364 EL DERECHO DEL TURISMO EN EL ESTADO AUTONÓMICO poderes públicos para el logro de determinados objetivos o la satisfacción de fina- lidades constitucionalmente queridas, a saber: garantizar el descanso necesario mediante la limitación de la jornada labo- ral y las vacaciones periódicas retribuidas (art. 40.2); mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudada- nos (art. 41); facilitar la adecuada utilización del ocio (art. 43.3); tutelar el acceso a la cultura (art. 44); — velar por la utilización racional de todos los recursos públicos con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente (art. 45.2), el cual se configura en el art. 45.1 con carácter ambivalente en cuanto "derecho" a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la per- sona y en cuanto deber de conservarlo; conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46); — promover el bienestar de la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atienda, entre otros, sus problemas específicos de ocio (art. 50). Es sabido que se acaba de aludir a algunos de los principios rectores de la polí- tica social y económica contenidos en el Capítulo Tercero del Título Primero de la Constitución, a los que también se ha denominado en ocasiones derechos de ter- cera generación o derechos "debilitados". Tales calificaciones vienen a significar que no constituyen verdaderos derechos públicos subjetivos invocables desde la propia regulación constitucional, sino que sólo pueden serlo al adquirir el conte- nido cierto y las formas de ejercicio y de protección que les reconozca la concreta regulación legal. En cualquier caso, no dejan de ser "obligatorios" para los poderes públicos en la medida en que, según el art. 53 de la Constitución, han de informar positiva- mente su actuación, deben ser tenidos en cuenta, axiológicamente, como funda- mento de la misma y, por lo tanto, pueden desempeñar la función de principios generales o principios interpretativos de la legalidad y de la práctica administrati- va. Por consiguiente, desde este punto de vista, contribuyen a configurar la dimen- sión constitucional del turismo, por encima de la mera literalidad de los términos del reparto competencial, ya que algunas normas de ordenación legal de usos turísticos se encarnarán directamente o se orientarán en estos compromisos de rango constitucional. Y, entre ellos, resulta innegable que los atinentes al medio ambiente han alcanzado un desarrollo espectacular en estos años de vigencia del texto constitucional.