565/1995), cooperativas (R.D. 567/1995), Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (R.D. 568/1995), Fundaciones (R.D. 569/1965), Ferias Internacionales (R.D. 571/1995) y Ejecución de la Legislación Laboral (572/1995), además de varios de valoración definitiva del coste efectivo y ampliación de medios: en materia de Cultura (RR.DD. 1474/1992, 2296/1993 y 1049/1994), Protección de Menores (R.D. 1475/1992), Reforma y Desarrollo Agrario (R.D. 563/1995) e Industria (R.D. 570/1995). Todo lo cual supuso un discreto incremento del volumen de los recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuyas plantillas de personal también venían creciendo, en proporciones moderadas, como resultado de la realización de los procesos selectivos (de oposición o concurso-oposición para funcionarios y personal laboral) convocados en cumplimiento de las sucesivas ofertas de empleo público aprobadas anualmente por la Diputación General.

Con rango de Decreto se modificó la organización en Departamentos (17 de septiembre de 1993, del Presidente), se desarrolló la estructura orgánica (114/1993), se suprimieron la Gerencia de Programación del Espacio Pignatelli (116/1993) y el Instituto Aragonés de Medio Ambiente, asignándose sus competencias al novedoso Departamento (119/1993), se asignaron también funciones a las Secretarías de la Secretaría General de la Presidencia (109/1994), se modificó parcialmente la regulación de los Gabinetes de los Consejeros (117/1993), se crea ron la Gerencia de Servicios de Ventanilla Única (198/1993), el Instituto Ara gonés de Estadística (208/1993), la Comisión Interdepartamental de Subvenciones y Ayudas Públicas (30/1994), la Comisión de Suministros Centralizados (110/1994) y la Comisión Aragonesa de Derecho Civil (162/1994), se adecuaron los procedimientos en materia de personal a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (36/1994), se regularon el Ingreso Aragonés de Inserción, en desarrollo de la Ley 1/1993 (57/1994), y las Ediciones de la Diputación General de Aragón (97/1994), y se aprobó el Plan Territorial de Protección Civil (109/1995).

En cumplimiento de una previsión de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, el Gobierno impulsó la constitución de las Comisiones Mixtas de Transferencias para negociar con las Diputaciones Provinciales el traspaso de la titularidad de las funciones, servicios y establecimientos sanitarios de éstas a la Comunidad Autónoma, que debía asumirlos; las negociaciones condujeron a acuerdos en los casos de Huesca y Zaragoza (no así en el de Teruel, cuya Corporación era de signo político contrario), que se trasladaron a los Decretos 107/1995 y 143/1995. Pero, antes de ser efectivos, serían revisados de oficio y anulados, previos los preceptivos informes de la Comisión Jurídica Asesora, mediante sendos Acuerdos del Gobierno autonómico siguiente, en mayo de 1997 (publicados en el BOA de 16 de julio de 1997), por manifiesta infracción legal de la metodología para la valoración de los costes efectivos de ambas transferencias, con resultado lesivo para los intereses económicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Además, el Gobierno aragonés anuló el convenio suscrito por el anterior Ejecutivo con Antena 3TV y solicitó al Gobierno español la concesión del tercer canal de televisión para servicio de la Comunidad Autónoma. También solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro la inclusión del Pacto del Agua en el Plan de la Cuenca. Encargó la redacción de un Plan Director de las obras de restauración de La Seo de Zaragoza. Compró al Ayuntamiento zaragozano el edificio del antiguo colegio de los Hermanos Maristas –que también había sido sede de un Instituto de Enseñanza Media–, con entradas por la calle de San Vicente de Paúl y la plaza de San Pedro Nolasco, con el fin de habilitarlo para dependencias de la Administración autonómica, que en principio habrían de ser las de los servicios provinciales de varios Departamentos. Apoyó la candidatura de Jaca como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Concertó con los Gobiernos de Navarra y de La Rioja la puesta en marcha del programa Ebrotrasplantes, para cooperar en materia de donación, extracción y trasplante de órganos y tejidos. Firmó un convenio con el Instituto Europeo de Administración Pública, de Mäastricht, de colaboración en la formación de los funcionarios para la modernización de la Administración Pública desde la perspectiva de la integración en la Unión Europea, y teniendo en cuenta que, al entrar en vigor el Tratado firmado el 7 de febrero de 1992 en aquella ciudad holandesa (y en vigor desde el 1 de noviembre de 1993), se había constituido ya el Comité de Regiones, del que Aragón formaba parte. Concedió la Medalla de Aragón al periódico Heraldo de Aragón y la Medalla a los Valores Humanos, a título póstumo, al embajador aragonés don Ángel Sanz Briz, que salvó de la persecución nazi a numerosas personas (y que, poco antes, había recibido también el Premio del Justicia de Aragón). Cerca ya del final de la legislatura, manifestó su repulsa por el atentado terrorista fallido sufrido por el líder nacional de la oposición, Aznar.

Los Reyes visitaron Caspe y Sos del Rey Católico en octubre de 1993; la Infanta doña Elena de Borbón lo hizo a Jaca en febrero de 1995 para visitar las instalaciones de la Universiada de aquel año, cuya Presidencia de Honor había aceptado el Príncipe de Asturias. También viajó a Aragón, para una reunión de trabajo, el Presidente constitucional del Gobierno de Andorra.

El BOA de 4 de abril de 1995 publicó el Decreto del día anterior, firmado por Tejedor como Presidente en funciones de la Diputación General, para convocar las elecciones a las Cortes de Aragón, que se celebrarían el 28 de mayo. El electorado aragonés infligió un duro castigo al PSOE, que perdió trece escaños, quedando con tan sólo 19, frente a 27 del PP, que estaba en claro ascenso por doquier; el PAR tuvo que conformarse con 14, pues perdía tres, mientras que Izquierda Unida ganaba cuatro y quintuplicaba su magra representación, y CHA conseguía, por primera vez, situar dos diputados en el parlamento aragonés (resultados meramente testimoniales habían obtenido la Federación de los Pueblos Independientes de España PIE, Falange Española de las JONS y S.O.S. Naturaleza). En definitiva, amplia mayoría de la derecha, en su conjunto, que la ponía en condiciones de recuperar el poder en la Comunidad Autónoma, aunque ahora con claro predominio del Partido Popular, que también se imponía en las principales Corporaciones Locales del territorio y colocaba, en Zaragoza, a José Ignacio Senao como Presidente de la Diputación Provincial y a Luisa Fernanda Rudi como primera –y hasta el momento, única– Alcaldesa de la historia cesaraugustana.

La cuarta legislatura (1995-1999)

El 28 de mayo de 1995 quedaron constituidas las nuevas Cortes, cuya presidencia recayó, en virtud del nuevo pacto de coalición PP-PAR, en Emilio Eiroa, Presidente del Gobierno de la anterior coalición PAR-PP. La de ahora hizo fácil la investidura del candidato, Santiago Lanzuela Marina, que se produjo el 7 de julio, para que el BOA de 11 de julio publicase el Real Decreto del día 8 con su nombramiento como Presidente de la Diputación General de Aragón.

Ante la constitución del nuevo Gobierno, se había creado una cierta expectativa de regeneración del clima político frente al anterior enrarecimiento. Una respuesta parcial a esa expectativa fue la organización en Departamentos, que, contenida en el Decreto presidencial de 11 de julio (BOA del 12), los reducía a seis, así como la apuesta por una acreditada capacidad técnica en los nombramientos, mediante un reparto tripartito: dos militantes del PP para Departamentos con fuerte contenido horizontal, dos del PAR para Departamentos sectoriales y dos independientes para uno horizontal y otro sectorial. Los Decretos presidenciales de 11 de julio (publicados en el mismo número del BOA que el anterior) dan la siguiente composición del Gobierno: el independiente Manuel Giménez Abad en Presidencia y Relaciones Institucionales; Rafael Zapatero (PP) en Economía, Hacienda y Fomento (que abarcaba las áreas de Industria, Comercio y Turismo); José Vicente Lacasa (PP) en Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes; José Manuel Lasa (PAR) en Agricultura y Medio Ambiente; Fernando Labena (PAR) en Sanidad, Bienestar Social y Trabajo; y Vicente Bielza (independiente) en Educación y Cultura. Antes de que el mandato de este Gobierno pasara su ecuador, se produjo la renuncia de Zapatero (parece que atendiendo a una atractiva oferta del mundo empresarial), cuyo cese se sustancia en el Decreto de 8 de mayo de 1997, publicado en el BOA del día 9, lo mismo que el de nombramiento de su sustituto como Consejero de Economía, Hacienda y Fomento, José María Rodríguez Jordá, funcionario independiente al que Lanzuela había rescatado de su exilio voluntario en la Delegación de Hacienda de Zaragoza (a la que había vuelto tras su enfrentamiento con Marco), para convertirlo en colaborador muy próximo, como Secretario General de la Presidencia. Por su parte, Giménez Abad –que imprimió a su cometido un estilo moderado, dialogante y conciliador, apreciado por todas las fuerzas políticas– pasaría, en el último tramo de la legislatura, a la militancia en el PP, del que sería nombrado presidente regional.

También en el ámbito nacional se registró el acceso de ese partido al poder, como consecuencia de los resultados de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, que el Gobierno socialista, acosado por una confluencia de graves problemas políticos y judiciales, se vio obligado a convocar anticipadamente, y en las que perdieron dieciocho escaños, quedando con 141, los mismos que en las anteriores el PP, que ahora llegaba a los 156; de los cuales, ocho correspondían a la coalición electoral PP-PAR en Aragón, mientras el PSOE bajaba a cinco. Los resultados, con pactos para la investidura y para apoyos en actuaciones concretas concertados sobre todo con los partidos nacionalistas de derechas (CíU y PNV), le permitieron a Aznar formar Gobierno, terminando con catorce años de hegemonía del PSOE e inaugurando un período de menor conflictividad de las relaciones entre Madrid y el Ejecutivo aragonés.

Este período se caracteriza por un sustancial avance autonómico. En primer lugar, por la importancia social, económica y burocrática de los traspasos de competencias que se producen: Universidades (R.D. 96/1996), Instituto Nacional de Servicios Sociales INSERSO (R.D. 97/1996), Mediadores de Seguros (R.D. 494/1997), Gestión de la Formación Ocupacional (R.D. 300/1998), Enseñanza No Universitaria (R.D. 1982/1998), ejecución de la legislación sobre Propiedad Intelectual (R.D. 611/1999), ejecución de la legislación sobre Productos Farmacéuticos (R.D. 612/1999) y Buceo Profesional (R.D. 613/1999), además de ampliación de medios para la gestión encomendada del Fondo Especial de Garantía Agraria (RR.DD. 513/1196 y 619/1997) y del Servicio de Migraciones y Servicios Sociales IMSERSO (R.D. 299/1998), Protección a la Mujer (R.D. 301/1998) y Juventud TIVE (R.D. 301/1998). Con este conjunto de transferencias queda en gran medida satisfecho el ámbito competencial establecido en la reforma estatutaria de 1994, a la espera únicamente de las del INSALUD, cuya compleja negociación todavía se demora. El personal transferido en algunas de esas materias (INSERSO y Enseñanza, sobre todo), y sin sumar el de la Universidad de Zaragoza (porque la autonomía universitaria implica un régimen separado), eleva el conjunto de los recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma aragonesa a un total de unos veinticinco mil efectivos, al final de la legislatura.

Pero, además, el BOA de 8 de enero de 1997 publica la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto. Se trataba, ya, de la anhelada reforma amplia, que por fin había logrado el consenso de los grupos parlamentarios aragoneses, capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto elevado a las Cortes Generales para su aprobación definitiva. En él, además de la ampliación de las competencias, se instauraban novedades de importancia para el funcionamiento de las instituciones del autogobierno, especialmente las facultades del Presidente de la Diputación General para plantear ante las Cortes de Aragón la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general y para acordar, bajo su exclusiva responsabilidad, la disolución de las Cortes de Aragón con anticipación al término natural de la legislatura, mediante Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones, así como de nombrar Consejeros sin atenerse al límite máximo de diez con responsabilidades políticas directas que imponía el Estatuto antes de la reforma. Desde ahora, el cargo de Diputado podría ser remunerado (no tardaría en serlo) y los nombramientos de Directores Generales no tendrían que recaer necesariamente en funcionarios (aunque la mayor parte lo seguirían siendo). También se introducía la posibilidad de convenir con el Estado la adscripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía (en defecto de la solicitada creación de una Policía autonómica) y de suscribir un acuerdo bilateral relativo a la financiación de la Comunidad Autónoma. Lo más llamativo, desde el punto de vista simbólico, era la introducción –no exenta de polémica– de la palabra nacionalidad en el artículo primero: Aragón, en expresión de su unidad e identidad históricas, como nacionalidad, en el ejercicio a la autonomía que la Constitución Española reconoce, accede a su autogobierno… ; a la que seguía, en un nuevo apartado segundo, la declaración de que los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón proceden de la Constitución y del pueblo aragonés en los términos del presente Estatuto; todo ello con el ánimo confesado de lograr la equiparación total del poder autonómico de Aragón con los de los territorios que venían siendo considerados y tratados por el Estado como nacionalidades históricas.

Fueron cincuenta y dos las leyes aprobadas a lo largo de esta legislatura, de las que cabe destacar algunas referidas a la organización: la Ley 11/1996, de la Administración de la Comunidad Autónoma (complementaria de la Ley del Presidente, aprobada el año anterior, para sustituir a la de 1984); la Ley 12/1996, de modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública; las Leyes 4/1996 y 9/1998, de creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del Instituto Aragonés de Empleo, respectivamente, así como la Ley 7/1997, reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón, y la Ley 8/1999, de reforma de la 2/1989, del Servicio Aragonés de Salud; podrían incluirse en este apartado la Ley 10/1998, de Tasas y Precios Públicos, y la Ley 1/1998, sobre Reclamaciones Tributarias. Otras avanzan en el proceso de ordenación de los entes territoriales aragoneses: la Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal (que diseña el mapa de las futuras comarcas), la Ley 7/1999, de Administración Local (que establece la regulación general del funcionamiento de las corporaciones locales), y la Ley 1/1997, del Fondo Autonómico de Inversiones Municipales (que pretendía que la gestión de estos gastos fuese más controlada por el Gobierno autonómico, lo que suscitó protestas de dirigentes locales, que preferían subvenciones no finalistas y mayor libertad de actuación). Otras aportan novedades en el ámbito del Derecho Civil propio de Aragón: la Ley 1/1999, de Sucesiones por Causa de Muerte, y la Ley 6/1999, de Parejas Estables No Casadas. Otras tienen que ver, de una manera u otra, con la vertebración del territorio: Ley 7/1998, de Directrices Generales de Ordenación Territorial; Ley 5/1999, Urbanística; Ley 8/1998, de Carreteras; Ley12/1997, de Parques Culturales; Ley 8/1998, de Espacios Naturales Protegidos; Ley 3/1999, del Patrimonio Cultural. Y otras, en fin, se refieren a aspectos varios de la intervención pública en la sociedad: Ley 1/1996, relativa a la representación de la Comunidad Autónoma en los organismos de cuenca; Ley 2/1996, de Cámaras Agrarias; Ley 10/1996, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza; Ley 3/1997, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación; Ley 8/1997, del Estatuto del Consumidor y Usuario; Ley 9/1997, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales; Ley 2/1998, de Colegios Profesionales; Ley 5/1998, de Consejos Escolares; Ley 9/1998, de Cooperativas; Ley 14/1998, de Transportes Urbanos; Ley 2/1999, de Pesca; Ley 4/1999, de Ordenación Farmacéutica. Deben añadirse dos modificaciones de la Ley Electoral: la Ley 13/1997, que establece los sistemas retributivo y de incompatibilidades de los diputados de las Cortes de Aragón, como consecuencia del final de la gratuidad del cargo representativo a que había dado paso el nuevo texto del Estatuto de Autonomía, y la Ley 10/1999, que introduce una limitación a la corrección del principio de proporcionalidad, con el fin de evitar que tal corrección, favorable a los intereses de las provincias menos pobladas (Teruel, sobre todo), lo fuese hasta el punto de desvirtuar del todo la proporción corregida prevista estatutariamente para la relación entre el número de habitantes de cada provincia y el número de escaños que se le asignan.

Sólo un recurso de inconstitucionalidad interpuso el Gobierno de la Nación frente a tal actividad legislativa (contra las Directrices de Ordenación Territorial) y fue estimado. A la inversa, también fue estimado el que la Diputación General presentó contra una ley estatal, y parcialmente estimado un conflicto positivo, mientras que fue inadmitida una demanda de amparo frente a una sentencia del Tribunal Supremo (relativa al asunto del tendido de la línea eléctrica Aragón-Cazaril, ya combatido desde la primera legislatura); y no hay constancia de resolución del conflicto positivo que la Generalitat de Cataluña planteó contra el Gobierno de Aragón en relación con el derecho de retracto sobre los bienes enajenados del Monasterio de Sijena.

En cuestión en parte similar a la recién citada, el Gobierno de Aragón decidió implicarse para apoyar al obispo de Barbastro-Monzón en la reclamación del retorno del centenar largo de obras artísticas que, procedentes de varias parroquias rurales de la zona oriental de Aragón antes dependientes de la diócesis de Lérida, retiene ésta en custodia y se muestra reticente a reintegrar a la nueva demarcación diocesana aragonesa (constituida en septiembre de 1995) en la que se inscriben los pueblos de origen de tales bienes. Se inicia un conflicto institucional que se enconará y prolongará en el tiempo, saltando de su ámbito eclesiástico natural al político por la cerrada oposición de las autoridades catalanas a autorizar la salida de las piezas, que consideran integradas en colecciones catalogadas de las que no pueden ser segregadas y para las que habilitan un museo específico, y ello a pesar de que los reiterados pronunciamientos, resoluciones y sentencias de la Nunciatura Apostólica y de las sucesivas instancias jurídicas del Vaticano han declarado sin lugar a duda el derecho de propiedad de los demandantes y la obligación de devolución que incumbe a los depositarios, la cual permanece incumplida.

Se registra una amplia producción reglamentaria [6] . Además, se constituyeron (Decretos 105 y 106/1997) sendas Comisiones para las conmemoraciones del segundo centenario de la muerte de D. Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, Conde de Aranda, y del primer centenario del nacimiento de Luis Buñuel. También se conmemoró el 250 aniversario del nacimiento de Goya, con actos oficiales en Fuendetodos presididos por S.A.R. la infanta doña Elena de Borbón (30 de marzo de 1986) y una gran exposición en el Museo de Zaragoza, inaugurada por los Reyes (3 de octubre de 1986) y clausurada con la presencia de la reina Fabiola de Bélgica (7 de abril de 1997), y el centenario del nacimiento de Miguel Fleta a lo largo del año 1998. Y se consiguió que la comunidad cartuja de Aula Dei permitiera, al fin, la entrada (sin necesidad de bula papal) de las mujeres para contemplar las pinturas goyescas de su sacristía.

Aparte de las ocasiones mencionadas, los miembros de la familia real prodigaron su presencia en Aragón: los Reyes clausuraron en Huesca el noveno centenario de la reconquista de la ciudad y asistieron en San Juan de la Peña a un acto de homenaje a los Reyes de Aragón (28 de abril de 1997), y presidieron la reapertura de La Seo zaragozana después de más de tres lustros de obras (11 de noviembre de 1998), doña Sofía visitó las obras de restauración del palacio episcopal de Albarracín (23 de octubre de 1995) y el Príncipe de Asturias presidió en Zaragoza la inauguración del I Simposio España-Europa (12 de diciembre de 1996) y los actos de conclusión de los trabajos de rehabilitación del palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón (12 de mayo de 1998) y asistió con el Presidente Lanzuela a los ejercicios tácticos de la Brigada de Caballería “Castillejos II” (20 de octubre de 1997). También el Presidente del Gobierno español, José María Aznar, se desplazó a Zaragoza y Albarracín en visita oficial ((26 de octubre de 1996).

El 31 de julio de 1996 estalló en Calatayud un paquete-bomba colocado por ETA en un concesionario de Citroën, hiriendo gravemente a sus propietarios. Sólo una semana después, el 7 de agosto, se produjo el gravísimo suceso de la inundación torrencial del camping “Las Nieves” en Biescas como consecuencia de la fuerte tormenta descargada en la cabecera del barranco de Arás (en cuyo cono de deyección, cerca de su desembocadura en el Gállego, estaba instalado), provocando una fortísima riada que se cobró ochenta y siete vidas y casi doscientos heridos; el BOA del 8 de agosto de 1996 apareció sólo para publicar el Decreto de la Presidencia del Gobierno de Aragón de la misma fecha por el que se declaran de luto, sin efectos laborales, tres días a partir de aquél.

En otros aspectos, el Gobierno aragonés inició en 1996 los estudios para un proyecto de construcción de un área logística para el transporte, en terrenos próximos al aeropuerto de Zaragoza. Y calificó de hito histórico la inclusión del Pacto del Agua en el Plan Hidrológico Nacional, en abril de 1998. A finales de este mismo año se inauguró, ya completa en todos los tramos, la autovía de Zaragoza a Huesca.

Un curioso problema jurídico se suscitó durante esta legislatura, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón manifestó públicamente, a comienzos de 1997, serias dudas sobre su propia competencia para entender en casación sobre las materias propias del Derecho Foral, dado que, siendo requisito establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial que tal competencia estuviera asumida expresamente en el Estatuto de Autonomía, resultaba que en el texto reformado de 1996 no aparecía esa mención, que sí constaba en el originario de 1982, lo que inducía a pensar en una voluntad del legislador de descartar aquella atribución, que sería, entonces, del Tribunal Supremo. Desde la Diputación General y desde los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón se alegó que la causa no era otra que un descuido involuntario en la redacción, y esta fue la tesis de la Sala de lo Civil del Supremo, que (mediante Auto de 10 de febrero de 1998) resolvió a favor de la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por estimar que la omisión estaba causada por un defecto de técnica legislativa y que en todo caso, a pesar de ella, debía darse preferencia a la lógica del sistema foral, que requeriría el mantenimiento de la competencia in situ … lo que parece una argumentación no excesivamente rigurosa en el plano de la pura juridicidad, pero evidencia una exquisita sensibilidad de los órganos judiciales centrales hacia las necesidades procesales del Derecho propio de Aragón.

El BOA de 18 de mayo de 1998 publica la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón por la que se decreta el cese de don Juan Bautista Monserrat Mesanza como Justicia de Aragón por finalización de su mandato. Su gestión había suscitado dudas en algunos grupos políticos (IU y CHA incluso solicitaron la constitución de una comisión de investigación), lo que fue suficiente para descartar su reelección. Se alcanzó, en cambio, en la sesión plenaria del día 20, unanimidad en cuanto a la persona para sucederle, Fernando García Vicente, doctor en Derecho, a la sazón fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Huesca, que era, además, profesor de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil; su nombramiento, acreditado por el Presidente de la Cámara legislativa, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón del 25 de mayo de 1998.

En ese mismo año 1998, en el ámbito judicial, el magistrado Benjamín Blasco accedió a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al jubilarse su antecesor, y permanecería en el cargo hasta su propia jubilación.

El Decreto de 19 de abril de 1999, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, aparecido en el BOA del día 20, hacía pública la convocatoria de elecciones a las Cortes de Aragón, que habrían de tener lugar el domingo 13 de junio. De los partidos que habían quedado fuera de la institución en los anteriores comicios autonómicos únicamente volvía a presentarse S.O.S. Naturaleza, ahora agrupada con Los Verdes como Grupo Verde; pero aparecían dos nuevas formaciones, el Partido Humanista (PH) y la Agrupación Regeneracionista del Territorio Aragonés (ARTA). El PP volvió a ser el más votado, elevando incluso su representación en un escaño, hasta los 28, pero el PSOE recuperaba algunas posiciones y alcanzaba 23; el PAR seguía bajando, hasta los 10 diputados (perdía cuatro), mientras que la CHA registraba lo que parecía un imparable ascenso y se situaba con 5, ganando tres, a costa, en buena medida, de IU, que, acusando, como en todas partes, el impacto de la separación de los componentes de la corriente Nueva Izquierda, incorporados al PSOE, perdía los cuatro de su incremento en la legislatura finalizada y tenía que volver a conformarse con un solitario diputado.

En las simultáneas elecciones locales, el Ayuntamiento de Zaragoza siguió como feudo del PP, por lo se mantuvo a su frente Luisa Fernanda Rudi; bien que por no mucho tiempo, ya que al año siguiente, tras las elecciones generales, fue requerida por la cúpula nacional de su partido para ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados, por lo que renunció a la Alcaldía, que recayó en su compañero José Atarés. En el conjunto de la provincia, por el contrario, la mayoría socialista impuso como Presidente de la Diputación zaragozana a Javier Lambán, dirigente del PSOE.

La quinta legislatura (1999-2003)

Los resultados de las elecciones proporcionaban, en una primera lectura, una cómoda mayoría parlamentaria a la coalición gobernante en la anterior legislatura, ya que los partidos que la sustentaban sumaban, en conjunto, treinta y ocho diputados en las Cortes de Aragón, por lo que todo parecía apuntar a una renovación del pacto. Sin embargo, el PAR atribuyó su acusada pérdida de votantes precisamente al hecho de haber cogobernado –y no sin tensiones– con el PP, por lo que, a la vista del notable crecimiento de la CHA, optó por el giro a la izquierda, con el ánimo de recuperar posiciones en esa franja del nacionalismo y no sólo en la más conservadora de sus tradicionales electores. Así que, olvidando el agravio de la moción de censura de casi seis años antes gracias a una dirección renovada del PSOE, pactó con éste el nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma, en detrimento del partido más votado pero dentro de la lógica del sistema parlamentario, cuya aritmética, por otra parte, exigió, para conseguir la mayoría absoluta, el apoyo del único diputado de IU, formación a la que, en contrapartida, se asignaría la responsabilidad de la gestión de algunas áreas de la Administración autonómica.

En la sesión plenaria del 7 de julio de 1999, constitutiva de las nuevas Cortes, fue elegido Presidente de la Cámara el presidente del PAR, José María Mur Bernad. Y en la del 29 del mismo mes se materializó la investidura del candidato del PSOE, su secretario regional, Marcelino Iglesias (que había presidido la Diputación de Huesca). El BOA de 31 de julio publica los dos Reales Decretos de fecha 30 en los que se dispone, respectivamente, el cese de don Santiago Lanzuela Marina y el nombramientos de don Marcelino Iglesias Ricou como Presidente de la Diputación General de Aragón.

El acostumbrado Decreto de la Presidencia por el que se modifica la organización en Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma es de 4 de agosto, y aparece en el BOA del día 5, junto con los de la misma fecha mediante los que se dispone el cese de los Consejeros del anterior Ejecutivo en funciones y se nombra a cada uno de los que componen el nuevo, en el que JoséÁngel Biel vuelve a serlo de Presidencia y Relaciones Institucionales, para encabezar la representación parista del Gobierno de coalición. De las restantes carteras, cinco son asignadas al PSOE, cuatro de ellas a militantes: Economía, Hacienda y Función Pública a Eduardo Bandrés; Obras Públicas, Urbanismo y Transportes a Javier Velasco, antiguo Alcalde de Teruel; Agricultura a Gonzalo Arguilé; y Sanidad, Bienestar Social y Trabajo a Alberto Larraz; y la quinta, la de Educación y Ciencia, a la independiente María Luisa Alejos-Pita. El PAR, por su parte, ocupa otras tres, con los militantes José Porta, alto funcionario estatal, en Industria, Comercio y Desarrollo, y Víctor Longás en Medio Ambiente, y el independiente Javier Callizo en Cultura y Turismo.

Las novedades orgánicas más llamativas son la incorporación de la Dirección General de la Función Pública al Departamento de Economía y Hacienda (sacándola de su tradicional ubicación en el de Presidencia), a cambio de la materia de Fomento, que pasa a integrarse en el recuperado de Industria, unida con Comercio y Desarrollo; la separación del área de Ordenación Territorial del Departamento que ahora es de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, para ser incorporada al de Presidencia y Relaciones Institucionales; la división de Agricultura y Medio Ambiente en dos Departamentos distintos; y también la separación de Cultura de su maridaje con Educación (que ahora, ya asumidas las competencias de des ar rollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda la extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, queda como Educación y Ciencia) para formar con Turismo un nuevo Departamento.

Pronto iba a producirse una importante modificación en la estructura –y en el orden protocolario– del Gobierno: la creación de la figura del Vicepresidente, por obra de la Ley 11/1999 (BOA de 29 de octubre), que modificaba la Ley 1/1995, del Presidente y del Gobierno de Aragón, para facultar al Presidente a nombrar, mediante Decreto, a uno de sus Consejeros como Vicepresidente. A su amparo, el Decreto de 5 de noviembre de 1999 de la Presidencia del Gobierno, publicado en el BOA del día 8, formaliza el nombramiento de Vicepresidente a favor del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, don JoséÁngel Biel Rivera, quien a partir de ese momento ostentaría ambos cargos (pero sin duplicidad de la organización burocrática bajo su dependencia), viendo elevado su rango político, probablemente en cumplimiento de una de las cláusulas del pacto de coalición.

En el ecuador de la legislatura presentó su dimisión la Consejera de Educación y Ciencia, víctima del desgaste personal producido por la acumulación temporal de conflictos en las áreas de su responsabilidad; el Decreto de su cese tiene fecha de 12 de julio de 2001 y aparece publicado en el BOA el día 13, igual que el del nombramiento, en la misma fecha, de su sucesora en el cargo, María Eva Almunia, con carné socialista. Justo un año después, se produce el cese de otro Consejero, Porta, difusamente acusado en la prensa de favorecer (mediante subvención concedida por procedimiento irregular, que él siempre negó) un negocio de su grupo familiar; el BOA de 18 de julio de 2002 publica los Decretos de la Presidencia, del día 17, que disponen su cese y el nombramiento como Consejero de Industria Comercio y Desarrollo de Arturo Aliaga, el primer funcionario de ingreso por oposición en la Administración de la Comunidad Autónoma que accedía a la categoría de miembro del Gobierno de Aragón. Y antes de terminar ese mismo año, el BOA de 4 de diciembre de 2002 da a conocer los Decretos del día 3 por los cuales se dispone el cese del Consejero de Medio Ambiente, Longás (dimitido al asumir la responsabilidad por la plusvalía obtenida en un vertedero de su propiedad como consecuencia de la autorización concedida a una empresa para importar residuos peligrosos desde otras Comunidades Autónomas) y el correlativo nombramiento de su sustituto, el dirigente del PAR Alfredo Boné.

Pero para entonces se habían registrado otras modificaciones de la organización en Departamentos, bien que referidas a la distribución de áreas funcionales y a las correspondientes denominaciones, pero sin cambio de sus titulares. La primera (Decreto de la Presidencia de 26 de abril de 2000, en el BOA del 28) consistió en segregar la materia de Trabajo del Departamento que a partir de ahora se llamaría de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (la competencia de Consumo, que recibía a cambio, había estado tradicionalmente inserta en el área de Comercio) para integrarla en el que pasaba a ser de Economía, Hacienda y Empleo (agrupando en este último concepto tanto el empleo público –o Función Pública, que ya tenía– como el del sector privado, incluido en la rúbrica de Trabajo). En la segunda modificación (Decreto de la Presidencia de 14 de enero de 2002, en el BOA del 18), el de Sanidad pasa a denominarse Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, ya en vísperas de la publicación (en el BOA de 8 de febrero de 2002) del Real Decreto 1475/2001, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones y servicios del INSALUD, que, publicado ya en el BOE del 28 de diciembre anterior, tenía efectividad desde el primero de enero de 2002, con lo que el Gobierno aragonés se hacía cargo de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con el título competencial que, en el nivel de ejecución de la legislación general del Estado, estaba atribuido en el Estatuto de Autonomía. Poco después, el Real Decreto 646/2002 (BOA de 10 de julio) formalizaba el traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Estas transferencias culminaban en la práctica el ámbito de las competencias previstas estatutariamente, a falta tan sólo de algunas de escasa entidad –y de la difícil negociación para asumir la de los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia–, y situaba a la Administración de la Comunidad Autónoma en una nueva dimensión, no sólo por el número de sus efectivos de personal, que ahora alcanzaba los cuarenta mil, sino porque, al añadir las competencias sanitarias a las de las prestaciones sociales y a las de la enseñanza y de la formación ocupacional, contaba con casi todos los resortes propios del Estado de Bienestar, aunque compartidos con el nivel político estatal, y con ello pasaba a ser algo más que una organización meramente gestora de policía administrativa y de fomento de actividades de interés general, o incluso inversora en ciertas obras de infraestructura y promotora de iniciativas dinamizadoras de la economía, pues ahora disponía, además, de herramientas jurídico-administrativas y financieras que le proporcionaban notable capacidad de incidencia en la realidad social aragonesa y de corrección de algunos de sus desequilibrios estructurales.

Asumida la competencia sanitaria, las Cortes aprueban la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (BOA de 19 de abril), que atribuye al Servicio Aragonés de Salud, organismo autónomo de naturaleza administrativa –creado ya, por ley, en1989, y responsable desde entonces de la medicina rural–, que se adscribía al Departamento responsable de Salud, la misión principal de la provisión (gestión y administración) de la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma; y configura el Sistema Aragonés de Salud, que está constituido por los centros, servicios y establecimientos de la Comunidad Autónoma, de las corporaciones locales y de cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias. Ya desde el comienzo del año anterior se habían hecho efectivos los traspasos de los establecimientos sanitarios y hospitalarios dependientes de las Diputaciones Provinciales, ordenados, tras los correspondientes procesos negociadores en las Comisiones Mixtas reguladas en el Decreto 188/1999, por los Decretos 126, 127 y 128/2000, relativos, por ese orden, a los de Huesca, Teruel y Zaragoza (con un total de casi ochocientos cincuenta trabajadores), por lo que el SALUD (denominación adoptada para su nuevo logotipo por el hasta entonces SAS) pudo acometer sin dilación la organización y puesta en marcha del Sistema Aragonés de Salud.

No se produjeron en el período de esta legislatura otras transferencias desde la Administración General del Estado, pero sí otra vez desde las Diputaciones (al amparo de los previsto en la Ley de Administración Local de Aragón): la titularidad de determinadas carreteras provinciales, mediante los Decretos 232/2002 (Teruel), 380/2002 (Zaragoza) y 99/2003 (Huesca).

En cuanto a la producción normativa, la legislatura fue singularmente prolífica, ya que se aprobó un centenar de textos de rango legal, incluidos siete decretos legislativos. Pero más de una tercera parte de las leyes son las de creación de las comarcas: a partir de la primera, la del Aranda, cuya Ley es de diciembre de 2000, se aceleró el proceso, de manera que en 2001 vieron la luz otras siete, diecinueve más en 2002 y seis en 2003, sumando un total de treinta y tres, con lo que se completa el mapa comarcal previsto, salvo el caso del área metropolitana de Zaragoza, pendiente de la regulación de un régimen especial por sus características, su dimensión y su condición de capital de la Comunidad Autónoma. A esas leyes conviene añadir la Ley 23/2001, de Medidas de Comarcalización, que establece reglas complementarias sobre delimitación de competencias y organización y funcionamiento de estas nuevas entidades locales, cada una de las cuales fue constituyendo su respectivo Consejo Comarcal, financiada su andadura en un primer momento mediante subvenciones del Gobierno de Aragón, hasta la aprobación de los correspondientes Decretos por los que se transfieren funciones y se traspasan servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma a cada Comarca; porque la estructuración del territorio aragonés en comarcas se realiza bajo el principio de la descentralización y sin merma alguna de las competencias municipales.

Otro paquete de leyes (nueve de las aprobadas entre 2000 y 2002) es de creación de diversos Colegios Profesionales de Aragón (cuatro de ellos, por segregación de los de ámbito nacional), al amparo de la Ley 2/1998, que había regulado estas corporaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Aparte de la Leyes anuales de Presupuestos y de las de Medidas Tributarias y Administrativas que suelen acompañar a aquéllas, así como algunas de aprobación de créditos extraordinarios o de autorización de determinadas actuaciones concretas de carácter económico o financiero, se aprobaron leyes relacionadas con la organización institucional, como las de creación de la Entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos (7/2001, para la transformación en entidad de Derecho Público de lo que comenzó siendo un Centro de Proceso de Datos y pasó luego a funcionar como una Gerencia de Servicios Informáticos), de la Cámara de Cuentas (10/2001, que permanece inaplicada), del Instituto Aragonés de la Juventud (19/2001) y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (29/2002), o también las de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior (5/2000) y sobre Publicidad Institucional (16/2003). Hay una en materia de Derecho Civil propio: la Ley 2/2003, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad. Y varias de carácter sustantivo en variados ámbitos sectoriales: Juego (2/2000), Cooperación para el Desarrollo (10/2000), Prevención, Asistencia y Reinserción Social en Materia de Drogodependencias (3/2001), Ordenación y Participación en la Gestión del Agua (6/2001), de la Infancia y la Adolescencia (12/2001), Caza (5/2002), Educación Permanente (16/2002), Protección Civil y Atención de Emergencias (30/2202), Turismo (6/2003), Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo y la Transferencia de Conocimientos (9/2003), Protección Animal (11/2003) y Organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores (17/2003). También por ley se regula la Plataforma Logística de Zaragoza (17/2001), se crea el Patronato del Monumento Natural de San Juan de la Peña (24/2001) y se deja libre de ordenación el Aprovechamiento de los Pastos (15/2002).

Pero una buena parte de la labor legislativa se dedicó a la modificación o reforma de leyes anteriores (algunas, muy recientes): las de Ordenación de la Actividad Comercial (Ley 13/1999), del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza (Ley 3/2000), de las Cajas de Ahorro (Ley 4/2000), de Ordenación del Territorio (Ley 1/2001), de Ordenación Farmacéutica (Ley 2/2001), de Cámaras Agrarias (Ley 5/2001), del “Consejo Aragonés de la Tercera Edad” para sustituir esa denominación por la de “Consejo Aragonés de las Personas Mayores” (Ley 22/2002), del Juego (Ley 4/2003), de la Plataforma Logística de Zaragoza (Ley 14/2003) y de Protección Civil y Emergencias (Ley 15/2003), además de la ya citada del Presidente y del Gobierno de Aragón (Ley 11/1999), a la que se añadieron otras modificaciones a través de una Ley de medidas en materia de Gobierno y Administración (Ley 11/2000), lo que dio lugar a la elaboración por el Gobierno de un Texto Refundido de la Ley, que fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, el cual a su vez fue objeto de una reforma consistente en la adición de un párrafo destinado a garantizar la objetividad e independencia de los miembros de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón prohibiéndoles elaborar  o participar en la elaboración de informes, dictámenes y borradores de anteproyectos de ley encargados por aquél, ni a título particular ni como integrantes de cualquier otra entidad o institución.

No fue el único Decreto Legislativo de esta época, en la que, por el contrario, menudearon para aprobar textos refundidos, nada menos que cinco en el año 2000: los de la Ley de Hacienda (1/2000), de la del Ley de Patrimonio (2/(2000), de las Tasas (3/2000), del Instituto Aragonés de Fomento (4/2000) y del Instituto Tecnológico de Aragón (5/2000); y dos más el año siguiente: el aludido de la Ley del Presidente y del Gobierno y el de la Ley de Administración (2/2001), para integrar las novedades introducidas por la mencionada Ley 11/2000, de medidas, entre las que se contaban la estructuración formal de los Departamentos en Secretarías Generales Técnicas (con rango de Dirección General), Direcciones Generales y Servicios, y la posibilidad de designación de Viceconsejeros (como opción que aparejaba la inexistencia de Secretario General Técnico en el mismo Departamento, por razones más de austeridad que de funcionalidad administrativa).

La conflictividad jurídica frente al Estado fue durante estos años casi unidireccional, pues, mientras el Gobierno de la Nación sólo interpuso contra la Diputación General dos demandas de inconstitucionalidad (las dos en 2001), ambas terminadas en desistimiento, ésta planteó una docena de cuestiones de inconstitucionalidad, trece conflictos positivos de competencia y dieciocho demandas de amparo contra sentencias de la Audiencia Nacional (bien que en buena medida sobre cuestiones repetitivas), lo cual se ha saldado con cuatro estimaciones parciales, nueve desistimientos y dieciséis declaraciones de inadmisión, sin que se conozca el resultado de los demás procedimientos.

La actividad reglamentaria fue copiosa, con un número de decretos aprobados por el Ejecutivo que supera el millar en el conjunto del período de su mandato[7] .

El Gobierno de Aragón estableció en el último trimestre de 1999 una Comisión de Seguimiento del Efecto 2000, para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas informáticos y telemáticos, mediante su adaptación a la nueva numeración de los años. Y a comienzos de 2001, el Observatorio Aragonés del Euro, con la finalidad de vigilar y controlar las consecuencias económicas que pudieran derivarse de la implantación de la moneda europea de curso legal que en España iba a sustituir a la peseta desde el primero de enero de 2002. También suscribió el plan de choque contra las encefalopatías espongiformes bovinas (el “mal de las vacas locas” ), cuya investigación ha tenido la máxima referencia española en el laboratorio del catedrático Juan José Badiola en la Universidad de Zaragoza, de la que fue Rector, y, frente a la alarma social ocasionada, lanzó una campaña publicitaria para promocionar el consumo de carne de ternera. Realizó reiteradas gestiones en orden a la sempiterna y nunca satisfecha reivindicación de la reapertura del ferrocarril de Canfranc y, junto con las autoridades de Aquitania y el Midi francés, ante la Unión Europea, para plantear la necesidad de más pasos ferroviarios a través del Pirineo central. Y suscribió con el Ayuntamiento de Zaragoza el capital inicial para la constitución de la empresa pública Pla-Za.

El 12 de marzo de 2000 se celebraron elecciones generales, que en Aragón dieron otra vez ocho escaños al PP, mientras que el PSOE, con cuatro, perdía uno a favor de la CHA (que accedía, así, al escenario estatal, y cuyo representante, José Antonio Labordeta, incrementaría, con algunas de sus personalísimas intervenciones parlamentarias, la notable popularidad de la que ya gozaba, como cantautor primero y por su programa televisivo después). En el conjunto nacional, el Partido Popular, con 183 diputados electos, lograba una clara mayoría absoluta, que le iba a permitir gobernar con comodidad, imponiendo sus criterios sin necesidad de consensos y con una cierta arrogancia. Una de sus diputadas, la Alcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi, fue designada para presidir el Congreso de los Diputados –también la primera mujer en ese cargo– y, en consecuencia, sustituida por José Atarés como nuevo Alcalde durante el resto del mandato municipal.

Por entonces se produjo en las Cortes de Aragón un animado debate parlamentario suscitado por una comunicación de la Diputación General sobre política demográfica, complementada por un informe especial del Justicia sobre la despoblación de Aragón, poniéndose de relieve como uno de los problemas más graves de la Comunidad Autónoma la evolución negativa de la población aragonesa, con tasas de natalidad regresivas y fuerte envejecimiento junto a la creciente despoblación de amplias zonas y al desequilibrio territorial por la concentración humana en pocos núcleos, de lo que resulta una baja densidad demográfica global, que dificulta sobremanera el acceso de muchos ciudadanos del ámbito rural a los servicios públicos esenciales (salud y educación, principalmente). Esa negativa situación justifica, por una parte, la puesta en marcha del proceso de comarcalización, y, por otra, la postura aragonesa –popular e institucional– contraria al trasvase del Ebro, convertida casi en seña de identidad y que no es producto de una actitud egoísta e insolidaria –como se la suele juzgar desde el exterior, con ligereza o por interés–, sino de la conciencia de que, mientras no se puede aprovechar cabalmente el agua, que es recurso natural imprescindible para el desarrollo de las tierras aragonesas, por la secular insuficiencia inversora del poder central en las infraestructuras necesarias, el gasto público se dedicaría, con criterios meramente economicistas de rentabilidad (empresarial, pero también política en términos de votos computables), a trasvasar tal recurso al litoral mediterráneo, donde esa inyección hídrica atraería importantes inversiones, públicas y privadas, y la consiguiente mano de obra, que históricamente emigró hacia allí desde Aragón; lo que, en definitiva, redundaría una nueva vertebración del territorio español, que favorecería con claridad a las regiones más ricas a costa de las más pobres (a las que, paradójicamente, se les exige solidaridad con las beneficiarias de su expolio) y agravaría el problema de la desertización del campo aragonés y empobrecimiento de sus habitantes.

No mucho después, en septiembre del mismo año, la presentación por el Gobierno español en el Consejo Nacional del Agua, sin entrega de documentación previa, de un Plan Hidrológico Nacional basado sustancialmente en el trasvase de caudales del Ebro a las regiones levantina, murciana y andaluza, provocó la protesta del Presidente Iglesias y una gran manifestación en Zaragoza, el 8 de octubre de 2000, con presencia de unos cuatrocientos mil indignados aragoneses, cuyo sentir acordó el Gobierno aragonés transmitir al Ministro de Medio Ambiente, solicitando formalmente la retirada del Anteproyecto de Ley del PHN. También elaboró un documento en el que se explicaban las razones por las que Aragón se opone con firmeza al trasvase (sintetizadas en la frase-lema “Aragón quiere compartir el desarrollo, el futuro y el progreso con igualdad de oportunidades dentro de una España más equilibrada” ), para una campaña institucional en la que se mostrase la realidad aragonesa, que Televisión Española se negó a difundir, por lo que el Gobierno aragonés denunció y suspendió los acuerdos suscritos con el ente público. El 12 de noviembre, un simbólico abrazo del Ebro concentró en Zaragoza, en defensa del río, a doscientos mil ciudadanos provenientes de toda la cuenca. En enero de 2001 fue destituido el representante de la Comunidad Autónoma en el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el ex Consejero Urbieta del anterior Ejecutivo, por no haber respaldado la postura del Gobierno autonómico, sino la del nacional (de su mismo partido). En febrero, el aragonés planteó su rechazo al trasvase ante la Comisaría Europea de Medio Ambiente, pero el proyecto de ley del PHN fue aprobado el 9 de ese mes, lo que suscitó una nueva reacción, esta vez en Cataluña, con una manifestación en Barcelona de más de doscientas mil personas y un acuerdo del Parlament de oposición al trasvase, por los daños ecológicos que implicaría para el Delta. El 11 de marzo, otra manifestación anti-trasvase tuvo lugar, esta vez en Madrid, donde se congregó una multitud de casi medio millón de personas, pese a la cual el Plan Hidrológico Nacional alcanzó su aprobación el 22 de marzo en el Congreso de los Diputados, con los votos del Partido Popular y los de Convergencia y Unió. En junio, el Gobierno aragonés promovió contra esa Ley recurso de inconstitucionalidad, del que terminaría desistiendo más tarde, cuando el siguiente Gobierno de España la derogó.

Por otra parte, en septiembre de 1999 se conocen las primeras sentencias de los tribunales del Vaticano favorables a la tesis aragonesa de devolución del patrimonio artístico de las parroquias de la zona oriental depositado en la diócesis de Lérida, a la que antes pertenecían; la satisfacción por esos pronunciamientos de las instancias eclesiásticas competentes no pudo, sin embargo, ser completa, ante la clara voluntad catalana de retardar y bloquear su cumplimiento. En diciembre del mismo año, el Premio Nacional de Restauración recae en la tan largamente realizada en el templo de La Seo de Zaragoza. En la primavera de 2001 se presenta la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel y se inaugura la Ruta Jurásica Dinópolis, con los que el Gobierno aragonés pretende dinamizar el sector turístico turolense. En febrero de 2000, S.A.R. don Felipe de Borbón presidió en Calanda la apertura del centenario del nacimiento de Luis Buñuel; en marzo del mismo año se conmemoró en Paniza el centenario del nacimiento de María Moliner, y en febrero de 2001 el de Ramón J. Sender en Huesca. El 14 de diciembre de 2001 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a todo el conjunto del mudéjar aragonés. Y alcanzó notable repercusión la exposición Aragón. Reino y Corona, que, promovida por las instituciones aragonesas, pudo visitarse en el año 2000 en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.

El Príncipe visitó también oficialmente, el 5 de junio de 2000, las Cortes de Aragón, donde presidió una sesión de trabajo con la Mesa y la Junta de Portavoces.

Entre los nombres de personalidades con incidencia en la vida aragonesa, merece la pena citar el de don Javier Osés, obispo de Huesca, a quien en abril de 2001 se galardonaba con la Medalla a los Valores Humanos, bien acreditados en una larga –y, en tiempos, difícil– trayectoria personal de implicación con los principios del diálogo, la libertad y la solidaridad, que la enfermedad iba a truncar fatalmente antes del fin de ese mismo año.

Y para completar la nómina luctuosa, no podía faltar, de nuevo, la colaboración despiadada de la ETA, que en este período volvió a ensañarse con Aragón. El 20 de agosto de 2000, en Sallent de Gállego, hizo estallar con explosivos un coche patrulla de la Guardia Civil ocupado por los agentes doña Irene Fernández Pereda y don JoséÁngel de Jesús Encinas, que fallecieron y en cuya memoria se declararon tres días de luto oficial y se convocó en Zaragoza una manifestación de repulsa. A participar en otra, ésta en Barcelona, el 22 de noviembre de 2000, hizo un llamamiento el Gobierno aragonés al condenar el atentado que había costado la vida a Ernest Lluch, (antiguo ministro socialista y prestigioso intelectual, muy vinculado con círculos universitarios y políticos de esta Comunidad Autónoma) y, para asistir a la cual, el Presidente Marcelino Iglesias suspendió la conferencia que tenía anunciada en el Club Siglo XXI de Madrid. Pero la máxima conmoción entre los aragoneses se produjo en la tarde del domingo 6 de mayo de 2001, cuando fue asesinado por dos pistoleros de la banda terrorista Manuel Giménez Abad (brillante personalidad que, con eficacia profesional primero –como experto en Administración Pública– y habilidad política después, había contribuido en considerable medida a la construcción y consolidación de las instituciones autonómicas, y a la sazón presidente del PP en Aragón y senador designado por las Cortes), cuando se dirigía, en compañía de su hijo menor, a presenciar un partido de fútbol, por la zaragozana calle –trágica paradoja– Cortes de Aragón; instalada en el palacio de la Aljafería la capilla ardiente, que fue visitada por miles de ciudadanos, el Presidente decretó el mismo día 6 los tres siguientes de luto oficial y, reunido de urgencia el Gobierno, aprobó el Decreto 85/2001, de 6 de mayo, por el que se concede la Medalla de Aragón a la víctima, a título póstumo; el día siguiente, una enorme manifestación condenando la violencia terrorista inundó las calles de Zaragoza, y en abril de 2002 se constituiría, en el seno de las Cortes de Aragón, la Fundación Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, que desde entonces desarrolla una meritoria labor de investigación, fomento y difusión de las instituciones democráticas y del modelo español de distribución territorial del poder.

Una representación del Gobierno de Aragón asistió el 6 de octubre de 2002, en Roma, a la ceremonia de canonización del barbastrense José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, elevado a la categoría de santo de la Iglesia Católica por el Papa Juan Pablo II, que ya le había beatificado diez años antes (sólo diecisiete después de su muerte a los setenta y tres de edad).

El BOA conoció en esta etapa una novedad: en cumplimiento de una disposición de la Ley de Administración Local de Aragón de 1999, el Decreto 59/2000, de 28 de marzo, reguló la integración de los Boletines Oficiales de las Provincias como secciones del “Boletín Oficial de Aragón” , lo que suponía que, a partir del 1 de enero de 2001, debería realizarse la edición material conjunta y en ejemplar único de los cuatro Boletines, subsumidos los provinciales en el autonómico como secciones diferenciadas. Pero la dificultad de resolver cuestiones técnicas de impresión y gestión económica fue retrasando esta previsión. Antes de terminar el año, el Decreto 215/2000 modificó el anterior, posponiendo al 1 de enero de 2002 la publicación impresa en ejemplar único, dada la necesidad de completar diversas actuaciones de tipo técnico; el Decreto 334/2001 vendría a hacer lo mismo, señalando la fecha inicial en el 1 de enero de 2003, si bien con la precisión de que la consulta del “Boletín Oficial de Aragón”, incluyendo las secciones correspondientes a los Boletines Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza puede efectuarse a través de la página web del Gobierno de Aragón, ya que los contenidos de éstos constaban ya en la base de datos del BOA. Actualmente es ésta ya la forma normal de consultar el Boletín, una vez suprimida la edición impresa en papel.

Por Decreto de 31 de marzo de 2003, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, publicado en el BOA del 1 de abril, se convocaron las elecciones a las Cortes de Aragón, que habrían de celebrarse el 25 de mayo siguiente, y que arrojarían, como resultado, cuatro escaños de incremento para el PSOE, que subía a 27 y seis de resta para el PP (muy castigado por la actitud del Gobierno central y de la cúpula del partido, proclive al trasvase del Ebro), que le dejaba en 22; también decrecía (y esto resultaba más extraño) el otro miembro de la coalición de gobierno, el PAR, que bajaba a 8, perdiendo dos, mientras que, en cambio, seguía la ascensión al parecer irresistible de la CHA, que ganaba cuatro y se ponía en 9 , es decir, por encima de su rival directo en el ámbito del aragonesismo; IU lograba mantener su diputado, y quedaban sin representación, con cifras de votos puramente testimoniales, las formaciones Los Verdes-S.O.S. Naturaleza, Iniciativa Aragonesa (INAR), Familia y Vida, Centro Democrático y Social (CDS, en un intento fallido de renacimiento), Izquierda Republicana (IR) y el Partido Humanista (PH).

En los comicios municipales, la composición del escrutinio fue parecida en cuanto a la correlación de fuerzas. En el Ayuntamiento de Zaragoza, el PP quedaba descabalgado de su mayoría a favor del PSOE, que, en alianza con la pujante CHA, se disponía a gestionar el nuevo período bajo la Alcaldía del ex ministro de Justicia y de Interior Juan Alberto Belloch, mientras en la Presidencia de la Diputación Provincial zaragozana repetía Lambán.

Y así se encaraba la siguiente legislatura.

La sexta legislatura (2003-2007)

La renovada composición de la Cámara legislativa aragonesa dibujaba una mayoría en cierto modo natural de izquierda, por el crecimiento de la CHA, que apuntaba como el socio más lógico del PSOE en la futura coalición de gobierno. Pero Marcelino Iglesias, al contrario de lo que su partido pactaba en el Ayuntamiento de Zaragoza, prefirió renovar la alianza con el PAR, decisión en la que probablemente intervinieron factores como la buena sintonía personal que mantenía con Biel y la relativa comodidad con la que se había desarrollado la gobernación en la legislatura extinta, que quizá hubiera sido menos fácil de tenerse que cohonestar la proverbial prudencia del Presidente con el radicalismo de algunos de los postulados de los nacionalistas aragoneses (que, además, no tenían una presencia destacada en la mayoría de las entidades locales, lo que debilitaba su posición en el momento de negociar pactos globales para el conjunto de las Administraciones); el acierto de la fórmula quedaba avalado por un electorado que, al haberle otorgado cuatro escaños más, parecía satisfecho con la política de moderación llevada a cabo en el anterior cuatrienio.

Los nuevos acuerdos para la reedición de la coalición se negociaron desde una correlación de fuerzas distinta, por el fortalecimiento socialista y el decrecimiento aragonesista, lo que se tradujo, fundamentalmente, en el paso de la Presidencia de las Cortes a la parte mayoritaria, en la persona de Francisco Pina –el diputado con más continuada presencia en la institución parlamentaria autonómica–, que fue elegido en la sesión constitutiva, celebrada el 20 de junio de 2003; y en la suma de una titularidad más de Departamento (seis, ahora), pero no a costa de minorar los asignados al PAR (que conservaría cuatro), sino por incremento del número total, que en la nueva estructura pasaba de nueve a diez.

Investido Presidente Marcelino Iglesias Ricou –el único, hasta ahora, que lo ha sido por segunda vez en la Comunidad Autónoma de Aragón– en la sesión plenaria de las Cortes del 3 de julio, el Real Decreto de su nombramiento, con idéntica fecha, se publicó en el BOA del día 4. En el del día 7 de julio se insertan los Decretos presidenciales, fechados el mismo, por los que se modifica la organización en Departamentos, se dispone el cese de los miembros del anterior gabinete y se nombra al Vicepresidente y a los Consejeros que compondrán el entrante: JoséÁngel Biel de nuevo como Vicepresidente y como Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales; también repiten, por parte del PSOE, Eduardo Bandrés en Economía, Hacienda y Empleo, Javier Velasco en Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Gonzalo Arguilé en Agricultura y Alimentación, Alberto Larraz en Salud y Consumo, y Eva Almunia en Educación, Cultura y Deporte, y se nombra titular del nuevo Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad a María Teresa Verde; por parte del PAR, son confirmados Arturo Aliaga en Industria, Comercio y Turismo, y Alfredo Boné en Medio Ambiente, y para el también nuevo Departamento de Servicios Sociales y Familia es designada Ana de Salas.

Las alteraciones estructurales se concretan en la segregación de las materias atribuidas a este último Departamento de su anterior ubicación junto a Salud y Consumo, en la vuelta del área de Turismo a la de Industria y Comercio, y la de Cultura (que había formado con aquélla un Departamento propio) a la de Educación, que recibe también la de Deporte, a cambio de perder la de Ciencia, que con las nuevas de Tecnología y Universidad constituye unidad departamental autónoma; y en la agregación de Alimentación al Departamento de Agricultura.

Al amparo de la posibilidad abierta en el texto refundido de la Ley de Administración, se nombraron Viceconsejeros, mediante sendos Decretos (139, 185 y 203/2003), de Economía, Hacienda y Empleo a Isabel Artero, de Educación Cultura y Deporte a Juan José Vázquez, y de Política Territorial (en Presidencia y Relaciones Institucionales) al ex Consejero Javier Callizo, quien más adelante, por Decreto 30/2006, pasaría a ser Viceconsejero de Turismo.

Las vicisitudes de este Gobierno comenzaron antes de cumplir el año de mandato, con la dimisión de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, cuyo cese se produce mediante Decreto de la Presidencia de 24 de mayo de 2004; de la misma fecha son el del nombramiento, para reemplazarla, de Alberto Larraz, el del cese de éste en Salud y Consumo y el del nombramiento en su lugar de Luisa María Noeno. Avanzada ya la legislatura, sendos Decretos presidenciales de 20 de enero de 2006 disponen el cese de la Consejera de Servicios Sociales y Familia y el nombramiento de Juan Miguel Ferrer, antiguo Presidente de la Diputación Provincial turolense, para esa cartera. Y pocos meses después, Eduardo Bandrés acepta una atractiva oferta de la Sociedad Anónima Deportiva propietaria del club de fútbol Real Zaragoza para hacerse cargo de su presidencia, por lo que renuncia a su cargo como Consejero de Economía y Hacienda, que pasará a desempeñar Alberto Larraz, sustituido a su vez en Ciencia, Tecnología y Universidad por Ángela Abós, según Decretos de ceses y nombramientos de 8 de junio de 2006. Un año más tarde, celebradas ya las elecciones para la nueva legislatura, el Consejero en funciones Ferrer cesó para ser elegido Alcalde de Teruel, pocos días antes del cambio de Gobierno.

La continuidad en alto cargo institucional por repetición de su titular se produjo también en el Justiciazgo, ya que en la sesión plenaria de las Cortes celebrada el 17 de diciembre de 2003, Fernando García Vicente, propuesto por los partidos del Gobierno y el PP, resultó reelegido por la mayoría cualificada requerida, lo que sin duda suponía un reconocimiento casi unánime de su idóneo desempeño de la función. El nombramiento, acreditado por el Presidente de la Cámara, se publicó en el BOA de 5 de enero de 2004.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón conocía un nuevo relevo en su Presidencia, a la que era elevado Fernando Zubiri, magistrado de edad todavía lejana a la de jubilación.

Tampoco se dio continuidad en el ámbito de la política estatal, pues en las elecciones legislativas del 14 de mayo de 2004 –tres días después de la cruenta masacre ocasionada por el terrorismo islamista en varios trenes en torno a la madrileña estación de Atocha– el PSOE alcanzó 164 escaños en el Congreso, que le dieron la victoria frente a los 148 del PP, que veía cerrarse su ciclo hegemónico antes de lo que esperaba; los resultados en Aragón se acomodaban a la tónica general y venían a dar la vuelta a los anteriores, con siete diputados socialistas por cinco populares, mientras que Labordeta conservaba el de la CHA. La nueva situación inaugurada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero era propicia a un mejor entendimiento entre los Ejecutivos español y autonómico, que se tradujo pronto en la llamada a Madrid a algunos militantes aragoneses del partido ahora gobernante, para ocupar varios altos cargos en la Administración General del Estado; y después, en junio del mismo año –atendiendo también a intereses de fuerzas políticas catalanas–, en la derogación de los aspectos del Plan Hidrológico Nacional relativos a los trasvases entre cuencas, y concretamente el del Ebro, lo que provocó en Aragón una considerable sensación de alivio. Pero tampoco se ha producido una aceleración en el ritmo de ejecución de las obras planeadas en el Pacto del Agua, de las que una de las más grandes y significativas, la del recrecimiento del embalse de Yesa (que se considera necesario para ampliar considerablemente la superficie de regadío de las Cinco Villas y para abastecer a la ciudad de Zaragoza de agua de boca de mejor calidad que la del Canal Imperial), tropieza con la oposición de colectivos ecologistas, de los habitantes y regidores de los municipios afectados y de fuerzas políticas como la CHA, aunque parece

apuntarse un cierto consenso sobre una cota intermedia, más baja que la inicialmente proyectada y que, por lo tanto, afecte a una menor superficie inundable.

Cinco transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma se produjeron en la segunda mitad de este período, pero de escasa entidad: la de los profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias (R.D. 1458/2005), la de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar (R.D. 779/2006), la de Conservación de la Naturaleza en relación con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (R.D. 778/2996), la de ampliación de medios personales y económicos de esta última (R.D. 446/207) y la de ampliación de los medios económicos de la Seguridad Social en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (R.D. 811/2006).

Fueron cincuenta y ocho las leyes aprobadas en las Cortes de Aragón entre el verano de 2003 y el de 2007. De las primeras en el orden cronológico, la Ley 18/2003 establece normas para la designación de Senadores en representación de la Comunidad Autónoma, y la Ley 20/2003 modifica el Texto Refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno y el del de la Administración, en relación con la regulación del Vicepresidente (que precederá siempre a los Consejeros en el orden protocolario establecido y cuya denominación irá seguida, en su caso, de la relativa a su Departamento) y los Viceconsejeros (cuya existencia deja de ser alternativa, en cada Departamento, a la Secretaría General Técnica).

Aparte las habituales leyes de carácter presupuestario, financiero o hacendístico, y tres de creación de otros tantos Colegios Profesionales, abundan las de modificación de otras anteriores: la del Juego (Ley 3/2004), la de Protección Civil y Atención de Emergencias (Ley 4/2004), la de Salud (Ley 2/2005), la de Medidas de Comarcalización (Ley 3/2006), la de Ordenación de la Actividad Comercial, para sustituir el régimen de inspecciones y sanciones (Ley 4/2006) y la de creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (Ley 6/2006). También hay varias de medidas urgentes en diversas áreas: política de Vivienda Protegida (Ley 24/2003 y Ley 9/2004)), Expropiación Forzosa para Actuaciones de Mejora y Creación de Regadíos (Ley 6/2004), Medio Ambiente (Ley 8/2004) y en el Sector del Transporte Interurbano por Carretera (Ley 17/2006). Y una específica de Medidas en relación con la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008 (Ley 2/2006), una vez que la capital de la Comunidad Autónoma había sido nominada por el Bureau Internacional des Expositions, en diciembre de 2004, y frente a la competencia de Trieste y Tesalónica, como sede organizadora de tal evento; al regresar de asistir en París a tan ansiada –y trabajada– designación, que abría para Zaragoza una gran expectativa de mejoras infraestructurales y viarias, además de las culturales y las de proyección publicitaria mundial, falleció repentinamente el ex Consejero José María Rodríguez Jordá, que formaba parte de la Delegación aragonesa de la candidatura de la ciudad.

Entre los textos legislativos que suponen novedades sustantivas, hay dos correspondientes al Derecho Civil propio: sobre la Casación Foral Aragonesa (Ley 4/2005) y de Derecho de la Persona (Ley 13/2006); tres creadoras de organismos: el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental INAGA (Ley 23/2003), el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria (Ley 10/2004) y la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos (Ley 3/2005); una relativa al proyecto supramunicipal “Ciudad del Motor de Aragón” (Ley 5/2004) y otra de reconocimiento de la Universidad Privada “San Jorge” (Ley 1/2005); se dedican sendas leyes a la declaración del Parque Natural de los Valles Occidentales (Ley 14/2006) y de las Reservas Naturales Dirigidas de las Saladas de Chiprana (Ley 10/2006) y de la Laguna de Gallocanta (Ley 11/2006). Las demás afectan a diversas cuestiones sectoriales: régimen transitorio de la Ordenación, Gestión y Autorización de Usos del Suelo en Centros de Esquí y Montaña (Ley 1/2004, a la espera de una reclamada y dificultosa ley integral para la montaña), Ordenación del Sistema Universitario (Ley 5/2005), Horarios Comerciales y Apertura en Festivos (Ley 7/2005), Vías Pecuarias (Ley 10/2005), Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos (Ley 11/2005), Protección Ambiental (Ley 7/2006), Calidad Alimentaria (Ley 9/2006), Regulación y Fomento de la Actividad Industrial (Ley 12/2006), Montes (Ley 15/2006), Protección y Defensa de los Consumidores (Ley 16/2006), Actividades Feriales Oficiales (1/2007), Juventud (Ley 3/2007) y Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia (Ley 4/2007).

También han visto la luz algunos Decretos Legislativos, para aprobar los textos refundidos de las Tasas (1/2004), de la Ley del Servicio Aragonés de Salud (2/2004), de las disposiciones dictadas en materia de Tributos Cedidos (1/2005), de la Ley de Comarcalización (1/2006) y de la Ley de Delimitación Comarcal (2/2006).

Sólo en un recurso de inconstitucionalidad sobre esta legislación se vio demandada la Diputación General por parte del Gobierno de la Nación, y en otro por parte de cincuenta diputados del Grupo Popular del Congreso, sin que de ninguno de ambos se conozca todavía sentencia. Tampoco de los seis interpuestos por el Gobierno autonómico contra disposiciones legislativas estatales, ni del formulado frente al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, mientras que fue desestimado el que tuvo por demandada a la Comunidad Autónoma del País Valenciano. A los que hay que añadir tres conflictos positivos de competencias, sin resolver, contra el Estado, y tres demandas de amparo frente a sentencias de la Audiencia Nacional, de las que en dos se declaró la inadmisión. Al margen de ello, el Gobierno de Aragón plantea a los poderes centrales la reclamación de una cantidad en torno a los quinientos millones de euros en concepto de deuda histórica por las mermas en los ingresos como consecuencia de rebajas en los impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma acordadas por el legislador estatal; la Administración General del Estado no lo reconoce explícitamente, pero ofrece compensar parcialmente esa cantidad con inversiones en infraestructuras, principalmente en Zaragoza con ocasión de la celebración de la exposición Internacional.

La producción reglamentaria fue copiosa, ya que los Decretos aprobados por el Gobierno aragonés en el conjunto de su mandato fueron casi mil doscientos [8] .

En virtud del Real Decreto 1890/2004, el Estado concedía a la Comunidad Autónoma la gestión del tercer canal de televisión, a lo que siguió la constitución de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Decreto 1721/2004), así como la creación de las entidades Aragón Radio y Aragón Televisión y su puesta en funcionamiento para la emisión de programas de producción audiovisual propia, de los que los radiofónicos empezarían en el otoño de 2005 y los televisivos en la primavera de 2006.

En 2005 suscribió el Gobierno de Aragón con el Ministerio del Interior un convenio para la adscripción de una unidad de la Policía Nacional, con una plantilla de 116 efectivos que se ponen bajo la dependencia del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales para, en tanto se logra la creación de la Policía autonómica, encargarse de la vigilancia de los edificios e instalaciones oficiales de la Comunidad Autónoma y de la protección de sus personalidades, además de colaborar en las competencias autonómicas en materia de juego, de medio ambiente, de violencia de género y de menores. A partir del año siguiente se fueron cubriendo las plazas y habilitando las sedes en las tres capitales de provincia.

En 2003 se inauguró–una vez superados no pocos problemas técnicos– el ferrocarril de alta velocidad (AVE) que une Madrid con Zaragoza y, en un primer momento, Lérida, a la espera de la prolongación hasta Barcelona. Por el contrario, la reapertura de la línea férrea de Zaragoza a Pau por Canfranc no logra salir de su bloqueo, pese a todas las iniciativas sociales y políticas para reactivarla, y tampoco consigue apoyos decisivos la iniciativa de la comunicación ferroviaria con Europa por un túnel de baja cota, doble vía y gran capacidad, a través del macizo de Vignemale, propuesto para la Travesía Central del Pirineo, por la reticencia francesa a permeabilizar aquella zona y la falta de apoyo suficiente del Gobierno español –frente a las presiones catalana y vasca en pro de la potenciación de los pasos fronterizos ya existentes para el tren– en el momento de defender el planteamiento aragonés ante las instituciones europeas. En cuanto a carreteras, desde enero de 2003 está abierto al tráfico el túnel de Somport, aunque la ruta por la vertiente francesa no ha sido acondicionada, debido en buena parte a la resistencia ecologista, y mantiene su viejo trazado hasta Oloron-Sainte Marie, mientras que la española fue en su momento objeto de notables mejoras, que la convirtieron en autovía desde Nueno, por Huesca, hasta Zaragoza, donde enlaza con la Autovía Mudéjar, a Teruel y Sagunto, que avanza a buen ritmo, pues la mayoría de los tramos ya están en servicio al finalizar este período. Para más largo plazo son las obras, ya iniciadas, de la autovía Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida.

Dado el éxito que estaba obteniendo la plataforma logística de Zaragoza (Plaza), se decidió la instalación de otra, de menor dimensión, en Teruel (Platea), para dinamizar la economía de su área de influencia, mientras que para Huesca se había apostado por un parque tecnológico (Walqa). Con objeto de mejorar la calidad de la oferta turística y atraer visitantes de poder adquisitivo medio-alto, el Gobierno aragonés participa al cincuenta por ciento con Ibercaja en el holding Aramón (que integra las estaciones de esquí de Formigal, Panticosa, Cerler, Valdelinares y Javalambre, a la espera de poder hacerlo con las de Candanchú y Astún, y proyecta otras, como Castanesa), concede ayudas para la remodelación de las instalaciones hoteleras y de ocio del balneario de Panticosa, impulsa la Ciudad del Motor (Motorland) en Alcañiz (aprovechando su tradición automovilística para establecer complejo con circuito de competiciones y parque empresarial, para promocionar económicamente un amplio segmento territorial del Bajo Aragón) y crea la Red de Hospederías de Aragón para abrir establecimientos de cierto nivel en edificios históricos rehabilitados de zonas rurales más o menos dispersas (Sádaba, Loarre, Roda de Isábena, Palacio de la Iglesuela del Cid en el Maestrazgo, Castillo del Papa Luna en Illueca, Mesón de la Dolores en Calatayud, Monasterios de Rueda y Nuevo de San Juan de la Peña, Casona de Allepuz...), cuya explotación adjudica a empresas especializadas, con resultados desiguales. En cuanto al sector industrial, el Gobierno trata de reducir las crisis empresariales que ponen en peligro los puestos de trabajo, o de paliar sus efectos, con especial preocupación por las crecientes amenazas de deslocalización, que podría llegar a afectar a la factoría de General Motors en Figueruelas, eventualidad de catastróficas consecuencias para la economía de la Comunidad Autónoma. Por lo demás, la Diputación General se involucra en los preparativos de la Expo 2008, aportando todo su peso institucional en la colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y la negociación con la Administración General del Estado y otras entidades públicas y privadas, para conseguir la realización en plazo de las obras de infraestructura, la deseable participación en la muestra y la máxima afluencia de visitantes de todas las procedencias.

En otro aspecto, es reseñable la concertación, en 2005, de un convenio (bienal y prorrogable hasta una década) con la Generalitat catalana para la atención de las urgencias sanitarias en las zonas aragonesas limítrofes (la llamada Franja), que afecta a más de cincuenta mil habitantes. Frente a este ejemplo positivo de colaboración, lo cierto es que las relaciones con Cataluña están ensombrecidas no sólo por los inveterados esfuerzos de algunos grupos y movimientos de la Comunidad vecina en pro de una catalanización imperialista del Aragón oriental, sino también por tres conflictos institucionales irresueltos. Uno de ellos, el relativo a los bienes artísticos de las parroquias aragonesas antes dependientes de la diócesis de Lérida, cuyo Obispado las custodia y no las devuelve, desobedeciendo las reiteradas sentencias de todas las instancias vaticanas –firmes y confirmadas a lo largo de esta legislatura, como respuesta al encadenamiento interminable de recursos con que se pretende obstaculizar la ejecución–, argumentando la necesidad de contar con el permiso de sus autoridades autonómicas, que lo deniegan y que han catalogado aquellas piezas como parte de una colección de la que no se pueden segregar y para la que han construido un específico espacio museístico. Otro, el del sempiterno aplazamiento de la constitución –mediante norma del Estado– del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, previsto tanto en el Estatuto de Autonomía aragonés como en los de Cataluña, Valencia y Baleares, debido a las vacilaciones del Ministerio de Cultura frente a las reticencias de los mandatarios catalanes, que incluso pretenden la disgregación de los fondos documentales que integran el histórico Archivo, con objeto de situar en el sistema de archivos de la Generalitat aquéllos que califican como propios, y así se expresa en el nuevo texto estatutario. Y otro, de gestación más reciente, el de la pretensión catalana de fijar, de manera unilateral o preponderante, el caudal ecológico del Delta del Ebro, condicionando con ello la disponibilidad de las aguas a todo lo largo del cauce del río, y muy señaladamente a su paso por las tierras de Aragón.

Este posicionamiento viene a terciar en la polémica sobre el principio de unidad de cuenca en cuanto factor para la planificación y gestión del aprovechamiento de los recursos hídricos y busca su plasmación legal en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006); pero antes de su aprobación se había producido la de la reforma del Estatuto del País Valenciano (Ley Orgánica 1/2006), que reclama derechos sobre caudales sobrantes de cuencas hidrográficas externas a su territorio… Lo que se conoce como guerra del agua ha sido uno de los aspectos nuevos introducidos en el proceso generalizado de reformas estatutarias. Éstas son las que forman una tercera oleada, después de que las dos producidas en los años noventa hubieran llevado a una cierta homogeneidad institucional y competencial de todas las Comunidades Autónomas, cuestionada por aquéllas que persiguen legitimar en sus particulares hechos diferenciales una consideración privilegiada y el reconocimiento de una especie de federalismo asimétrico –con mal disimulada tendencia confederal–, que supondría quizá una encubierta alteración de los principios constitucionales básicos del Estado autonómico. Pero el proceso ahora no se enmarca en un contexto de acuerdo entre los grandes partidos de ámbito estatal, como ocurrió con los Pactos Autonómicos de 1981 (que encauzaron la redacción de los textos estatutarios) y de 1992 (que dieron lugar a la Ley Orgánica de ampliación de las competencias a las Comunidades Autónomas formadas por el procedimiento del artículo 143 de la Constitución) o con el consenso que presidió las reformas de la segunda oleada, sino que, por contrario, en un clima político de fuerte crispación y abierto enfrentamiento entre el nuevo Gobierno socialista y el principal partido de la oposición (el PP, recién desalojado del poder), y es Rodríguez Zapatero el que, en los inicios de su mandato presidencial, asiente unilateralmente a la elaboración y tramitación de un Estatuto de máximos por parte del Gobierno tripartito catalán, contra el criterio de la necesidad de una previa reforma de algunos aspectos de la Constitución para dar cauce ordenado a las revisiones estatutarias; y, mientras el proyecto de los nacionalistas y abertzales vascos –el llamado Plan Ibarreche – es desestimado en el Congreso de los Diputados por su deliberada separación del marco constitucional vigente, el de Cataluña es aprobado (con algunos importantes recortes, dudas sobre la constitucionalidad de algunas cuestiones subsistentes, que son objeto de impugnación… y muy escasa participación en la consulta popular convocada en la Comunidad Autónoma para refrendarlo).

Las demás Comunidades se embarcan también en el empeño de reforma de sus respectivas normas estatutarias, esforzándose en lograr entre las fuerzas políticas en el nivel regional el acuerdo singular que no se da en el nivel nacional para la consideración general del proceso, y optando entre la técnica de modificación y adición de los artículos y disposiciones que sea necesario o la de sustituir con un texto nuevo completo el anterior, que se deroga.

Esta última ha sido la opción de Aragón (como de Valencia y Andalucía, inicialmente), en cuyas Cortes se constituyó en diciembre de 2004 una Ponencia, compuesta por miembros de todos los grupos parlamentarios, encargada de realizar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, que toma como documento de partida para su labor el dictamen de la Comisión especial de estudio creada ya en la primavera de 2002 (al hilo de la celebración del vigésimo aniversario del primer Estatuto de Autonomía) y que tenga por objeto la profundización y el desarrollo del autogobierno aragonés. Los trabajos de la Ponencia se aceleraron a partir de finales de 2005 para culminarlos medio año después, con un consenso del que sólo discrepó la CHA, disconforme por no ver recogidas sus máximas aspiraciones nacionalistas; sus nueve diputados, por ello, se abstuvieron en la sesión plenaria del 21 de junio de 2006, en la que la propuesta definitiva fue aprobada con los votos favorables de PSOE, PAR, PP e IU. Presentado el proyecto a las Cortes Generales, la tramitación parlamentaria se prolongó hasta la primavera siguiente, en la que se hizo realidad la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, con disposición derogatoria de la 8/1982 (y de sus modificatorias, la 6/1994 y la 5/1996), cuyo texto quedaba íntegramente reemplazado por aquélla.

El Boletín Oficial de Aragón número 47 del año XXVI, de 23 de abril de 2007, está dedicado en exclusiva a la publicación del Estatuto, cuya entrada en vigor tiene lugar, según la disposición final, ese mismo día, festividad del Patrón San Jorge; coincidencia, sin duda, buscada para resaltar la potenciación de los signos de identidad diferenciales enraizados en la historia del antiguo Reino y en la conciencia del pueblo, que, sin desafío alguno al régimen constitucional español pero reclamando un lugar en el privilegiado circulo de las nacionalidades históricas , es una de las características pretendidas en la nueva normativa, como se desprende de la redacción de la exposición de motivos y se recoge con solemnidad declarativa en el artículo primero: “1. Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su autogobierno de acuerdo con el presente Estatuto, en el ejercicio al derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad.– 2. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón emanan del pueblo aragonés y de la Constitución.– 3. La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones, el Derecho Foral y su cultura”. Novedad llamativa en el texto es que los derechos, libertades y deberes fundamentales de los aragoneses – y aragonesas, se añade– ya no se fijan sólo por remisión a los establecidos en la Constitución, sino también en este Estatuto, que, en la línea abierta por los inmediatamente precedentes, relaciona y define, en un novedoso título I, los derechos y los principios rectores de las políticas públicas, reconociendo algunos de nueva generación (conciliación de la vida laboral y familiar, calidad de los servicios públicos, consumidores y usuarios, medio ambiente, bienestar y cohesión social, igualdad de hombre y mujer y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, protección integral de la familia, integración de las personas inmigrantes, cultura de la paz…) y concretando o actualizando otros que ya tienen reconocimiento constitucional explícito, además de los de naturaleza política que corresponden específicamente a los ciudadanos aragoneses. Junto a ello, el nuevo Estatuto explicita la ya constituida estructura comarcal y la capitalidad de Zaragoza, recoge la existencia de algunos órganos institucionales que han ido creándose por leyes (el Consejo Consultivo –que sustituye a la Comisión Jurídica Asesora–, el Consejo Económico y Social y la Cámara de Cuentas) o se crean ahora (el Consejo de Justicia), se suprimen las limitaciones a la facultad presidencial de disolución anticipada de las Cortes y convocatoria de elecciones, se habilita al Gobierno para dictar decretos-leyes en determinadas condiciones, se aumenta el techo competencial con nuevas materias – competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, lo que abre nuevos campos a la labor normativa, tanto en el nivel legal como en el reglamentario–, se mantiene la previsión de acuerdos bilaterales para la fijación de la participación en los impuestos cedidos–, se introducen algunas disposiciones de carácter defensivo relativas a la política hidráulica, que pueden pugnar con las de otros Estatutos en una cuestión de potencial conflictividad… También se logra, al fin, la capacidad de creación de una Policía autonómica.

Un mes exacto antes de esa publicación en el BOA, el día de san Braulio, patrón de la Universidad de Zaragoza, hubo que lamentar la muerte prematura, por enfermedad, de la profesora universitaria de Sociología Ángela López, Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón, cargo para el que había sido designada en la legislatura anterior y que venía desempeñando con rigor científico y brillantez indiscutidos.

Y sólo veinte días antes de hacerlo con el Estatuto de Autonomía, el 3 de abril, el BOA publicaba el Decreto de la Presidencia del Gobierno de Aragón fechado el día anterior por el que se convocaban las elecciones a las Cortes de Aragón. Celebradas el domingo 27 de mayo de 2007, las urnas reforzaron la mayoría de la coa lición sustentadora del Gobierno, pues el PSOE, con tres escaños más, alcanzaba los 30, y el PAR ganaba uno y se ponía en 9; también el PP sumaba un diputado más, el que hacía el 23, mientras que la CHA, por el contrario, sufría un fuerte castigo (tal vez por su posicionamiento intransigente en el tema de la reforma estatutaria) y perdía cinco, más de la mitad de sus escaños, para quedar con 4; IU conservaba su representación unipersonal, y volvían a quedar fuera del ámbito parlamentario Los Verdes-Federación de los Independientes de Aragón (LV-F.I.A.), el Partido Ciudadanos Unidos de Aragón (pCUA), el Partido Familia y Vida (PFyV) y el Partido Humanista (PH). En el Ayuntamiento de Zaragoza el escrutinio evidenciaba también el fuerte desgaste que a la CHA le había causado su gestión municipal, por lo que, de nuevo mayoritario el PSOE, Belloch optó esta vez por pactar con el PAR la composición de su equipo de gobierno. Y Lambán volvía a ser elegido para la presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Entretanto, el Boletín Oficial de Aragón experimentaba un paso más en su evolución: el Acuerdo de 8 de noviembre de 2005, del Gobierno de Aragón (publicado el 2 de diciembre) argumentaba que el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales está llevando a cabo un proceso de modernización de infraestructuras que conllevan una serie de intervenciones destinadas a promover el uso de las tecnologías

de la información y las comunicaciones y su incorporación progresiva a las actividades y servicios que se prestan por la Administración, y una de tales intervenciones es la edición electrónica del “Boletín Oficial de Aragón” , por lo que con carácter general, a partir de 1.º de enero de 2006, quedará suprimida la distribución en formato papel del “Boletín Oficial de Aragón” a los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para los que su edición se efectuara exclusivamente en formato electrónico y estará accesible en el Portal del Gobierno de Aragón www.aragón.es. Un ciclo se cerraba en la vida del BOA y se abría la primera puerta de una nueva etapa [9] .

Y después…

El resultado electoral hacía muy previsible la continuidad de la situación política en la Comunidad Autónoma, con la renovación del pacto de gobierno. En la sesión constitutiva de las Cortes recién electas, celebrada el 20 de junio de 2007, se ratificó a Francisco Pina como Presidente de la Cámara, y en las plenarias de 4 y 5 de julio quedó Marcelino Iglesias investido para su tercer mandato como Presidente de la Comunidad Autónoma y de su Gobierno. El Real Decreto de 5 de julio de 2007, que contiene su nombramiento, se publicó el día 6 en el BOA. Y de este mismo día 6 son los habituales Decretos de la Presidencia, que aparecen en el BOA del 9, para modificar la organización de la Administración, disponer el cese del Vicepresidente y de los Consejeros en funciones y nombrar a los componentes del nuevo Gobierno de Aragón.

Las modificaciones de la estructura del órgano de gobierno afectan únicamente al anterior Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, cuya titularidad es separada de la de la Vicepresidencia, que sigue ostentando JoséÁngel Biel –centrado ahora sobre todo en su función política, al desprenderse de casi todas las responsabilidades de la gestión administrativa, salvo las correspondientes al Desarrollo Estatutario y las propias de la Secretaría General Técnica, a la que queda adscrita la elaboración y edición del BOA–, y cuyas competencias son repartidas entre dos Departamentos de nueva creación, que reemplazan a aquél: el de Presidencia –que estrena también otras, como las de Participación Ciudadana y

El actual Gobierno de Aragón (septiembre 2009), presidido por Marcelino Iglesias Ricou.

de Acción Exterior, además de recuperar de Economía las de Función Pública– y para el que es designado el socialista Javier Velasco, y el de Política Territorial, Justicia e Interior, que corresponde a Rogelio Silva, militante del PAR. Los nueve restantes Departamentos conservan su denominación –aun con alguna novedad orgánica interna o redistribución de atribuciones– y seis de ellos también sus respectivos Consejeros titulares: Alberto Larraz en Economía, Hacienda y Empleo, Gonzalo Arguilé en Agricultura y Alimentación, Luisa María Noeno en Salud y Consumo, y Eva Almunia en Educación, Cultura y Deporte, por el PSOE; Arturo Aliaga en Industria, Comercio y Turismo, y Alfredo Boné en Medio Ambiente, por el PAR; los otros nombramientos corresponden a Alfonso Vicente para Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, María Victoria Broto para Ciencia, Tecnología y Universidad, y Ana María Fernández para Servicios Sociales y Familia, todos de la cuota socialista, que es, así, de ocho Consejeros, por tres del PAR, además del Vicepresidente. Unos meses después, celebradas las elecciones generales el 9 de marzo de 2008 con la nueva victoria –aunque menos holgada– del PSOE (y en las que la representación aragonesa se compone de ocho diputados socialistas –absorbiendo el que pierde la CHA– y cinco populares), Eva Almunia es nombrada Secretaria de Estado de Educación, por lo que la sustituye, como Consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, que cesa como Consejera de Ciencia Tecnología y Universidad, cargo para el que se designa a Pilar Ventura –segundo caso de funcionarios propios de la Administración autonómica que acceden a ese rango–, todo lo cual se documenta en los Decretos presidenciales de 15 de abril de 2008, que publica el BOA del día 16. Por otra parte, las Viceconsejerías tienden a extenderse por la mayoría de los Departamentos, y pasan de las tres del anterior Gobierno (cuyos titulares repiten) a las siete del actual; algunas de ellas son específicas para sectores concretos (la ya existente de Turismo y las nuevas de Justicia –José María Bescós– y de Ciencia y Tecnología –Fernando Beltrán–, mientras que las demás repiten íntegro el contenido competencial del correspondiente Departamento (las anteriores de Economía, Hacienda y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte, cuyos titulares se mantienen, y las creadas en Obras Públicas, Urbanismo y Transportes –Carlos Escó–, y en Medio Ambiente –Luis Marruedo–).

La acción política del Ejecutivo se enfoca al desarrollo de las posibilidades abiertas por el renovado Estatuto de Autonomía. El primer año de su mandato, sin embargo, resulta bastante condicionado por la atención a los preparativos de la Exposición Internacional de Zaragoza, que, concebida como un Foro mundial del Agua –la ExpoAgua –, se celebrará desde mediados de junio a mediados de septiembre de 2008, acontecimiento que concitará la afluencia de todas las primeras autoridades españolas, de muchos dignatarios de los países participantes y de numerosas personalidades de variados campos de la actividad humana, que exigirán la atención permanente del Gobierno aragonés y un riguroso protocolo, y ello además del montaje del pabellón autonómico, de la planificación de las actividades científicas, culturales, sociales o festivas y de la comunicación permanente con las entidades estatales y municipales para que las obras del propio recinto –en el mean dro de Ranillas en el Ebro– y las de acondicionamiento de la ciudad –riberas, viales, puentes, barrios…– puedan estar terminadas en la fecha de inauguración. Por eso, la actividad legislativa durante el segundo semestre de 2007 y el primero de 2008 es relativamente escasa, y de ella se pueden señalar la Ley 7/2007, que modifica la de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua; la 1/2008, de medidas urgentes para la adaptación del Ordenamiento Urbanístico a la Ley (estatal) 8/2007, de Suelo (no habiendo sido convalidado por las Cortes de Aragón el Decreto-ley 2/2007, dictado con la misma finalidad); la Ley 2/2008, de Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma (que aprueba la anterior creación de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.); la Ley 3/2008, por la que se concede un aval a la entidad Expoagua Zaragoza 2008 (de treinta y dos millones de euros, para garantía del préstamo mercantil concedido por el Instituto de Crédito Oficial para la financiación de la Exposición Internacional); y la Ley 4/20089, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo; además del Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre los impuestos medioambientales.El último día del año 2007, el BOA publica el Real Decreto 1702/2007, de traspaso de bienes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, transferencia largamente negociada y que presenta algunas características especiales, derivadas de la naturaleza de la función jurisdiccional a la que los medios afectados prestan soporte burocrático y que se mantiene como Poder estatal independiente e indiviso pese a la regionalización de su estructura y el cambio de titularidad de su organización administrativa, y derivadas también de la insuficiencia de aquéllos, de la inadecuación de muchas de sus instalaciones y equipamientos, de la tradicional lentitud de las inversiones, etc. Al asumir esta competencia, la Comunidad Autónoma cierra prácticamente el bloque de las que le correspondían antes de la reforma del Estatuto, y deberá encarar un nuevo proceso de negociaciones para el traspaso de las funciones, servicios y recursos de las adicionadas.

Junto a ello, las preocupaciones fundamentales de las instituciones aragonesas se van haciendo crónicas en temas tales como la financiación autonómica y local, las comunicaciones transpirenaicas y otras infraestructuras viarias, la siempre latente amenaza de los trasvases, los regadíos, el peligro de deslocalización de factorías de las grandes industrias multinacionales, la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, la calidad de los servicios públicos y su extensión a todo el territorio, la inmigración, el envejecimiento de la población, la dispersión demográfica y la desertización de amplias zonas, la ordenación del territorio y el desarrollo socioeconómico de las zonas del montaña del Pirineo y del Sistema Ibérico sin perjuicio de la protección medioambiental, la devolución de los bienes artísticos de las parroquias aragonesas, el tratamiento legislativo de las modalidades lingüísticas…

En el BOA de 21 de abril de 2008 se publica el Decreto 61/2008, de 15 de abril, por el que se regula el “Boletín Oficial de Aragón”. Esta nueva regulación se dicta en ejercicio de la competencia para la ordenación de la publicación de las disposiciones y actos administrativos que deban insertarse en el “Boletín Oficial de Aragón” que el Decreto 212/2007, de estructura orgánica de la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón atribuye a ésta. Comienza afirmando que el Boletín es el diario oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el que se hacen públicos los documentos que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y en virtud de los principios constitucionales de publicidad de las normas y de seguridad jurídica, deben ser objeto de publicidad oficial; así como que es un servicio público de acceso universal y gratuito y que se garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder gratuitamente a los documentos que se publican en el mismo y a una base de datos que facilita su consulta. Añade que se publicará todos los días del año, salvo los sábados, domingos y festivos de ámbito nacional o autonómico, aunque, excepcionalmente, atendiendo a necesidades apreciadas por el Vicepresidente del Gobierno podrá publicarse el “Boletín Oficial de Aragón” cualquier día del año”. Lo más innovador es que se publica en edición electrónica y se difunde a través de la sede electrónica www.aragon.es , que los documentos así publicados tienen la consideración de oficiales y auténticos, que las ediciones o reproducciones en soportes físicos derivan de la edición electrónica, que es la garante de la autenticidad y la validez jurídica de la publicación, que la edición electrónica permitirá efectuar, de forma gratuita y en cualquier momento, la consulta del contenido del diario oficial y la impresión de copias simples y que, no obstante, el Boletín se podrá difundir en otros formatos físicos y en cualquier soporte informático que permita su mayor conocimiento, que la Vicepresidencia podrá autorizar la edición de copias en soporte papel, con carácter oficial, en el caso de incidencias técnicas de carácter grave que afecten al funcionamiento general del Portal de Servicios del Gobierno de Aragón e impidan el acceso telemático a la edición electrónica del “Boletín Oficial de Aragón” o la acreditación de la integridad y autenticidad de los documentos, y que el Gobierno de Aragón facilitará gratuitamente copias del “Boletín Oficial de Aragón” en soporte papel a aquellos ciudadanos o entidades que justifiquen no disponer de acceso a la edición electrónica en su lugar de residencia. De todas maneras, existirá, obtenida de la electrónica, una edición impresa con idénticas características y contenido, con las finalidades de asegurar su publicación cuando por motivos de carácter técnico no resulte posible acceder a la edición electrónica y de garantizar la conservación y permanencia del Boletín Oficial y su continuidad como patrimonio documental impreso de la Administración de la Comunidad Autónoma, para lo cual esa edición impresa comprenderá los ejemplares necesarios para asegurar la conservación y custodia de al menos tres ejemplares del Boletín Oficial así como los que se determine en la normativa que regula el depósito legal.

A continuación, el Decreto regula minuciosamente los documentos que componen el contenido del BOA, las características de éste (numeración anual, formato de la cabecera, paginación y sumario), su estructura en Secciones, la determinación de los órganos competentes (para autorizar las inserciones y para la ordenación y tramitación de los documentos a efectos de su publicación, la publicación y difusión, el soporte técnico y el registro y supervisión), la regulación del procedimiento de inserción de los documentos, las instrucciones para las suscripciones, la consulta electrónica y la venta y franqueo de ejemplares en formato papel, así como para la publicación de anuncios y la fijación de la tasa por inserción de los no oficiales. Adicionalmente se dispone –otra vez– la inclusión de los Boletines Oficiales de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza en sendas Secciones específicas de la edición electrónica, aunque continuarán rigiéndose por su propia normativa, correspondiendo el carácter oficial y auténtico a su edición original, por lo que su publicación en la edición digital del BOA lo será a efectos de facilitar su acceso y consulta. Se deroga el Decreto 45/1983, que contenía la anterior regulación, se faculta al Vicepresidente para dictar las disposiciones de desarrollo necesarias y se establece la entrada en vigor el 1 de mayo de 2008.

En cumplimiento de esta disposición final, y dada la festividad del primero de mayo, el día 2 de ese mes de 2008 aparece el B0A número 50 del año XXVII como el primero de la edición ya exclusivamente electrónica (salvo los previstos ejemplares en papel de salvaguarda) y, a partir de ese momento, de periodicidad diaria (excepto sábados, domingos y festivos como regla general). Al mismo tiempo se innova la presentación visual del Boletín, de cuyas páginas se suprime la veterana distribución en dos columnas y en cuyo encabezamiento el escudo de Aragón aparece a todo color; una coloración azulgrisácea se utiliza también como fondo de los títulos de las secciones y para los nombres de los órganos y entidades y emisores de los documentos publicados, con todo lo cual la imagen del BOA resulta atractiva en la pantalla.

A falta sólo de regular (como está previsto en el Decreto) el procedimiento de remisión telemática de las disposiciones y actos administrativos que deban publicarse en el “Boletín Oficial de Aragón” , en cuya regulación podrán preverse distintas etapas hasta llegar a la sustitución de documentos en soporte papel por documentos electrónicos, una vez que puedan garantizarse técnicamente su autenticidad y la competencia de la autoridad que ordene la inserción –por medio de la firma electrónica–, lo cierto es que el Boletín ha entrado en un nuevo ciclo de su propia evolución, unos días tan sólo después de que se cumplieran los treinta años de la aparición del primer número del órgano oficial testigo de la historia contemporánea del autogobierno de Aragón.

Anexos

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Junto a ello, la consulta de las colecciones del “Boletín Oficial de la Diputación General de Aragón” (de 1978 a 1982) y del “Boletín Oficial de Aragón” (de 1982 en adelante), y también la de las hemerotecas de la prensa diaria de ámbito regional: “Heraldo de Aragón”, sobre todo, pero también “El Día” (ya desaparecido) y El Periódico.

Presidentes de Aragón.
José María Hernández de la Torre y García, Gaspar Castellano y de Gastón,
Juan Antonio Bolea Foradada, Juan Antonio de Andrés Rodríguez, Ramón Tejedor Sanz,
Hipólito Gómez de las Roces, José Marco Berges, Marcelino Iglesias Ricou,
Santiago Lanzuela Marina, Emilio Eiroa García y Santiago Marraco Solana.

Notas

[1]. En los números 23 y 24 (27 de octubre y 4 de noviembre, respectivamente) se publica, partido, el Real Decreto 2501/1983, de traspaso de funciones y servicios en materia de Vivienda Rural; y en el número 25 (25 de noviembre), el 2804/1983, de traspaso en materia de Turismo. En el número 27 (9 de diciembre) se recogen el Real Decreto 2884/1983, de 28 de septiembre, por el que se crea la Sociedad de Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y también los de valoración definitiva y ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados en materia de Ferias Interiores y Comercio Interior (R.D. 2938/1983) y de traspaso de funciones y servicios en materia de Intervención de Precios (R.D. 2939/1983), a los que se añaden, en el número 28 (17 de diciembre) el de traspaso en materia de Cultura (R.D. 3065/1983) y en el número 30 (30 de diciembre) el de valoración definitiva, ampliación de medios y adaptación de lo transferido en la etapa preautonómica en materia de Transportes Terrestres (R.D. 3068/1983).

[2] . Sucesivamente aparecen los Reales Decretos de traspasos en materia de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (3316/1983, en el número 2, de 23 de enero), de Disciplina del Mercado (3395/1983, en el número 4, de 21 de febrero), de Protección a la Mujer (3407/1983) y de Investigaciones Agrarias (3414/1983, con el anterior en el número 5, de 24 de febrero), de Medio Ambiente (3504/1983, en el número 7, de 9 de marzo), de Guarderías Infantiles Laborales (533/1984, en el número 11, de 4 de abril), de Patrimonio Arquitectónico, Control de la Calidad de la Edificación y Vivienda (669/1984, en el número 15, de 18 de abril), de Carreteras (718/1984, en el número 16, de 7 de mayo), de Denominaciones de Origen (768/1984) y de Pequeña y Mediana Empresa Industrial (842/1984, con el anterior en el número 17, de 19 de mayo), de Protección de Menores (1070/1984, en el número 21, de 19 de junio), de Conservación de la Naturaleza (1410/1984, en el número 30, de 23 de agosto), de Abastecimientos, Encauzamientos y Defensa de Márgenes de Ríos (1598/1984, en el número 33, de 21 de septiembre), de servicios del Estado en relación con los tributos cedidos, asesoramiento jurídico, defensa en juicio y fiscalización-intervención (2134/1984, en el número 44, de 6 de diciembre) y de Centros de Selección y Reproducción Animal (2096/1984, en el número 47, de 20 de diciembre), de Semillas y Plantas de Vivero (269/1985, en el número 16, de 16 de marzo) y de Laboratorios Agrarios y de Sanidad y Producción Animal (3025/1985, en el número 22, de 9 de abril); a los que deben sumarse los numerosos sobre valoración definitiva y ampliación de medios: en materia de Administración Local (3317/1983, en el número 2, de 23 de enero), de Industria, Energía y Minas (534/1984, en el número 12, de 9 de abril), de Sanidad (en el número 14, de 16 de abril), de Asistencia y Servicios Sociales (851/1984, en el número 18, de 24 de mayo), de Agricultura (870/1984) y de Tiempo Libre (917/1984, en el número 19, de 30 de mayo), de Urbanismo (2007/1984, en el número 46, de 18 de diciembre), de Reforma y Desarrollo Agrario (643/1985, en el número 40, de 24 de mayo), Sanidad (1781/1985, en el número 82, de 15 de octubre), Protección de Menores (2051/1985, en el número 101, de 1 de noviembre), Cultura (2765/1986, en el número 14, de 6 de febrero de 1987) y Patrimonio Arquitectónico, Control de la Calidad de la Edificación y Vivienda (1027/1987).

[3]. El Decreto 77/1983 creó el Consejo Agrario de Aragón; el 88/1983, el Consejo Asesor de Investigación, y el 5/1884 el Consejo de Patrimonio Cultural; el 93/1983 reguló las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Cajas de Ahorro; el 6/1984 instituyó el Premio “Aragón” a las Artes y las Letras, que seria modificado por el 31/1986, para incluir las Ciencias Sociales y Humanas y la Investigación Científica y Técnica; el 11/1984 determinó las funciones de los Secretarios Generales de los Departamentos; el 16/1984 creó y regulo la organización y funcionamiento de las Delegaciones Territoriales de la Diputación General de Aragón en las provincias de Huesca y Teruel, y el 17/1984 reguló la composición de las Comisiones Provinciales de Urbanismo; el 24/1984 creó y reguló la composición y funciones de la Comisión Asesora sobre Derecho Civil Aragonés; el 48/1984 hizo público el modelo oficial del Escudo de Aragón y estableció las normas precisas sobre confección y características materiales de la Bandera de Aragón; el 50/1984 creó la Comisión de Inversiones Públicas; el 57/1984 reguló el uso de la Bandera y el Escudo de Aragón como distintivo de productos y mercancías; el 68/1984 creó y regulo la composición y funciones del Instituto Tecnológico de Aragón; el 75/1984 creó las Oficinas del Consumidor; el 104/1985 reguló la Inspección de Servicios, el 105/1985 creó la Comisión de Racionalización Administrativa y el 106/1985 ordenó los Gabinetes de los Consejeros; el 26/1986 aprobó la primera Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma (a raíz de la Ley 1/1986, que creaba y ordenaba su propia Función Pública), y sería inmediatamente seguida (en marzo del mismo año) por las convocatorias de las primeras oposiciones; el 25/1987 reguló la concesión de ayudas para el fomento de las Mancomunidades intermunicipales…

[4]. En torno a otras cuestiones, pueden mencionarse los Decretos 16/1988, relativo a la redacción del Programa Económico de Aragón para el cuatrienio 1988-1991; 40/1988, por el que se instituyen y convocan los Premios de Periodismo San Jorge; 85/1988, sobre Fomento del Empleo; 184/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Agencias de Viaje; también los Decretos por los que se crean, respectivamente, la Comisión Técnica de Coordinación para la recuperación y revitalización del Camino de Santiago (96/1988), la Comisión de Protección Civil (12/1989), el Instituto Aragonés de Medio Ambiente (128/1989) y la Comisión Regional de Seguridad Minera (133/1989); y un  paquete de medidasdestinadas a combatir los efectos del minifundismo administrativo de buena parte de la Administración Local del territorio aragonés: 81, 82 y 83/1988, por los que se regulan el régimen de ayudas para el fomento de la reestructuración municipal mediante incorporaciones y fusiones de municipios, para obras y servicios de interés supramunicipal y comarcal promovidas por Ayuntamientos y para el fomento de Mancomunidades intermunicipales, así como los Decretos 93 y 94/1991, que, en aplicación de lo previsto en la Ley 4/1987, de Ordenación de la Acción Social, acordaban la transferencia de  las competencias anteriormente ejercidas por las Diputaciones Provinciales en materia de asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario, y concretamente las de Teruel y Huesca, respectivamente, a la Comunidad Autónoma, cuya Administración asumía tales funciones y servicios, con los centros sociales correspondientes, para una gestión más coordinada y eficiente.

[5]. Los Decretos 124 y 125/1991, por los que se regulan, respectivamente, las Unidades de Apoyo al Presidencia y los Gabinetes de los Consejeros; 209/1991, por el que se crean el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio; 38/1992, por el que se regulan las Publi</p>caciones de la Diputación General de Aragón; 65/1992, regulador de la Inspección General de Servicios; 66/1992, por el que se crea la Comisión de Ordenación y Racionalización Administrativa; 172/1992, por el que se reglamentan la Provisión de Puestos de Trabajo, la Carrera Administrativa y la Promoción Profesional de los Funcionarios; 173/1992, por el que se crea la Gerencia de Programación del Espacio Pignatelli; 26/1993, por el que se crea el Museo Aragonés de Arte Contemporáneo; 42/1993, por el que se establece el procedimiento de constitución y funcionamiento del Consejo de Patrimonio Agrario… son las principales muestras del uso de la potestad reglamentaria por parte de la Diputación General en este tiempo; y deben reseñarse, también, los Decretos dedicados a desarrollar algunos de los aspectos de la Ley de Coordinación de las Policías Locales: 215/1991, por el que se crea el Registro; 222/1991, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización, pronto modificado por el Decreto 12/1992; y 121/1992, por el que se regula la Uniformidad.

[6].  Por medio de Decretos, se aprobaron numerosos reglamentos normativos (15/1997 sobre régimen concesional del servicio público de Radiodifusión Sonora, 68/1997 sobre Actividades Juveniles de Tiempo Libre, 69/1997 sobre Viviendas de Turismo Rural, 77/1997 sobre el Código de Buenas Prácticas Agrarias, 187/1997 sobre el Visado de Publicidad Médico-sanitaria) y de concesión de subvenciones y ayudas públicas para el fomento de muchas y muy variadas actividades, y fueron creados el Instituto Aragonés del Arte y la Cultura Contemporáneos “Pablo Serrano” (218/1995, éste todavía del Gobierno anterior, pero publicado en el BOA ya en la nueva legislatura), el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo (180/1996), el Centro Aragonés de Diseño Industrial (36/1997) y los Registros de Fundaciones (276/1995) y de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (38/1997); se regulan la subvención garantizada del Fondo Autonómico de Inversiones Municipales (2/1997), el Plan de Formación e Inserción Profesional (4/1999) y, en clave de organización interna, la organización, funcionamiento y competencias de la Inspección General de Servicios (277/1995) y la composición y funciones de la Comisión de Suministros Centralizados (278/1995); también el funcionamiento de las Oficinas Comarcales Agroambientales (71/1977), en las que se agrupan los diversos servicios relativos a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de protección ecológica del medio ambiente distribuidos por el territorio, con objeto de adaptar la organización administrativa del ámbito rural al proyectado esquema comarcal; por su parte, un Decreto presidencial de 22 de octubre de 1997 regula, a su vez, la organización, funciones y competencias de los órganos de asistencia inmediata a la Presidencia del Gobierno.

[7].  Por indicar algunos, pueden destacarse, en orden cronológico (y al margen de los ya mencionados), el que regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro Administrativo de Parejas Estables No Casadas (203/1999), los que crean la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial (101/1999), el Consejo Aragonés de Formación Profesional (234/1999) y la Comisión de Comunicación Institucional (161/2000), el de Subvenciones y Ayudas con cargo al Fondo Local de Aragón (210/2000, modificado parcialmente por el Decreto 90/2001), el que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (28/2001), el de modificación del 14/1998, regulador de los honores y distinciones (36/2001); el que regula el potencial de producción vinícola (37/2001), el que aprueba el Reglamento de las Oficinas de Farmacia y Botiquines (38/2001), el que crea el Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza (39/2001), el que regula la tramitación de sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de los servicios públicos (91/2001), el que crea la Comisión Interdepartamental para la Inmigración y el Foro de la Inmigración (113/2001), el que constituye la fecha del 8 de enero como Día de las Letras Aragonesas (254/2001), el que crea la empresa “Aramón, Montañas de Aragón, S.A.”, de capital mixto, para el fomento y desarrollo del turismo de nieve (291/2001); el que autoriza la constitución de la Fundación “Gran Teatro Fleta”, para la restauración y conservación del emblemático edificio con vistas a su futura explotación para actividades musicales de alto nivel (298/2001); el que regula el Portal de Servicios del Gobierno de Aragón en la red Internet (325/202), el que suspende la aprobación de nuevos Parques Eólicos Estratégicos (348/2002), el que regula las competencias, organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración autonómica (349/202); el que aprueba el Reglamento de Apuestas Deportivas o de Competición (364/2002); el que crea el ComitéÉtico de Investigación Clínica (26/2003); el que regula el Centro Aragonés de Diseño Industrial CADI (27/2003); el que crea la Comisión Técnica Interdepartamental para el desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (50/2003)… Dos relacionados con la gestión económica y contable del sector público: el que regula el sistema de información de la contabilidad de la Administración, de los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma (22/2003) y el que aprueba el Reglamento que desarrollo de su actividad económica y financiera (23/2003). Y algunos dedicados a la Administración Local, en desarrollo de la Ley 7/1999: los que aprueban el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales (346/2002) y el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales (347/2002); o en relación con el proceso comarcalizador: el que crea el Consejo de Cooperación Comarcal (345/2002) y el que aprueba los criterios técnicos básicos para la adopción de Escudos y Banderas por las Comarcas (355/2002); relacionado en cierta manera con éstos, debe mencionarse también el Decreto 74/2000, de reorganización de la Administración Periférica de la Comunidad Autónoma, constituida por las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca y Teruel (al mismo tiempo reorganizadas internamente por el Decreto 75/2000) y los Servicios Provinciales de los Departamentos, órganos a los que ahora se añadirían las Oficinas Delegadas (que se irían abriendo en localidades importantes de cada provincia –Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Jaca, Barbastro, Fraga, Alcañiz, Calamocha…–, y de las que pasaban a depender, como todos los servicios geográficamente dispersos, las anteriormente creadas Oficinas Comarcales Agroambientales), todo ello para adaptar la estructura territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma a la inminente constitución de las Comarcas.

[8].  Un buen puñado de ellos corresponde a nombramientos y ceses de cargos de distinto rango de la Administración autonómica y de sus entidades dependientes y a otros actos relacionados con la gestión de personal, y muchos de los restantes tienen relación con las cuestiones organizativas y funcionales: desarrollo de la estructura orgánica básica (137/2003), y de la de cada uno de los Departamentos (varios Decretos), creación y regulación de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (239/2003) y de la Comisión de Contratación Centralizada (285/2003), régimen del Registro General del Juego (3/2004), regulación de la Comisión de Coordinación Administrativa (35/2004), organización y funcionamiento del Sector Sanitario en el Sistema de Salud de Aragón (4172005), creación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y aprobación de su Reglamento (81/2006), creación del Registro Público de Contratos y del Registro de Licitadores y aprobación de su Reglamento (82/2006)… y es muy interesante, en este aspecto, por lo que tiene de imagen renovadora de los tradicionales sistemas de trabajo de la burocracia funcionarial, el Decreto 129/2006, por el que se regulan las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con su personal mediante el uso de redes telemáticas y se crea el Directorio Electrónico Único.

Son una plétora los destinados a reglamentar los más variados campos de la actividad social sometidos a la intervención administrativa, y de ellos pueden ser –entre otros muchos– ejemplos significativos los Decretos que aprueban los reglamentos de Carreteras (206/2003), Servicios de Farmacia Hospitalaria y Depósito de Medicamentos (286/2003), Juegos Recreativos sin Premio (2/2004), Vertidos de Aguas Residuales a las Redes Municipales de Alcantarillado (38/2004), Alojamientos Turísticos al Aire Libre (125/2004), Espectáculos Taurinos (223/2004), Manipuladores de Alimentos (81/2005), Procedimiento Administrativo Previo a la Adopción Nacional e Internacional de Menores (188/2005), Producción, Posesión y Gestión de Residuos Peligrosos (263/2005)… También los que establecen normas de carácter técnico para las Instalaciones Eléctricas Aéreas con objeto de proteger la Avifauna (34/2005) o sobre el Deporte de Nivel Cualificado (227/2005), los que regulan la autorización de la Publicidad Sanitaria (240/2005), la Red de Hospederías de Aragón (294/2005) o las Declaraciones de Interés Turístico (295/2005), y los que aprueban la Revisión el Plan General para el Equipamiento Comercial (171/2005), el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales en Grandes Superficies (172/2005) o las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés (291/2005). En relación con la Administración Local aragonesa, cabe mencionar el que fija las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al Fondo Local de Aragón (199/2006) y el que, en cumplimiento de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, procede a la segregación de la parte del término municipal de Zaragoza correspondiente al núcleo de Villamayor, que se convierte en el municipio número 731 de la Comunidad Autónoma (20/2006). Y merece citarse, por su impacto social, el que establece ayudas sociales, de carácter extraordinario, a favor de los pensionistas por jubilación e invalidez, en sus modalidades no contributivas, y de los beneficiarios de pensiones asistenciales de ancianidad y enfermedad (28/2006).

[9].   El artículo 45 del nuevo Estatuto de Autonomía reproduce, en su artículo 45, ahora bajo la rúbrica Promulgación y publicación de las leyes, el mismo texto que en las versiones anteriores: Las leyes aragonesas serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente, que ordenará su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón” y en el “Boletín Oficial del Estado”, en un plazo no superior a quince días desde su aprobación. A efectos de su vigencia, regirá la fecha de publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Table of Contents

Aragón, treinta años.

La Comunidad Autónoma en su Boletín Oficial

Presentación

Antes

La preautonomía (1978-1982)

La transición estatutaria (1982-1983)

La primera legislatura (1983-1987)

La segunda legislatura (1987-1991)

La tercera legislatura (1991-1995)

La cuarta legislatura (1995-1999)

La quinta legislatura (1999-2003)

La sexta legislatura (2003-2007)

Y después…

Anexos

Bibliografía

Notas