62 

EVA SÁENZ ROYO 

a un debate entre constitucionalistas de gran calado teórico-práctico. Entre 
otras cosas, se ha discutido el contenido de algunos derechos, afirmando, por 
ejemplo, que no disfrutan del consenso político necesario para incluirse en un 
Estatuto de Autonomía e imponerse, en consecuencia, a las mayorías parlamentarias; 
se ha cuestionado la sistemática empleada de estos nuevos títulos 
estatutarios o la técnica legislativa empleada en la redacción. En las páginas 
que siguen analizaremos cada uno de estos aspectos respecto al nuevo título 
incluido en el EAr, pero previamente permítaseme hacer alusión, aunque brevemente, 
a una discusión más de fondo en la que se ha cuestionado la misma 
legitimidad constitucional de introducir derechos en los Estatutos. 

En los inicios de la discusión político-jurídica se alegó que la incorporación 
de toda una carta de derechos en los Estatutos suponía una vulneración del 
principio constitucional de igualdad de los españoles, concretado en los arts. 
139.1 y 149.1.1 de la Constitución. Creo, no obstante, que este argumento puede 
ser rechazado in limine. Ha sido práctica habitual y admitida jurisprudencial - 
mente (entre otras muchas, SsTC 37/ 1981, de 16 de noviembre; 137/ 1986, de 
6 de noviembre; 341/2005, de 21 de diciembre; 135/2006, de 29 de abril; 
247/2007, de 12 de diciembre, FFJJ 4 y 13; 31/2010, de 28 de junio, FJ 16) la regulación 
por el legislador autonómico, en el ámbito de sus competencias, de 
derechos fundamentales y, por tanto, aceptada, como consustancial a la descentralización 
política, una cierta desigualdad de los españoles en materia de 
derechos. 

No puede alegarse el art. 139.1 CE, ya que el mismo, tal y como interpretara 
Ignacio de Otto (OTTO Y PARDO, 1983, pp. 58-59) o apunta la STC 
247/2007, «encuentra virtualidad y proyección en el territorio de cada una de 
las Comunidades Autónomas» (FJ 14) y por tanto estaría dirigido a asegurar 
una posición igual de todos los españoles ante cada ordenamiento autonómico. 


Tampoco cabría alegar el art. 149.1.1 CE, ya que la regulación autonómica 
de derechos, en el marco de sus competencias, en nada obstaculiza el ejercicio 
de la competencia estatal descrita en el mismo. Según la jurisprudencia constitucional 
(SsTC 61/ 1997, 173/ 1998, 54/2002, 109/2003, 178/2004), el artículo 
149.1.1 CE se interpreta como un título competendal del Estado de carácter 
potestativo, y como tal, no constituiría un límite autónomo a las potestades 
normativas autonómicas. 

Dando un paso más, habría que señalar que si estos artículos no impiden 
al legislador autonómico regular sobre derechos, tampoco pueden impedirlo 
al legislador estatutario, por mucho que sea éste el mismo Estado. En contra 
de los argumentos utilizados por los Votos Particulares a la STC 247/2007, 
creo que no hay suficiente fundamento jurídico para variar la interpretación 
de dichos artículos en función de si es el legislador autonómico o el estatuía-