263 EL CICLO URBANO DEL AGUA: Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración, Tres responsabilidades municipales miento, en lo que se refiere a suficiencia y regularidad del suminis- tro, para usos normales (norma 1)49. La acometida es la tubería que une la instalación interior del in- mueble con la tubería de la red de distribución. Atraviesa el muro de cerramiento del edificio por un orificio practicado por el abo- nado. Su instalación corre de cuenta del suministrador90. Para re- gular el uso del agua a través de la acometida es conveniente la existencia de una "llave de toma" que, ubicada sobre la tubería de la red de distribución, abra el paso a la acometida. Sobre la acome- tida debe situarse la "llave de registro", inmediatamente antes de la vivienda particular. Ambos elementos sólo pueden ser maniobra- dos por el suministrador o persona autorizada, sin que los abona- dos, propietarios o terceros puedan manipularlos5l. La obligación Exactamente, estos mismos elementos son los que fija la Orden canaria de 12 de abril de 1996 (instrucción 1). A juicio del Tribunal Supremo, manifestado en su Sentencia de 30 de abril de 1993 (Ar 2712), el coste de la acometida se subsume en el precio del agua. Esta afirmación es im- portante porque en el sistema diseñado por la Orden de 1975 no cabe repercutir sobre el parti- cular el importe de la instalación de este elemento. Lo más discutible de esta regulación es que se incluya dentro de las instalaciones interiores de agua potable la regulación pormenorizada de un elemento, la acometida, que se ubica, generalmente, en dominio público y que afecta a la red municipal de distribución. Se trata de un elemento que quizás exceda de lo que es una instalación interior y cuya regulación podría dejarse en manos municipales por su incidencia sobre la red general de distribución. De esta opinión parece ser Belenguer Mula, Los derechos de acometida, en REAL A, ri 273, 1997, p. 195, pues considera que caben Ordenanzas municipales que regulen de forma diferente a como lo hace la Orden Ministerial de 1975 el reparto de costes en la acometida. De esta manera, podría corresponder a cada Corporación municipal fijar los elementos de la acometida, su trazado, y sobre todo, determinar a quién incumbe instalarla o quién debe correr con su coste. Así, frente al criterio de la Orden Ministerial de imputar al suministrador tanto la instalación como su coste, al quedar éste subsumido en el precio del agua, cada Ayun- tamiento tendría libertad para imputar esta carga bien al suministrador, bien al propietario. Asimismo, si correspondiera al suministrador, podría autorizarse el cobro de una tarifa por su instalación. El supuesto más problemático sería aquél en virtud del cual fuera el ciudadano el obligado a instalar su propia acometida. En estos casos, un particular estaría actuando sobre un bien de dominio público, los viales, y manipulando la propia red municipal de distribución. A su vez, si no se impone una cesión obligatoria de los elementos de la acometida a la Admi- nistración, o al gestor indirecto, el particular seguiría manteniendo la propiedad y, por tanto, debería responder de su cuidado y conservación, así como de las fugas que se produjeran. Esto