26 LA AGIONOAIIA DE ARAGÓN: TRAYECTORIA Y POLÍTICAS dad (artículo 1.1). Sin embargo, la moderación que acompañó a la redacción del texto definitivo llevó a que en el mismo precepto se insistiera en la vincu- lación aragonesa a la Constitución. En idéntica línea, cabe recordar cómo las poco comprometidas referencias de la redacción original del Estatuto a «las diversas modalidades lingüísticas de Aragón», que eran protegidas como ele- mentos del patrimonio cultural, dieron paso a la protección de las «lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón» (artículo 7). Aunque también en materia lingüística se evitó dar el paso de la cooficialidad, limitando el derecho de los hablantes a las zonas de uso predominante de cada lengua. Otro conjunto de reformas se refirió ai_ robustecimiento del sistema de gobierno parlamentario, regulando la cuestión de confianza y la facultad presi- dencial de disolver anticipadamente las Cortes de Aragón (artículo 23). Con- forme a la idea de levantar límites al poder autonómico, se evitó circunscribir la duración de los períodos de sesiones parlamentarias (artículo 14.8), se eli- minó la referencia al número máximo de diez consejeros con responsabilidad ejecutiva (artículo 24.2) y se levantó la reserva a funcionarios de las direcciones generales (derogación del antiguo artículo 44.4). Las competencias autonómicas no experimentaron grandes variaciones, aun- que cabe observar una clara tendencia a incrementar el número y el alcance de las llamadas competencias exclusivas (artículo 35). Podría destacarse el asenta- miento de las competencias sanitarias y educativas y la participación autonó- mica en la fijación de las demarcaciones notariales y registrales. No prosperó, en cambio, el intento de atribuir a la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación penitenciaria. Tampoco la idea de crear una policía propia, aunque se previó la posibilidad de «convenir con el Estado la adscripción de una uni- dad del Cuerpo Nacional de Policía» (artículo 38). Entre los elementos rechaza- dos, debe también señalarse el relativo al convenio fiscal entre el Estado y la Comunidad Autónoma para regular las relaciones fiscales y financieras; la reforma únicamente previó un acuerdo sobre la participación de la Comunidad Autónoma en los ingresos estatales (artículos 48 y 49). En todo caso, la bonanza política de la IV Legislatura de la Comunidad Autó- noma se advertía incluso en la cercanía de las elecciones autonómicas de 1999. Así, en el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de 1998, el pre- sidente Lanzuela (PP) se permitía destacar la «situación de gran estabilidad polí- tica, económica y social» de la Comunidad Autónoma, que permitiría avanzar en el objetivo de «modernización de las estructuras públicas y privadas», llegando